CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El PRI es un nido de corrupción. Lo habitan al menos 900 corruptos. La cifra es de Enrique Ochoa Reza, su gesticulador presidente, cuando asegura que 99.99% de los nueve millones de militantes priistas son honestos. Es más creíble que sea al revés tomando en cuenta la rapiña en la historia casi centenaria de este partido.
Pero en el periodo reciente, Enrique Peña Nieto es uno de esos 900 corruptos y Ochoa Reza es otro si, como define la Real Academia de la Lengua, la corrupción es “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.
Sólo por la Casa Blanca, Peña encaja en esta sucia práctica y Ochoa Reza, puesto por él en el PRI, también. Y no sólo por la liquidación de 1.2 millones de pesos que cobró tras renunciar voluntariamente como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino porque más de 20 de sus colaboradores cobraron –también de manera irregular– una cantidad superior a los 16 millones de pesos.
Este abuso se llama, simple y llanamente, corrupción. Pero la biografía de Ochoa Reza está asociada a la mentira –juró no ser priista cuando quería ser consejero electoral– y a otros cochupos: Fue clave para la exoneración de Peña en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en marzo de 2011, por la campaña de radio y televisión en el país que violó la Constitución.
La revista Proceso revela en su número 2084 que circula esta semana, los nombres y las cantidades de secretarias, asistentes y asesores de Ochoa Reza que recibieron jugosas liquidaciones de la CFE, pese a que en muchos casos no cumplían siquiera un año de antigüedad, en un proceso claramente deshonesto.
En la lista de beneficiarios se encuentran su secretaria particular, Myrna Yvet Torres Camacho, quien con sólo nueve meses de antigüedad recibió dos liquidaciones por más de dos millones de pesos; la jefa de la oficina, Edith Nájera Andrade, quien cobró un millón 332 mil por dos años y medio de antigüedad, y Claudia Pastor Badilla, jefa jurídica, quien, con dos años y cinco meses en el puesto, obtuvo un millón 108 mil.
Otros fueron Octavio Ernesto Alejo Nava, jefe administrativo, quien trabajó un año, pero recibió una liquidación de 887 mil pesos; el asesor Ángel Artemio Meixueiro González, quien cobró un millón 279 mil por dos años y medio de antigüedad, y el vocero, Jorge Alberto Pérez Zamudio, quien con menos de un año cobró 418 mil 762 pesos.
Con sólo 110 mil pesos más mesurado fue el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, nieto del fundador de ese partido, Plutarco Elías Calles, y responsable de sancionar las conductas de corrupción de sus militantes, una “cruzada” que Ochoa Reza ha emprendido siendo él mismo… un corrupto.
La propia documentación oficial de la CFE acredita cosas chuecas en las decisiones para liquidar a funcionarios y, sobre todo, dejan claro que Ochoa Reza cobró una liquidación que no merecía, porque había trabajado sólo dos años con 155 días.
En efecto, la misma funcionaria que avaló la liquidación de Ochoa Reza, Karime Slim Ruiz, directora del Área de Dictámenes de la CFE, le negó ese beneficio a Francisco Javier García López, un gerente que renunció en marzo y que tenía dos años con 29 días de antigüedad.
Slim Ruiz realizó los trámites para dar de baja a García López, los cuales quedaron plasmados en dos oficios. En el segundo –número 232.1 -KSR- 0847, fechado el 13 de mayo–, planteó: “observándose que por la antigüedad que generó (dos años 29 días), no ha (sic) lugar a la emisión de dictamen alguno, por lo que únicamente se deberá proceder al pago de las prestaciones devengadas a la fecha de su renuncia, misma con la que debe operar su baja”.
Con Ochoa Reza sí procedió el dictamen y, por tanto, Ochoa Reza recibió una liquidación de un millón 206 mil 271 pesos, pese que su situación laboral era idéntica a la de García López.
Y sin embargo, en otra acción totalmente oscura, pese al dictamen para no recibir liquidación, y cinco meses después de haber renunciado voluntariamente, García López recibió su liquidación: Casi un millón de pesos. Hoy acompaña a Ochoa Reza, junto con otros beneficiarios de liquidaciones millonarias, en el PRI…
Apuntes
Tras la publicación la semana pasada, en Proceso, del expediente de investigación de Blueicon y al menos otras 12 empresas vinculadas a un esquema de lavado de dinero producto del narcotráfico en proyectos inmobiliarios de lujo en Puebla, según las investigaciones de la PGR y la SHCP –cuyos principales accionistas son Javier de Lope Francés y Adolfo Ernesto Hernández Martínez–, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Montiel Solana, admitió que nunca indagó la calidad de esos empresarios que construyen la sede de ese organismo, a cambio de regalarles el terreno, e interpretó que la información tiene el objetivo de “golpear” al gobernador Rafael Moreno Valle, el presidenciable expriista.
Se equivoca: Es sólo un asunto de interés público del que él sabe más de lo que dice…
En el Estado de México, donde el próximo año habrá elección de gobernador –junto con Coahuila y Nayarit, así como alcaldías en Veracruz ya con el expriista Miguel Ángel Yunes en el cargo–, el PRI apuesta a arrasar.
En la entidad sede el Grupo Atlacomulco, el más corrupto de México, Peña corrompió a la panista Josefina Vázquez Mota y ahora va por una elección de Estado, cuyas señales se vieron, este fin de semana, con el reparto indiscriminado de credenciales con dinero y despensas a cambio de credenciales de elector, acciones coordinadas por el mismísimo jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, y el gobernador Eruviel Ávila…
Comentarios en Twitter: @alvaro_delgado
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