Para 2012, al final de la elección de Enrique Peña Nieto, el Gobernador César Duarte Jáquez había acumulado ya deuda por 23 mil 284.8 millones de pesos, o un 85.5 por ciento más de la que había recibido en 2010. Aun así, en septiembre de 2013 firmó una “reestructura” que le permitió adquirir “refinanciamiento” por otros 19 mil 725 millones de pesos en 11 préstamos. La diseñadora de tal reestructura fue la empresa Evercore Partners, donde trabajó Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda con Peña Nieto, y propiedad de Pedro Aspe Armella, también ex titular de la dependencia hacendaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– Desde el 5 de septiembre de 2013, el entonces Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, recibió autorización del Congreso local para llevar a cabo una “reestructura” o “refinanciamiento” de la deuda que había acumulado más la que generara hasta el final de ese ejercicio fiscal.
Era su tercer año de Gobierno y, una semana antes, había adquirido un crédito bursátil por 11 mil 999 millones de pesos, la operación más abultada de todas las que aparecen en su reporte de deuda pública hasta diciembre de 2015.
Esta cantidad era adicional a los 23 mil 284 millones en pasivos con los que había cerrado 2012 y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), eran un 85.5 por ciento más que los que había recibido al iniciar su Gobierno.
Pero era también el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien un año antes había ganado la Presidencia de la República en una elección coordinada por su luego Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y apoyada sobre todo por gobernadores priistas como el chihuahuense Duarte.
La decisión tomada entonces para la ya abultada deuda pública formada en Chihuahua fue hacer una “reestructura” o “refinanciamiento” a través de un Fideicomiso Maestro que recibiría miles de millones de pesos de recursos públicos que, a su vez, servirían de garantía de pago de futuros préstamos para el mismo mandatario.
Este esquema de “reestructura” aparece descrito en el decreto 1370 del Gobierno del Estado de Chihuahua, publicado el 5 de septiembre de 2013 y que, pese al ya alto nivel de endeudamiento, autorizó a Duarte desde entonces para recibir préstamos por hasta 30 mil millones de pesos adicionales.
“Se autoriza el Ejecutivo del estado para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, contrate financiamiento a través del crédito público, incluyendo la emisión de valores a ser colocados en el mercado, hasta por un monto de 25 mil millones de pesos”, dice el artículo Segundo del decreto 1370.
“Se autoriza al Ejecutivo para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en su caso, contrate y ejerza financiamiento a través de crédito público (…) en adición a lo establecido en el artículo segundo, hasta por el monto de $5,000’000,000”, agrega el artículo Sexto.
El mismo documento oficial establece que la garantía o fuente de pago de estos nuevos préstamos sería “hasta el cien por ciento” de los recursos que le correspondieran a Chihuahua del Fondo General de Participaciones (FGP) del Ramo 28, y “hasta el cien por ciento de los ingresos presentes y futuros que le corresponden al estado por cualquier impuesto” estatal.
Con estas garantías de pago, al día siguiente de la publicación del decreto, Duarte contrató otras dos emisiones bursátiles que en total le dieron acceso a otros dos mil 800 millones de pesos.
Y, el 26 de noviembre siguiente, junto con una empresa privada, constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago F/0152, destinado para recibir las transferencias de los recursos federales y estatales con los que se garantizarían aún más préstamos.
Así, al día siguiente, al amparo de este nuevo Fideicomiso Maestro, Duarte contrató otros cinco préstamos (tres con Bancomer, uno con Multiva y otro con Interacciones) por otros 12 mil 624.5 millones de pesos. Y, en 2014, otros seis por siete mil 100.5 millones.
En total, de acuerdo con el más reciente reporte sobre la “Situación que guarda la deuda pública estatal” de Chihuahua, 19 mil 725.1 millones adquiridos por Duarte al amparo del mismo Fideicomiso Maestro 152 creado en la “reestructura” de su deuda.
LA MANO DE EVERCORE
Esta “reestructura” o refinanciamiento en beneficio de Duarte, así como la administración de todo el dinero que llegara al Fideicomiso Maestro para respaldar los nuevos préstamos, quedaron a cargo de la división Casa de Bolsa de Evercore Partners, firma en la que trabajó Videgaray Caso y que entonces era dirigida por Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda con Carlos Salinas de Gortari.
Con el Fideicomiso Maestro, la firma privada tuvo acceso al FGP del Ramo 28, estimado en unos 10 millones de pesos anuales y autorizado por el decreto 1370 como fuente de pago de los préstamos de Duarte.
“Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que (…) afecte irrevocablemente, como fuente de pago, garantía o ambas, de las obligaciones que se deriven de los convenios, contratos, títulos de crédito, valores o demás documentos que se suscriban para instrumentar los refinanciamientos, reestructuras o financiamientos adicionales que se celebren al amparo de este decreto (…) el derecho a percibir hasta el cien por ciento de las participaciones que por ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo General de Participaciones”, dice el artículo octavo del decreto 1370.
Los respectivos Presupuestos de Egresos del estado de Chihuahua muestran, por su parte, que al Fideicomiso Maestro administrado por Evercore se le han asignado 4 mil 562.4 millones para los últimos tres años (mil 692.5 millones en 2014; otros mil 406.8 en 2015 y otros mil 463.1 en 2016).
La “reestructura”, entonces, le permitió a Duarte Jáquez aumentar su liquidez mientras Evercore –cuya participación aparece en los decretos oficiales que gestionaron los financiamientos– consiguió acceso a otros miles de millones de recursos públicos usados como garantía de pago de los préstamos del primero.
“He seguido este Fideicomiso Maestro y encuentro dos características: la caterva de gente de Pedro Aspe, que están detrás, beneficiándose”, dice Jaime García Chávez, abogado chihuahuense que presentó la demanda penal por la probable participación de Duarte en la Unión de Crédito Progreso.
“Y que claro que ellos hacen una especie de marco para la contratación de deuda, intermedian, invierten en la bolsa y se embolsan miles de millones de pesos (…) creo que son mecanismos de corrupción política, que no están sujetos a supervisión adecuada del Estado, por el déficit regulatorio para hacer estas maniobras”, agrega.
El nombre de Evercore aparece no sólo como el de la administradora del Fideicomiso Maestro, sino también como el antiguo lugar de trabajo de la actual titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal, la contadora Marcela Andrade Martínez, que llegó a la administración pública en 2013.
Por parte del Gobierno de Chihuahua, la “reestructura” dejó la contratación de los financiamientos en Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Duarte, socio de la Unión de Crédito Progreso y también incluido en la demanda penal de García Chávez.
“Creo que el régimen de impunidad y corrupción que tenemos en el país, en el caso de César Duarte, obedece a favores prestados a Peña Nieto que lo imposibilitan para ejercer la acción penal”, dijo el abogado chihuahuense en julio pasado, con relación a la inacción de la Procuraduría General de la República ante la vinculación de Duarte con la institución de crédito.
LA “CORRESPONSABILIDAD”
Chihuahua, cuyos pasivos actuales por 42 mil 175.9 millones forman la cuarta deuda per cápita más alta del país, fue también uno de los siete estados que perdió el Partido Revolucionario Institucional en la pasada elección del 5 de junio, cuando se renovaron 12 gubernaturas.
La probable corrupción atribuida a mandatarios con los más altos niveles de deuda pública, como César Duarte Jáquez, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, fue considerada entonces por el tricolor como factor de las derrotas.
Contra esto ex mandatarios, sin embargo –y salvo en el caso de Javier Duarte–, no han avanzado medidas legales y, como García Chávez, incluso una parte del Comité Ejecutivo Nacional priísta atribuye la impunidad que gozan los ex mandatarios a un supuesto “acuerdo económico” con integrantes del Gobierno federal y gestado desde la campaña de Peña Nieto.
“Un grupo de priístas, empezando por quien era presidente nacional del partido entonces, Humberto Moreira Valdés; siguiendo con el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua, aparentemente hicieron un compromiso económico que ahora limita al Presidente para combatir la corrupción”, dijo desde agosto pasado a este medio una fuente del CEN del PRI.
También el nuevo Gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aludió a una “corresponsabilidad” del Gobierno federal en el endeudamiento de Chihuahua y, en agosto pasado, especificó que ésta se gestó a través del Fideicomiso Maestro.
“Ahí hay, por supuesto, una corresponsabilidad de la Federación que avaló, a través de la Secretaría de Hacienda, el Fideicomiso Maestro con el que se comprometieron metas hoy incumplidas, en términos de déficit presupuestal”, advirtió Corral.
“Ese endeudamiento irresponsable, que no se tradujo ni en crecimiento económico ni en inversión ni en infraestructura, se le suma un déficit presupuestal que hemos calculado por ahora –porque todavía no sabemos bien a bien en cuánto terminará– de casi 4 mil 500 millones de pesos”, dijo también el nuevo mandatario.
Después de la toma de posesión, sin embargo, el nuevo Secretario de Hacienda estatal, Arturo Fuentes Vélez, dijo a SinEmbargo haber apenas iniciado la revisión de los contratos que dieron origen a los financiamientos y no tener opinión sobre los “conocidos” vínculos entre Aspe, Videgaray y Evercore.
“Evercore es la que organizó la reestructura y es la que tiene a su cargo el Fideicomiso (…) El trabajo que haya hecho la compañía en términos de tasas lo tendremos nosotros que analizar”, dijo Fuentes Vélez en breve entrevista.
“La relación que existe ahí evidentemente con el ex Secretario Aspe es un hecho conocido. Nosotros no tenemos opinión en el tema de por qué decidieron por esa empresa y no por otra. Eso tendrían que manifestarlo las autoridades anteriores. Lo que sí puedo decir es estamos revisando con mucho cuidado cada uno de los contratos que se hicieron para analizar el destino de la deuda y las condiciones en las que se contrató”, agregó el nuevo funcionario.
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