Merary Villegas Sánchez y Baltazar Rendón Sánchez, los dos diputados del partido Morena en el Congreso del Estado, son dos jóvenes que están demostrando traer bien puesta la camiseta y las iniciativas políticas de su partido en la lucha contra la corrupción en el gobierno.
Primero fue la declaración de que el 50 por ciento de su dieta iría al fomento de la educación y luego que no asistirían a la novena Conferencia de Congresos locales a celebrarse en Morelia, porque se erogarían 614 mil 414 pesos del erario, y eso lo consideran “ofensivo por el derroche de recursos públicos en una situación económica de emergencia, como la que se encuentra el país y nuestro Estado de Sinaloa”.
Ambos pronunciamientos políticos son loables pues tienen que ver con la buena utilización de los recursos públicos; sin embargo, el legislativo tienen un presupuesto y éste genera una agenda que tiene un costo económico.
Ahí es donde se encuentra el trabajo de los legisladores, pues son ellos a través de sus fracciones, los que discuten y deciden el sentido de la agenda parlamentaria que se sujeta en casos como el citado, a ejecutar un gasto.
Ciertamente, resulta excesivo que aun cubriendo gastos el gobierno michoacano, como se ha dicho, se le asigne a cada diputado más de 15 mil pesos para solo dos días que durará el cónclave parlamentario.
Acaso, pregunto ¿los diputados viajan en asientos de primera clase o llegan a hoteles de gran turismo y comen platillos de mil pesos?
Esperemos que no y ese es el trabajo del periodismo que debe investigar en qué se gasta ese dinero público.
Y más cuando está el señalamiento de los diputados morenistas, de que el llamado curso de capacitación legislativo tendrá como ponentes magistrales a los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD, lo que resulta una capacitación política más no académica de los principios legislativos.
Tienen razón. También la crítica de los morenistas que esta capacitación se puede celebrar en cada una de las sedes legislativas y con académicos o ex parlamentarios que podrían aportar su experiencia, sin que esto signifique mayor sacrificio del presupuesto de la cámara, sobre todo si se contrata académicos de nuestras universidades avezados en los asuntos legislativos. Que los hay.
Para empezar el Congreso del Estado cuenta con un Instituto de Estudios legislativos que debería tener como principal tarea la investigación, asesoría y capacitación de los nuevos parlamentarios y dejar de ser una chamba para un grupo de burócratas que cuidan una biblioteca poco visitada.
Quizá lo criticable de todo esto es el tono con que se discute el manejo del presupuesto del Congreso del Estado, se habla como si fuera un asunto irrelevante, de “cuentachiles”, pero es algo serio que no puede quedar en manos de las fuerzas políticas principales, sino abierto a la opinión pública y con objetivos claros.
Además, garantizando el derecho de la oposición para discrepar de sus montos y manejo, no caben expresiones como la de la diputada Maribel Chollet, quien desde el pódium en una actitud golpeadora señaló categórica: “Que espectáculo tan penoso es el que se viene a dar cuando se suben a debatir temas intrascendentes totalmente para una sociedad que está exigiendo de nosotros sus representantes, respuestas acertivas (sic) sobre acciones de Gobierno… pido respeto para la tribuna donde el debate debe ser de altura, de ideas, no de mercado. No le permito…”
Por favor.
Bien hicieron los diputados morenistas que con el artículo 10 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, le recordaron a la mazatleca: “Los diputados son inviolables en la expresión de las ideas que manifiesten en el desempeño de sus funciones y jamás podrán ser reconvenidos por la expresión de ellas”.
En definitiva, estos nuevos parlamentarios que llegan con la camiseta de la lucha contra la corrupción —y a los que hay que recordarles que deben tener en orden sus declaraciones de 3 de 3, pues no se olvide que para tener la lengua larga es necesario tener la cola corta—, serán una piedra en el zapato entre diputados y diputadas entrenados en la opacidad en el manejo de los recursos públicos.