El software de la compañía NSO Group fue utilizado para intentar hackear el teléfono del periodista Rafael Cabrera, coautor en la investigación de la "Casa Blanca" de Enrique Peña Nieto
El gobierno mexicano pagó a la firma de ciberespionaje NSO Group 15 millones de dólarespor tres proyectos sin especificar, informó este viernes un reportaje en The New York Times.
De acuerdo con dos firmas de seguridad electrónica, el spyware Pegasus, software de espionaje de la firma israelí NSO, también fue empleado para intentar hackear el teléfono del periodista Rafael Cabrera, quien participó en la investigación de la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, como también lo reportó The New York Times en otra nota publicada en agosto.
Pegasus es el principal producto de la firma y permite extraer información, historial de navegación, contactos, correos y mensajes de celulares, incluidos dispositivos Android, Blackberry y iPhone.
El programa permite también hackear la cámara y el micrófono del teléfono donde ha sido instalado, permitiendo sacar capturas de pantalla o realizar escuchas y mandarlas a agencias de espionaje en tiempo real.
El ciberespionaje no es barato. La compañía israelí cobra $650,000 dólares por espiar a usuarios de iPhone 10; $650,000 para Android 10 y $500,000 por BlackBerry. Además el servicio promete “no dejar huellas” de la intrusión.
De acuerdo con correos electrónicos de la firma de espionaje, el gobierno mexicano contrató los servicios de la firma para realizar tres proyectos a lo largo de tres años en 2013, aunque no se especificó en qué consistirían estas operaciones.
A pesar de que el slogan de NSO es “Hacer el mundo un lugar más seguro”, sus críticos apuntan que el software fabricado por la compañía está siendo usado para atacar a activistas y periodistas de todo el mundo.
En tanto, el vocero de la embajada mexicana en Washington, Ricardo Alay, negó cualquier actividad ilegal en los contratos con NSO. “Nuestros sistemas de inteligencia están sujetos a la legislación vigente en México y tienen autorización legal“, señaló.
“No son usados contra periodistas o activistas. Todos nuestros contratos con el gobierno federal son hechos de acuerdo a la ley“, agregó.
(Con información de The New York Times)
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