Argentina: inflación neoliberal

BUENOS AIRES (apro).- En Argentina la tasa de inflación trepó a 27% en el primer semestre de 2016, con lo que el gobierno de Mauricio Macri alcanzó de este modo, en sólo seis meses, la tasa anual promedio que el gobierno de Cristina Kirchner había registrado entre 2011 y 2015.

Macri ganó las elecciones en noviembre último proclamando que pondría fin a este flagelo, sin embargo, diferentes consultoras privadas estiman hoy, que el año en curso cerrará con una tasa superior a 40%. De este modo, la pauta de 25% que el gobierno se había fijado como meta anual ya ha sido desbordada, al tiempo que la pauta de 17% prevista para 2017 suena a expresión de deseos.

En su lucha contra la inflación, el gobierno de Macri aplica la receta ortodoxa, pues ha reducido de manera drástica la emisión monetaria y el gasto público. Además, mantiene alta la tasa de interés del Banco Central para depósitos en pesos e impulsa una apertura de los productos importados y pone techo a los salarios, limitando el poder de compra de los sectores de ingresos medios y bajos, para aplacar la demanda.

Pero al mismo tiempo, a poco de asumir en diciembre, el gobierno devaluó el valor del peso frente al dólar en 45%. Y decidió aumentos siderales en los servicios públicos y los combustibles.

No fue todo, ya que aseguró que estas medidas no impactarían en los precios, pero las grandes empresas, al igual que en oportunidades anteriores, apelaron a la re-etiquetación de precios para recuperar su tasa de ganancia en dólares. A esto se suma el reclamo de las centrales sindicales por el retroceso del salario real y los despidos.

“Para el gobierno la inflación es una causa de los problemas, por eso intenta resolverlo como tema prioritario; yo creo que es una consecuencia de la puja distributiva, dentro de un sistema de precios y salarios liberados, y sobre esta puja hay que sentarse a negociar”, dice a Apro el economista Roberto Dvoskin, exsubsecretario de Comercio Interior y expresidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

El economista descree de la mirada ortodoxa, que atribuye la inflación a la emisión monetaria. Recalca, por el contrario, la incidencia puntual del tipo de cambio, más precisamente de la devaluación que favoreció a los consorcios agroexportadores en diciembre.

“Hay una transferencia vía tipo de cambio a los sectores más fuertes de la economía, que generó un aumento en pesos de los productos exportables, que son los productos que come la gente –explica Dvoskin–. Si hay un aumento de 50% en pesos por lo que se paga por esos productos en el exterior, la lógica empresarial es no vender en el mercado interno. O trasladar a precios ese porcentaje, y esto tiene un efecto sobre toda la cadena alimentaria. Si a esto se agrega el aumento en la tarifas de servicios públicos, se genera un cóctel difícil de manejar”.

La actividad económica y el consumo han sufrido una caída brusca. El déficit fiscal se mantiene alto, debido a la baja en la recaudación que ocasiona la exención impositiva otorgada a los consorcios agroexportadores y mineros en diciembre. Por ello el panorama es sombrío y el gobierno financia gastos corrientes a través del endeudamiento externo.

Contrapuntos

“La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario”, sostenía Milton Friedman, el padre del monetarismo, escuela a la que adscribe la actual conducción económica. El aumento de los precios se debe –de acuerdo con este credo– al exceso de emisión de moneda que se destina a financiar al fisco. De manera previsible, el Banco Central implementa una feroz contracción monetaria desde que Macri asumió la presidencia. La tasa de interés de 30% anual para depósitos a 35 días invita a invertir en pesos y mantener quieto al dólar, aunque además encarece el crédito, promueve el ingreso de capitales especulativos, asfixia la actividad económica y genera desempleo. En esta oportunidad el estancamiento se acompaña de un desborde inflacionario.

“El efecto es una pérdida del nivel de compra y un deterioro en el nivel de vida de millones de argentinos, sobre todo de las clases bajas y medias, los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados que perciben el haber mínimo”, dice a Apro Héctor Polino, titular de la asociación Consumidores Libres y expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados.

“La pobreza, de acuerdo con los datos de la Universidad Católica Argentina, aumentó de manera alarmante en los primeros tres meses del año, sumando a 1.4 millones de nuevos pobres y 350 mil nuevos indigentes: un verdadero drama social”, alerta Polino.

El actual incremento de la inflación coincide con un freno a la emisión monetaria, y todo indica que la causa decisiva hay que buscarla en la fuerte devaluación implementada en diciembre. El dólar ocupa un lugar central en la economía argentina. La tasa de ganancia de las empresas, los patrimonios, el precio de los bienes inmuebles y el ahorro se miden en divisa norteamericana, razón por la que la devaluación del peso benefició principalmente a los sectores exportadores, al tiempo que otros sectores pugnan desde entonces para recuperar su margen de rentabilidad en dólares.

La Ley de Lealtad Comercial prohíbe la cartelización y el abuso de posición dominante, pero buena parte del gobierno de Macri está conformado por ejecutivos que provienen de los consorcios a los que deberían controlar. Las inspecciones que implementaba la Secretaría de Comercio se han desmantelado y por el momento la conducción económica descarta asimismo el control de precios.

“Esta política parte de la base de que hay que dejar funcionar libremente al mercado y que el juego de la oferta y la demanda va a regular la economía”, sostiene Héctor Polino. “Eso, en una economía de real competencia. Pero no en una como la nuestra, donde cinco grandes cadenas de supermercados concentran 70% de las ventas minoristas y 28 grandes empresas concentran 80% de la producción de artículos de la canasta básica de alimentos y artículos de limpieza”.

El fenómeno se repite en otros sectores, entre ellos las industrias siderúrgica y petroquímica, la automotriz, la papelera y la del vidrio, que presentan estructuras de producción altamente concentradas.

Foja cero

“En Argentina, la inflación les conviene a los tres sectores que la generan –opina Roberto Dvoskin –. A la dirigencia empresarial, porque disfraza su ineficiencia con la inflación. La dirigencia obrera discute sólo salarios y no otros temas que hacen a la calidad de vida de la gente. Y al Estado la inflación le viene muy bien: Macri aumentó el impuesto inmobiliario cuando era alcalde en Buenos Aires por encima de la inflación, elevando así la recaudación”.

Hasta ahora el presidente argentino ha tenido bastante éxito a la hora de prometer felicidad futura y responsabilizar a la pasada “fiesta populista” de los males del momento. La caída de la actividad y del consumo y el aumento de los índices de pobreza y desempleo repercuten, sin embargo, sobre su imagen.

El gobierno sustenta su política en el endeudamiento externo. Éste otorga a bancos y organismos internacionales de crédito la posibilidad de influir sobre políticas públicas. Ambos factores llevaron a Argentina a la cesación de pagos y a la crisis terminal de 2001. Lo peor es que el ciclo iniciado en diciembre parece haber vuelto a foja cero.

“La devaluación siempre es efímera en Argentina –sostiene Roberto Dvoskin–. Se devalúa porque es fácil. Se generan ventajas comparativas, que duran seis meses, como a este gobierno, o dos años, como al gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), porque la situación era desastrosa”, acota el economista, en referencia a la salida de la peor crisis de la historia argentina. “Si el aumento del tipo de cambio al final se traslada a precios, y el precio se traslada a salarios, la ventaja comparativa se licúa sin generar una ventaja competitiva”, sostiene.

Al economista no le parece viable poner freno a la inflación retrayendo el consumo: “Nadie invierte en un país donde no se consume”, sostiene.

Prevé, sin embargo, que la necesidad política se impondrá sobre la ideología. “Si el gobierno quiere ganar las legislativas de 2017, no tendrá más remedio que impulsar la actividad económica y aumentar los salarios”, dice. Esto impactaría una vez más sobre la tasa de inflación.

“La otra alternativa es sentarse a negociar en serio pautas de aumento de precios y salarios a largo plazo”, dice Dvoskin. Y es por ello que propone implementar políticas activas con los sectores implicados, que coloquen la discusión en ámbitos diferentes al aumento de salarios.

“Si a los empresarios les fomentas la inversión, a cambio del no aumento de los precios, y con el sector obrero se discute un aumento salarial, no del 25 sino de 18%, pero a cambio de eso hacemos obra pública adecuada, que mejore la calidad de vida de los sectores de menores recursos, el déficit fiscal es el mismo, pero se canaliza hacia un aumento de la inversión”, sostiene.

“De lo contrario, no hay manera –abunda, refiriéndose a la dirección monetarista actual que lleva adelante el gobierno–. Se trata de una puja entre dos sectores –recalca– un conflicto que no tiene solución pero sí puede amortiguarse”.