Impunidad en el Ajusco Casas de perredistas, en un área natural protegida

RAÚL MONGE

Desde 2007, Higinio Chávez García, entonces diputado federal por el PRD, fue denunciado por despojo de un predio de 2 mil metros cuadrados en el paraje La Rufina, en el Ajusco. La denuncia quedó asentada pero no prosperó. Y en 2009, cuando Chávez llegó como titular a la demarcación, el expediente simplemente desapareció. Él siguió acumulando terrenos hasta poseer una hectárea. Ahí construyó una lujosa finca e incluso vendió o donó una porción a dos de sus colaboradores para que hicieran lo propio… La vieja idea de construir ahí un parque ecoturístico fue una simple quimera.

En los albores del sexenio de Marcelo Ebrard (2006-2012) en el gobierno de la Ciudad de México, el entonces diputado federal perredista Higinio Chávez García convenció al jefe delegacional de Tlalpan y actual oficial mayor de la Asamblea Legislativa, Guillermo Sánchez Torres, de establecer un parque ecoturístico en La Rufina.

Ese paraje es una privilegiada área natural protegida del Ajusco, primordial para la preservación del ecosistema de la megaurbe, y se encuentra a la altura del kilómetro 14 de la carretera Picacho-Ajusco, dentro de la comunidad de Santo Tomás Ajusco.

Como representante popular de los pueblos de esa zona rural del sur de la capital del país, Chávez García gestionó y logró incluso juntar una bolsa con recursos federales y locales para echar a andar dicho proyecto de turismo alternativo que, según pregonó en aquel tiempo, sería administrado por los propios comuneros del pueblo, bajo la tutela de la autoridad delegacional.

El asunto quedó amarrado. Sin embargo, el arranque de las obras del ecoparque coincidió con la presentación de una denuncia en la Procuraduría General de Justicia capitalina contra Chávez García, diputado local con licencia, por los presuntos delitos de despojo y tala.

En la querella presentada a principios de mayo de 2007, registrada con el número FTL/TLP/T2/00446/07-5 en la Agencia 2 de Tlalpan, a cargo entonces del fiscal Juan Antonio Urías Sandoval, el denunciante, Enrique Villegas Fabián, acusó a Chávez García de haberlo despojado por la fuerza de un predio de 2 mil metros cuadrados, justo en el paraje La Rufina, que, dijo, había adquirido cuatro años atrás, en 2003.

Además, refirió que a principios de 2007 el entonces diputado federal intentó primero comprarle el terreno. “Me negué. Le dije que era el patrimonio de mis hijos”.

Al no lograr su propósito, expuso Villegas en su denuncia, Chávez le advirtió que se atuviera a las consecuencias, pues buscaría la forma de apropiarse del predio “a como diera lugar”.

Y así lo hizo. El 5 de mayo de ese año Villegas Fabián encontró invadido el terreno por huestes del legislador perredista que actualmente forma parte de la corriente Vanguardia Progresista, la tribu que dirige Héctor Serrano, secretario de Movilidad y operador político del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

“Las personas que lo invadieron iban armadas y me dijeron que no siguiera chingando porque me iban a romper la madre”, detalló Villegas en su declaración ministerial y en un escrito dirigido al entonces presidente Felipe Calderón.

No conforme con ello, relató el agraviado, el legislador le aconsejó que ya no hiciera más escándalo, que mejor le cediera el terreno y dejara las cosas en paz. “Me dijo que tenía fuero, que no se podía proceder en su contra y que, como ya había visto, podía controlar al fiscal, al Ministerio Público, al jefe delegacional y a la PGJ”, subrayó Villegas.

Una denuncia extraviada

Pese a los agravios, la denuncia penal nunca siguió la ruta jurídica formal y se perdió en el laberinto burocrático del sistema de justicia penal.

Así, amparado en su fuero y en contubernio con las autoridades delegacionales, Chávez se quedó con el predio ubicado en el paraje La Rufina, ubicado en una zona pródiga en vegetación natural.

En los meses subsecuentes –y de manera subrepticia–, el legislador perredista, quien el pasado 15 de marzo solicitó licencia para separarse del cargo en la Asamblea Legislativa y su lugar fue ocupado por su suplente, su hijo Luis Alberto Chávez García, logró incrementar la superficie del predio de 2 mil metros cuadrados a poco más de una hectárea, todo dentro de una zona natural protegida.

Antes de dejar su curul en la Cámara de Diputados para ir en busca de la candidatura a la delegación Tlalpan en 2009, y en flagrante violación a la normatividad ambiental, Chávez comenzó a desmontar progresivamente el terreno y a colocar los cimientos de su finca campestre.

La tala, la extracción de la cubierta vegetal y las obras de construcción no pasaron inadvertidas para algunos pobladores inconformes. De inmediato informaron a las autoridades delegacionales, en particular a la dirección de Ecología.

Personal que trabajó en esa dependencia en aquel tiempo y que se reserva su identidad por temor a represalias de Chávez y sus huestes, cuenta al reportero que, a partir de la denuncia, se inició un procedimiento administrativo en el que salió a relucir por vez primera el nombre de Chávez como “propietario” del terreno.

Pese a los recursos legales interpuestos por el legislador perredista con licencia a través de su abogado, Armando Estrada Carbajal, para frenar el procedimiento, la autoridad ambiental encontró elementos suficientes para clausurar y proceder a la demolición de las obras en el predio que para entonces llevaban cerca de 50% de avance.

Pero la orden de demolición nunca se concretó. En vísperas de los comicios intermedios de 2009, en los que se renovaron las 16 jefaturas delegacionales de la capital, Chávez logró detener de manera provisional el dictamen de la autoridad al promover un recurso de inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México.

El triunfo de Chávez en las elecciones de ese año le dio un giro distinto al caso. Exempleados de la desaparecida dirección de Ecología cuentan que cuando él comenzó a despachar en la demarcación, el expediente del predio La Rufina desapareció.

En la entonces dirección general Jurídica y de Gobierno –el segundo cargo en importancia en las demarcaciones territoriales–, recuerdan, Chávez acomodó a Estrada Carbajal, el abogado que llevó el litigio; además, disolvió la dirección de Ecología y transfirió las funciones de ésta al área jurídica.

En el gabinete higinista también encontraron espacio otros dos colaboradores: Eloy Fuentes Ortega y Carlos Hernández Mirón, quienes construyeron de manera indebida cabañas de descanso en el paraje La Rufina en predios que el propio Chávez les vendió o cedió. Ese punto, dicen los entrevistados, no lo tienen claro los trabajadores de la delegación.

Fuentes Ortega, aseguran los exempleados, fungió como director general de Servicios Urbanos, aunque en realidad ha sido el operador financiero de Chávez, mientras que Hernández Mirón, antiguo director general de Desarrollo Social en Tlalpan, es considerado hijo político de Chávez. Actualmente, Hernández ocupa una curul en la Asamblea Legislativa por segunda ocasión.

Las fincas

Desaparecidas las evidencias que pudieran comprometerlo, Higinio Chávez dedicó parte de su tiempo como jefe delegacional a terminar la construcción de su casa campestre.

El 21 de agosto de 2015 –mes y medio antes de que su sucesora en la delegación Tlalpan, la también perredista Maricela Contreras Julián, entregara las riendas de la delegación a Claudia Sheinbaum, de Morena–, Chávez mandó valuar su finca, que hoy se cotiza en 16 millones 200 mil pesos, según el valor del mercado.

Según el documento, copia del cual tiene Proceso, la esposa de Chávez, Susana García Cárdenas, es propietaria del predio de 9 mil 100 metros cuadrados, de los cuales sólo 810.74 metros se encuentran construidos.

Bautizada por sus propios dueños como Rancho Los Frutales, la finca tiene un estacionamiento para seis automóviles, vivienda para conserje, horno para barbacoa, terraza-bar, casa de muñecas, salón de fiestas con dos y medio baños, gallineros, baños exteriores y amplios jardines.

Construida con ladrillo rojo recocido y acabados de madera, la cabaña principal tiene sótano y dos niveles. En la planta baja hay dos terrazas –una de ellas con jardín–, cocina, antecomedor, comedor, oratorio, estancia doble, bar, baño, recámara en tapanco, acceso principal y chimenea; la de la parte alta tiene tres recámaras con clósets; todas tienen baño, y una cuenta con un baño más para los invitados.

Los pisos son de loseta cerámica y de cantera en el exterior, mientras que en el interior predomina la duela de madera natural.

Chávez no escatimó en gastos. En el jardín mandó instalar un temazcal y un spa con vestidor y regaderas, así como un cuarto de masajes.

También construyó un estanque artificial rodeado de árboles frutales, cinco caballerizas, un picadero y una palapa de descanso, desde donde se puede apreciar la inmensidad del bosque del Ajusco.

Como el Programa General de Ordenamiento Ecológico prohíbe el uso de suelo habitacional en la zona, la finca campestre del exfuncionario perredista carece de los servicios de agua, luz y drenaje.

Sin embargo, el propietario resolvió esos inconvenientes. Para allegarse agua, se conectó a una toma clandestina, oculta sobre la carretera Picacho-Ajusco, a la altura del kilómetro 18.8. El líquido proviene de un manantial natural.

Ante la falta de drenaje, construyó fosas sépticas, y para iluminar el inmueble instaló plantas de luz de diésel y gas.

En contraste, las fincas campestres de Fuentes Ortega y Hernández Mirón son modestas. Con excepción de la casa de Hernández Mirón, las otras dos edificaciones cuentan con vigilancia permanente, incluidos dos mastines que impiden que alguien se acerque a la malla ciclónica que las circunda.

El acceso más fácil a las tres fincas construidas por los exfuncionarios de la delegación Tlalpan en un área de conservación ecológica del Ajusco es por la carretera Picacho-Ajusco. A la altura del kilómetro 14 se encuentra una desviación que conduce directamente hacia el paraje La Rufina, perteneciente a la comunidad de Santo Tomás Ajusco.

Unos 200 metros adelante hay una brecha por donde sólo puede circular un vehículo. En la entrada, una parte del paraje está ocupado por un complejo deportivo de la Universidad Marista. Las instalaciones cuentan con dos canchas de futbol empastadas y un área de vestidores. En el portón, un letrero advierte que se trata de una propiedad privada.

Enfrente, del lado derecho, se observan los remanentes del fallido proyecto ecoturístico impulsado por el exdiputado y exdelegado tlalpense Higinio Chávez. Metros adelante, se encuentran seis viviendas de cartón y lámina ocupadas por presuntas familias de comuneros del pueblo de Santo Tomás Ajusco.

Pero basta adentrarse aproximadamente dos kilómetros por el accidentado camino para llegar a las suntuosas fincas de Chávez, Fuentes Ortega y Hernández Mirón, que rompen con la armonía de ese sitio, pródigo en vegetación y fundamental para la preservación del ecosistema de la capital del país.

Además, la normatividad ambiental vigente prohíbe el uso habitacional en suelo de conservación, salvo en los cascos urbanos de las poblaciones rurales. En la delegación Tlalpan, 83.5% del territorio (25 mil 426 hectáreas) corresponde a suelo de conservación, y el restante 16.5% (5 mil 23 hectáreas), a suelo urbano.