A Javier Quijano y Xavier Cortina, mis abogados. A un año del golpe de censura.
El portal Aristegui Noticias publicó, esta semana, un reportaje especial, presentado en tres partes. La primera, sobre cómo un operador financiero del Cártel de Juárez -procesado por ello y preso sólo cinco años- se convirtió en proveedor del programa estrella de este sexenio, la Cruzada contra el Hambre. El personaje fue identificado por la PGR, hace algunos años, como el contacto con proveedores de droga en Colombia y responsable de las negociaciones financieras del Cártel de Juárez.
Libre ya, consiguió, en este sexenio, contratos por casi 400 millones de pesos, para dotar de millones de afiches, botones, papelería y cuanta cosa usted imagine de una larga lista de materiales que nunca fueron entregados. Una licitación que hizo, vaya usted a saber por qué, la Universidad Autónoma de Morelos, a través de un funcionario suyo ligado al partido Nueva Alianza. Ese mismo personaje, operador del narco, y sus empresas aparecen en la misma investigación en transacciones comerciales en el futbol internacional, según se puede ver en la segunda parte del reportaje.
En la tercera parte de esta espléndida investigación, que omite los nombres de los periodistas que participaron en ella por razones de seguridad, se entra a la parte más peligrosa del asunto: la campaña presidencial de Peña Nieto.
El Grupo Comercializador Cónclave, operado por Rodolfo David Dávila Córdova, alias El Cónsul, además de participar en licitaciones tramposas y operaciones del futbol internacional también aportó dinero para las tarjetas usadas por el PRI durante la campaña presidencial de 2012. El reportaje aporta una hebra más en esa trama político, electoral, financiera conocida como el "Monexgate". La historia que, finalmente, los opositores dejaron morir bajo la lápida del "Pacto por México". ¿No es tiempo de que la investigación inconclusa y fallida sobre el "Monexgate" se retome, con estas nuevas evidencias aportadas por una investigación periodística? ¿No es eso lo que se esperaría de una democracia?
Hay indicios de que quienes tomaron el poder en su más alto nivel lo hicieron -no sólo con la ayuda directa de la principal televisora- sino abriendo la puerta a financiamientos ilícitos. La sociedad tiene derecho a saber y los políticos y la justicia tienen la obligación de actuar.
Brasil está en vilo por investigaciones judiciales que desenredan la trama de la corrupción sistémica que agobia a ese país. Los procesos abiertos han llevado a la cárcel a políticos y empresarios del más alto nivel. La pinza está alcanzando a figuras tan grandes como el propio ex presidente Lula da Silva. Hasta hace poco, Lula era considerado uno de los más populares y reconocidos líderes de América Latina, casi una leyenda. Se le señala por haberse, presuntamente, beneficiado con la remodelación de su casa y por hacerse de otra propiedad, más bien modesta, la cual no reconoce como suya. Como sea, pende sobre Lula una petición de prisión preventiva y su nombramiento como jefe de gabinete de la presidenta Rousseff -que le daría protección y fuero por lo menos temporalmente- fue suspendido por un juez minutos después de asumir el cargo. Los brasileños, metidos en un tobogán, no saben cómo terminará esta historia. Quién lo dijera, fue a Lula da Silva a quien invitó Peña Nieto a México para apadrinar el lanzamiento de su Cruzada contra el Hambre.
Las acusaciones contra Lula parecen juego de niños, si lo comparamos con la "Casa Blanca" de Enrique Peña Nieto y con las inmensas casas de sus más cercanos colaboradores, también ubicadas en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.
La nueva información, publicada esta semana en Aristegui Noticias, obliga a regresar a la gran interrogante abierta desde hace años: ¿Cómo llegó a la Presidencia de México Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es el verdadero origen de los recursos que alimentaron las estructuras paralelas -documentadas ampliamente en la investigación del "Monexgate"- desde las que se financió la campaña del hoy Presidente? La información publicada esta semana da una pista que debería ser ampliamente investigada.
¿Quién o quienes, desde el Poder Judicial, partidos de oposición o medios de comunicación van a tomar, en serio, el asunto? ¿Quién se atreve no solo a cuestionar genéricamente a Peña Nieto, sino a investigar, entre otras cosas, cómo es que llegó a la Presidencia de México? ¿Alguien exige a la PGR que investigue el asunto y las pistas a donde conduce ese reportaje? ¿La SEIDO y/o la Fepade? ¿Alguien se atreve a promover una Comisión independiente en el Congreso para investigar en serio? ¿Alguien dijo miedo?
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