"Funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se volcaran con el caso", revela.
El ex presidente del Partido Revolucionario Institucional y ex gobernador de Coahuila,Humberto Moreira, fue apoyado, mientras estuvo detenido en España, por el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien “puso a su disposición toda lamaquinaria diplomática y legal de su embajada en España para intentar conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel” , reveló una investigación publicada este lunes por el diario El País.
El priista fue detenido en Madrid el pasado 15 de enero -acusado de lavado de dinero y organización criminal- pero el juez Santiago Pedraz lo liberó una semana después.
Desde entonces, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que velaría por los derechos de Moreira y le brindaría apoyo consular.
Este lunes, El País apuntó que Moreira “no ha estado solo durante los ocho días que permaneció en la prisión de Soto del Real, a 40 kilómetros de la capital española”.
“La gestión de mayor nivel se llevó a cabo el pasado 21 de enero, un día antes de que se celebrara la vista en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó la puesta en libertad del ex gobernador de Coahuila”, indicó.
Ese día, “Arely Gómez González, procuradora General de la República y ex senadora del PRI, telefoneó a su homóloga Consuelo Madrigal, Fiscal General del Estado para interesarse por el caso y conocer la posición de los fiscales españoles. “Le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, responde un portavoz de la Fiscalía General del Estado. La acusación contra Moreira—sobreseída provisionalmente días después por el juez Pedraz— la piden en España los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa”.
Además, “el mismo día de su detención los funcionarios de la embajada de México en Madrid recibieron órdenes de que se volcaran con el caso: unos en la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de su defensa, otros en la atención a Vanessa Guerrero, la esposa de Moreira, y de sus hijas, que durante varios días se alojaron en el hotel Vincci Soho, en la calle del Prado, a escasos 100 metros de la legación diplomática en pleno corazón de Madrid. Se da la circunstancia de que este hotel mantiene un convenio con la embajada y allí alojan a las autoridades mexicanas que visitan el país; en su parking aparcan los coches de la embajada”, reveló el rotativo español.
“La misma tarde y noche de la detención, cuando Moreira fue conducido ante Enrique de la Mata, el juez de guardia de la Audiencia Nacional— el organismo que investiga los casos de terrorismo y crimen organizado— para comunicarle su ingreso en prisión, los teléfonos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional comenzaron a sonar. Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la embajada les preguntaban por qué se había detenido a Moreira y qué indicios o cargos había contra el ex presidente del PRI. El mutismo de los agentes españoles fue total, según aseguran fuentes policiales. “Estaban muy interesados, pero no se les dijo ni pío”, afirma una fuente española”.
El lunes 18 de enero, dos días y medio después de la detención, “el cónsul de México en Madrid se trasladó hasta la prisión de Soto del Real para visitar al reo. El cónsul visita con frecuencia a presos nacionales, pero fuentes penitenciarias aseguran que sus visitas no se producen “con tanta celeridad”. Al mismo tiempo, un funcionario del consulado llamado Víctor telefoneó en varias ocasiones al despacho del abogado Manuel Ollé, el letrado español que asistió a Moreira, para interesarse por el caso y conocer aspectos de la instrucción. “Les dijimos que se dirigieran al juzgado”, responde el abogado”.
El País afirma que “el gobierno de Peña Nieto quería saber qué indicios criminales había contra su antiguo colaborador y presunto financiador de su campaña electoral”.
El 22 de enero, el juez Pedraz dejó en libertad provisional a Moreira; finalmente, el 3 de febrero el ex presidente del PRI abandonó España con su esposa y regresó a México.
La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción de España pidió reabrir la investigación contra el ex presidente del PRI, al recurrir el auto judicial del juez Santiago Pedraz, quien había sobreseído el caso.
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