E
n la lucha contra el crimen organizado desde el gobierno federal, tenemos que acostumbrarnos al nuevo lenguaje, útil para maquillar la realidad, pero en el fondo ineficaz, a los nuevos tipos penales que no están en los códigos, pero que aparecen en noticias amarillistas de radio y televisión; a lo que no podemos acostumbrarnos es al rompimiento tan reiterado del estado de derecho. El caso de la diputada local de Sinaloa Lucero Sánchez López es un botón de muestra; fue detenida en Culiacán cuando circulaba en un vehículo con sus hijos pequeños, con lujo de violencia y trasladada a mil kilómetros para ser interrogada como testigo.
Tal como se ha descrito en los medios de comunicación, se trata sin duda de una privación de la libertad, pues una cosa es citarla primero, lo que parece que no se hizo y presentarla después ante la procuraduría, y otra muy distinta es cerrarle el paso sin previo aviso, amenazarla con armas de fuego, mantenerla varias horas en su propia camioneta incomunicada para luego llevarla a declarar cuando podía haberlo hecho en su propia ciudad de residencia y ante la delegación federal que allí existe. Lo que los medios nos muestran es otra cosa; un mensaje claro, nos gritan en la cara: nosotros, los del sistema, podemos hacer lo que sea, somos más fuertes que la ley y nuestras acciones responden sólo a las órdenes de quienes pueden decidir.
No conozco a la diputada, no sé de su conducta más allá de lo que los medios han informado. Posiblemente haya cometido delitos y faltas, pero eso no es lo importante; se trata de una diputada local que goza del fuero constitucional correspondiente a su cargo. Detenerla tan brusca y arbitrariamente, sin que en el momento de la detención hubiera flagrancia o peligro, impedir su libre tránsito, amagarla apuntándole con armas, sólo se explica porque las autoridades federales se sienten por encima de los derechos humanos y responden, en casos como éste, a razones mediáticas y quizá a un espíritu de venganza por la burla que fue para ellas que un delincuente, probablemente amigo de la detenida, haya burlado una cárcel de máxima seguridad.
No sé si sea culpable o no, si visitó a El Chapo con nombre e identificación falsos y si es cómplice de narcos; esto no es el asunto de fondo. Por lo pronto la llevaron tan sólo como testigo; sin embargo, hay otra lectura posible de los hechos: el trato que se le dio a la representante popular es un mensaje para todos. Si una diputada es atropellada de esa manera, qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes.
Si existen pruebas en su contra, lo apegado a derecho hubiera sido, con ellas iniciarse un juicio de procedibilidad en los términos del artículo 110 de la Constitución, que es claro y no deja lugar a dudas. Una legisladora o un legislador para ser sometidos a proceso penal deben pasar antes por ese juicio de procedibilidad o desafuero, y si se les detiene arbitrariamente se viola el estado de derecho y se atenta en contra de su seguridad jurídica personal y del orden legal en general.
No importa contra quién se cometa el atropello. Lo perverso y lo negativo es que se proceda como se hizo y todos nos callemos. Como una gran mancha se extiende sobre el país el concepto equívoco del
derecho penal del enemigo, que el gobernador Montiel del estado de México definió hace unos años con una frase lapidaria e incompleta: “Los derechos humanos –expresó– son para los humanos, no para las ratas”. Lo que le faltó decir, pero lo llevó a cabo y lo hacen otros, es el complemento de esta expresión que es el siguiente: “…y yo defino quiénes son las ratas y quiénes no”.
Si ese criterio continúa y se extiende cualquiera puede ser detenido o levantado; no hay diferencia, cualquiera puede ser considerado enemigo, con razón o sin ella y también corremos el otro riesgo de toparnos de pronto ante nuevos supuestos penales, como el de “presunta amiga de El Chapo” y entonces la espada de Damocles estará siempre pendiente sobre todos nosotros los ciudadanos. No se cuál será la suerte futura de la para mí desconocida diputada, pero veo el grave peligro de que la descomposición social continúe y la violación a los derechos humanos se convierta en una forma cotidiana en las relaciones entre gobernantes y gobernados. Así andamos de mal en lo político, lo económico, en la justicia y en la seguridad.
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