Hace una semana exactamente Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), firmó un polémico nuevorégimen de pensiones para los trabajadores de Pemex, que implicó un incremento en los años de los trabajadores para lograr su jubilación.
El acuerdo levantó dudas entre los especialistas, que cuestionaron la falta de transparencia en la movida, pero esos señalamientos quedaron marcados a fuego hoy, al conocerse una cláusula que habilitó la transferencia de mayores fondos desde la compañía hacia las arcas del sindicato que comanda Romero Deschamps.
Según los datos que publicó El Financiero, en el acuerdo se estableció que el Comité Ejecutivo General (CEG) del Sindicato recibirá más de 380 millones de pesos desde el 1 de agosto pasado -en forma retroactiva-. Muy superior a los 192 millones de pesos pactados en el contrato anterior. El doble para ser exactos.
Al correr la noticia, muchos trabajadores comenzaron a mostrar su enojo: las autoridades del sindicato recibirán más dinero, al tiempo que firmaron un convenio que perjudica las condiciones de jubilación de miles de trabajadores. Pero esa no es la única lectura.
Para el abogado laboral y académico de la UAM-Azcapotzalco, Manuel Fuentes, el peligro con este incremento en los giros de dineros al sindicato es que “cuando el dinero pasa a las arcas sindicales se pierde el control del destino de esos recursos".
Raúl Bestard, secretario ejecutivo del disidente Sindicato Nacional de los Trabajadores de las Empresas Productivas del Estado, Petróleos Mexicanos Subsidiarias y filiales (SNTEPEPM), conversó con La Política Online sobre las sospechas que abre esta negociación.
"No son contratos que se estén hablando abiertamente. Ese dinero no tiene una dirección, no se puede ver que vaya a estar destinado a las jubilaciones", apuntó el sindicalista. Y consideró que esos recursos pueden tener dos destinos: “O es una partida para apoyar la campaña de Osorio Chong o es para liquidar el resto del contrato colectivo".
Pero, ¿por qué el líder gremial disidente mencionó la campaña de Miguel Ángel Osorio Chong? La explicación de Bestard es simple: "Las cláusulas del nuevo contrato colectivo del trabajo se firmaron por Víctor Díaz, director Corporativo de Administración y Servicios de Pemex, y por Fernando Navarrete, secretario del Interior, Actas y Acuerdos del STPRM".
"En cambio, la negociación relativa a este nuevo y enorme giro de dinero al Sindicato de Petroleros fue cerrada entre Emilio Lozoya, Romero Deschamps y el propio Osorio Chong", fundamentó el sindicalista rebelde.
Para Bestard, estos detalle demuestra que todas las conversaciones tuvieron elementos inusuales: "Por ejemplo, tampoco estuvo presente el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Ni se presentó, cuando es una competencia clara de su función".
"Esa partida no se justifica de ninguna manera. Es incongruente que se aumento el dinero para el Sindicato, porque ellos no son los encargados de jubilar a los trabajadores. Los empleados son jubilados por la empresa", insistió Bestard.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
El antecedente Labastida
Las sospechas de los gremios rebeldes en torno a una jugada para alimentar de recursos a la futura campaña presidencial de Osorio Chong tiene un antecedente que no puede ser ignorado. "Esto ya pasó en 200 con Labastida Ochoa, cuando ocurrió el Pemexgate y se le otorgó al candidato del PRI una gran cantidad de dinero para su campaña", recuerda Bestard.
El escándalo apuntó al entonces director de la petrolera, Rogelio Montemayor Seguy, que transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del consejo de administración, dos cheques por 1,100 millones de pesos, que fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del tricolor.
Mediáticamente el tema fue abordado como el ‘Pemexgate’, haciendo referencia al fraude del político estadounidense Watergate, cometido por Richard Nixon en 1972. En México, el caso no sólo estuvo ligado a Montemayor, sino también a Romero Deschamps y Ricardo Aldana.
En el 2002 el caso llegó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y en 2003 la institución concluyó en el desvió de al menos 500 millones de pesos al PRI, imponiéndole una multa a Pemex por mil millones.
A los implicados les fueron adjudicados cargos como peculado, o robo de recursos del erario, sin embargo, años después obtuvieron amparos o fueron exonerados.
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