MÉXICO, D.F. (apro).- Autoridades agrarias de Santa María Ostula desmintieron la versión oficial sobre los hechos ocurridos el domingo 19 en esa comunidad indígena del municipio de Aquila, Michoacán, donde murió un menor de edad por disparos de arma de fuego.
En rueda de prensa en las instalaciones del Centro Prodh, Agustín Vera Ramírez, jefe de tenencia municipal y vocero de Ostula, desmintió que los militares que se desplazaron a esa región para detener al comandante de la policía comunitaria, Semeí Verdía, hayan hecho “disparos al aire”, como afirmó el mando especial para la Seguridad de Michoacán, Felipe Gurrola.
“Es una manera de justificarse, ellos podrán decir lo que quieran pero no fue así –insistió Vera Ramírez–; lo dicen para lavarse las manos, no hubo disparos al aire y tampoco disparos de nuestros compañero. Ellos (los militares) tiraron para que la gente se quitara (del camino), dispararon contra los civiles”.
De acuerdo con las autoridades comunitarias, por los disparos de los militares sobre el puente de Ixtapilla murió el menor Edilberto Reyes García, de 12 años, y resultaron heridos la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de 6 años; Edith Balbino Vera, Delfino Antonio Alejo Ramos, de 17; Horacio Valladares Manuel, José Nicodemos Macías Zambrano y Melesio Cristino Dirzio, de 60 años.
En compañía de Ezequiel Celestino Grajeda, presidente del Consejo de Vigilancia de los Bienes Comunales de Santa María Ostula, el vocero de la comunidad acusó de “traición” a los gobiernos federal y estatal, toda vez que la detención de su líder se dio en el contexto de una “cita que le hicieran el secretario y subsecretario de Seguridad Pública estatal (Javier Ocampo García y Adolfo Eloy Peralta) para una revisión de balística, que se realiza cada 15 días”.
Vera Ramírez denunció que durante la detención de Verdí, operativo en el que habrían participado unos mil integrantes de diferentes corporaciones policiales y fuerzas federales, los militares intentaron ocultar su procedencia.
“Cuando me acerqué a preguntarles a qué batallón pertenecían, decían el 85, pero en el uniforme decía clarito que eran del 86, seguro ya tenían planeado distraer con el número del batallón”, acotó.
También apuntó que la detención del comandante Verdía es ilegal toda vez que las armas que portaba, una AR-15 y un arma corta 9 milímetros, fueron proporcionadas por las mismas autoridades estatales, ya que formaba parte de la Fuerza Rural puesta en marcha por el excomisionado Alfredo Castillo; incluso, el líder comunitario cobraba como integrante de la corporación, y “tiene sus recibos de pago” que así lo acreditan.
Agustín Vera también mostró acuerdos firmados por los funcionarios de la SSP estatal, así como por el comisionado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Jaime Martínez Veloz.
En ambos documentos, fechados el 16 de marzo y 12 de junio pasados, se hace referencia a la grave situación de inseguridad que padece la comunidad y el compromiso al menos del gobierno michoacano de detener a “los principales líderes del crimen organizado”: Federico González Medina, El Lico, y Mario Álvarez López, El Chacal.
Además, acusó a las fuerzas armadas de estar coludidas con el grupo delincuencial de Los Caballeros Templarios, que han visto dañados sus intereses por la operación de la policía comunitaria.
De acuerdo con Vera Ramírez, El Lico y El Chacal se apropiaron de un terreno comunitario que en 2009 fue recuperado por los habitantes de Ostula, el cual habría sido utilizado para “bajar droga” y “enterrar gente, pues ahí había muchas fosas y cuerpos”.
En la pelea de los comuneros por conservar sus recursos naturales, recordó, 34 personas han muerto, entre ellas el niño de 12 años, y seis han sido desaparecidas, sin que haya visos de las autoridades por esclarecer los casos.
Luego aseguró que durante la confrontación con los habitantes de Ostula, el domingo 19, los soldados gritaban “¡Vivan Los Caballeros Templarios!”, al tiempo que insultaban a la población, la golpeaban con macanas y disparaban gases lacrimógenos y bombas de humo.
Agustín Vera contó que desde 2009, a petición de la Policía Comunitaria, se instaló un destacamento de la Marina, pero “les sirvió a ellos (los Templarios), porque llegaban a la comunidad entre 20 y 30 camionetas con gente armada, sacaban a la gente de sus casas, las mataba o se las llevaban, y los marinos no hacían nada, nada más llegaban a levantar a los muertos, decían que necesitaban una orden para actuar, pero se les veía con el jefe de plaza (González Medina) y con el cacique (Álvarez López), quienes se los llevaban a la playa o a sus casas, yo creo que para darles dinero”.
En la conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la Red TDT, Jorge Hernández, y Gerardo Camacho, del Grupo de Apoyo a la comunidad de Ostula, exigieron una investigación imparcial de los hechos violentos.
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