El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) entregó a Peña Nieto, el 27 de abril, el estudio que le fue encomendado sobre el tema “La justicia cotidiana”, nueva denominación de lo que se conocía como “la justicia de barandilla”, que es la que se impartía por un juez mixto de paz ante ilícitos civiles, mercantiles y penales de menor cuantía y gravedad que ocurrían en la convivencia comunitaria. El juzgador, de inmediato, atendía la demanda y llamaba con citatorio u ordenaba a la policía traer al probable responsable, desahogaba, en una audiencia, prueba y alegatos, y sentenciaba con prontitud. Podía ir desde una amonestación, imposición de multas y resarcimiento del daño hasta la privación de la libertad por cortos periodos. Si el delito era grave, lo turnaba a un juez del fuero común de primera instancia.
Esta justicia de “barandilla”, ahora llamada “cotidiana”, ha sido menospreciada porque se considera que no tiene importancia frente a delitos que generalmente, por su más alta cuantía de daño a la víctima en su patrimonio y, aun, en su integridad física, requieren más atención y dedicación del Estado. Así, los delitos menores, como conflictos o riñas entre vecinos, robos de objetos de bajo costo, despojos entre familiares, deudas, lesiones, acoso sexual y violencia intrafamiliar, etcétera, por su altísima frecuencia, son los que más afectan y dañan la vida de la sociedad. Estos, sin embargo, han perdido la prioridad como servicio público en el ramo de justicia, generando un daño permanente, e irreversible, en la sociedad.
La reciente creación del juez cívico fue un esfuerzo serio en el sentido de atender esa justicia cotidiana. La impresión es que no se le ha reconocido su gran importancia y, por consiguiente, no se le ha dado suficiente apoyo, por lo que se confirma la situación que denunció el CIDE en cuanto a la deficiencia crónica y creciente en la atención de este género de demanda de justicia y su trágica consecuencia en el sufrimiento de las familias mayoritarias de la sociedad.
En el “informe y propuestas sobre justicia cotidiana en México” que elaboró el CIDE se consigna que entre 99 países estudiados, el nuestro ocupa el lugar 79, lo que revela el grado de atraso en este importante y vital factor de medición de la calidad de vida de los pueblos. Es, también, un detector del nivel de responsabilidad de la esfera política de nuestros tiempos que pone más interés en aspectos que puedan publicitarse para atrapar incautos antes que acercarse a la cruda realidad de lo que se vive en los niveles inferiores de la base de la pirámide de ingresos de la sociedad.
El abandono de la justicia cotidiana no es sólo la incuria de la autoridad política, sino el siguiente ingrediente -que también el CIDE había revelado anteriormente-, el alto nivel de corrupción que prevalece y se expande, haciendo víctimas de ello a los que acuden como víctimas de un tercero, lo que se conoce como la revictimización. De ésta suerte, el calvario de la pobreza se vuelve insufrible. Hasta en la recepción de denuncias en el Ministerio Público, éstas se clasifican en función de su monto y gravedad, eludiendo las menores y más frecuentes, que deberían conducirse para conciliar a las partes. Ello, no pocas veces, acaba en una frustración porque se requiere dedicación, tiempo y especialidad, de la que no se dispone en las agencias investigadoras.
El reciente sistema alternativo de justicia constituye otra instancia nueva que se intenta reproducir para evitar saturación y costo de los procesos legales, cuya duración es cada día más prolongada. La tendencia aquí, y en muchas partes del mundo, en la que un árbitro calificado dirime el conflicto y, de haber acuerdo entre las partes, concluye con un acuerdo judicial válido, es un camino viable que, no obstante, es inalcanzable para las más comunes y frecuentes controversias cotidianas que se suceden en la vida ordinaria de todas las sociedades.
El país ha trastocado sus prioridades. La administración recta de la justicia, con la preservación de la paz pública, es la razón existencial del Estado y es, precisamente, la que en México se ha postergado. Habitualmente sólo se piensa en democracia en relación con la materia electoral, pero en la escala democrática de valores, la justicia debería prevalecer porque es condicionante del resto de las funciones estatales, como la rectoría económica, recaudación fiscal, educación y servicios, etcétera, ya que todas estas se desempeñan con mayor o menor grado de calidad y eficiencia en cuanto a que se imparta justicia verdadera y no exista impunidad. En esencia, significa dar vigencia plena el Estado de derecho.
Tal posibilidad, debe, honestamente, decirle el CIDE a Peña Nieto, nunca será posible si no se predica con el ejemplo. La injusticia cotidiana se convierte en modus operandi, medio de control y reducción de libertades mientras se mantengan intocables e impunes los privilegios del poder y la riqueza. Esta incongruencia e inmoralidad se trasmina a toda la administración pública, que la replica inercialmente. Hace apenas unos días, el colectivo “Sin maíz no hay país” declaraba que la demora de 22 meses para resolver la demanda de amparo contra el maíz transgénico en México es el arma del poder para agotar la capacidad del pueblo y hacer prevalecer la injusticia cotidiana contra cualquier resistencia.
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