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| Virgilio Andrade, titular de la SFP. Foto: Benjamin Flores |
MÉXICO, D.F. (apro).- El 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados aprobó cambios a la administración pública federal, y a través de ese documento –elaborado desde la oficina para la transición gubernamental— se busca poner a salvo Enrique Peña Nieto de futuras acusaciones una vez concluido su gobierno.
Evitar denuncias, como las que hoy enfrenta Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de diversos delitos, entre ellos el de lesa humanidad, fue el objetivo de la reforma.
El artífice de ese halo protector a Peña Nieto es quien hoy el propio Ejecutivo federal ha designado como “zar anticorrupción”: Virgilio Andrade Martínez, según revelan algunos políticos.
Es el mismo funcionario que ya tendría que estar hurgando en los contratos de adquisición de residencias celebrados entre Angélica Rivera, Luis Videgaray y Peña Nieto con proveedores gubernamentales como Armando Hinojosa Cantú, dueño del consorcio Higa, así como de la familia San Román, propietaria de la constructora CUISA.
Antes de incorporarse a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el 10 de diciembre de 2012, Virgilio Andrade Martínez estuvo trabajando en la nueva ingeniería de la administración pública, y fue él quien en su afán salvador de Peña Nieto creó un supersecretario de papel.
Entre los cambios importantes a la administración pública no sólo estuvieron la desaparición de la Reforma Agraria y la Secretaría de la Función Pública (SFP), además se le dieron poco más de 40 atribuciones al secretario de Gobernación, entre ellas:
“…coordinar, por acuerdo del presidente de la República, a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la administración pública federal; convocar a las reuniones de gabinete; acordar con los titulares de las secretarias de Estado” y tener bajo su cargo la Secretaría de Seguridad Pública federal.
El objetivo final de esos cambios no fue dar una nueva fisonomía para ordenar el desastre administrativo realizado durante los gobiernos panistas, sino más bien proteger a Peña Nieto.
Virgilio Andrade Martínez concentró las actividades en el secretario de Gobernación, y así, las acciones emprendidas por la Policía Federal (PF) y todas las tareas de seguridad de los mexicanos recayeron sobre Osorio Chong.
Por ejemplo, una de las facultades del secretario de Gobernación, que Virgilio Andrade Martínez confeccionó, es proponer al presidente de la República el nombramiento del titular de la Comisión Nacional de Seguridad y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
¿Por qué crear un supersecretario de Estado y restar facultades al Ejecutivo federal? Es de suponer que para evitar problemas como los que Calderón Hinojosa enfrentó un año antes de concluir su administración y juicio que, en caso de prosperar, lo llevaría al banquillo de los acusados ante la Corte Penal Internacional.
En noviembre de 2011, el abogado Netsaí Sandoval, respaldado con 23 mil firmas, denunció ante la CPI a Calderón por el delito de lesa humanidad cometido en el marco de la llamada guerra contra el narco y que tuvo como consecuencia homicidios de civiles en retenes militares, desapariciones forzadas, la tortura como mecanismo para lograr autoinculpaciones y ejecuciones extrajudiciales.
De no ser por los cambios a la administración pública federal, recaería en Peña Nieto mucha de la responsabilidad, sin embargo, en caso de que algún ciudadano, colectivo o abogado pretenda acusarlo por los casos de Ayotzinapa o Tlatlaya, sería el secretario de Gobernación quien tendría que afrontar las consecuencias y no el titular del Ejecutivo.
Y así como Peña Nieto ordenó a Virgilio Andrade mover las piezas para liberarlo de toda culpa ante posibles denuncias, el propio Peña hace lo posible por salvar a su antecesor, Felipe Calderón, ante la Corte Penal de La Haya, según dio cuenta el reportero Jorge Carrasco en la edición 1966 de Proceso, actualmente en circulación.
El encargado de Los Pinos nombró el martes 3 a Virgilio Andrade como nuevo “zar anticorrupción”, así la dependencia que el propio Virgilio propuso desaparecer, sustituyéndola por un nuevo sistema anticorrupción, que no acaba de ser aprobado en el Congreso de la Unión, es la que hoy encabeza el también exconsejero del desaparecido IFE.
Así, corresponde a la Función Pública vigilar que los funcionarios, desde el presidente hasta una secretaría de gobierno, actúen con ética, no realicen negocios al amparo de su cargo, no obtengan beneficios personales a cambio de prebendas a proveedores, como por ejemplo licitaciones a cambio de casas a bajo precio.
El titular de la SFP tendría pues que estar ya investigando el posible conflicto de interés de Peña Nieto y Luis Videgaray al haber adquirido casas de proveedores gubernamentales que han ganado jugosas licitaciones. Tendría que estar analizando si las declaraciones de impuestos de Rivero Hurtado coinciden con sus ingresos, y no sólo los reportados, sino también los que obtenía antes de ser la novia y luego esposa del presidente de México.
Y fue el propio Peña Nieto quien ordenó de manera pública al flamante titular de la SFP, el 3 de febrero, que lo investigara a él, a su esposa y a Videgaray, pero el propio Virgilio Andrade abdicó de sus obligaciones al aclarar que no hurgará en la adquisición de las casas, que tan sólo investigará si los contratos dados por el gobierno a Grupo Higa y a San Román (CUISA) fueron otorgados respetando la normatividad. ¡Que manera de esquivar su responsabilidad!
Pero Virgilio Andrade no sólo protegió a Peña Nieto ante posibles y futuras denuncias por desaparición forzada, delitos de lesa humanidad o ejecuciones extrajudiciales por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa sino que además, es él quien dice que no indagará el tema de las mansiones, es decir, le lava la cara públicamente a Peña Nieto.
¿Qué podemos esperar de Virgilio Andrade en materia de investigación?, poco o nada, definitivamente.
Twitter: @jesusaproceso
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