La Procuraduría tomó como prueba los testimonios de los policías que los detuvieron; asimismo, consideró que pertenecen a un "grupo colectivo subversivo" porque entre ellos se decían "compas".
Foto: Cuartoscuro.
Con esos argumentos, la fiscalía consignó a los inculpados por los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa y los trasladó a penales de máxima seguridad.
Además, al expediente la Procuraduría decidió no agregarle ninguna prueba gráfica (fotografías o videos) que probara la participación de los acusados en los hechos violentos, a pesar de que le había ofrecido al juez hacerlo.
Los elementos que incluyen las consignaciones de los 11 detenidos fueron confirmados por funcionarios del Poder Judicial, quienes explicaron que la prueba principal que la PGR presentó ante el juzgado 17 de distrito con sede en Veracruz son los testimonios de los propios granaderos.
De hecho, la consignación trae fotografías de cada uno de los acusados tomadas en las instalaciones de la SEIDO (y no en el Zócalo, durante los enfrentamientos), mismas que fueron mostradas a los granaderos del DF que participaron en los hechos.
Los policías aseguraron que todos los detenidos habían participado “en las agresiones y ataques a Palacio Nacional y al grupo de seguridad que custodiaba las instalaciones”, el pasado 20 de noviembre.
Los mismos funcionarios confirmaron que en los expedientes se asienta, textualmente, que estas 11 personas pertenecen a “un grupo colectivo subversivo”, como prueba el hecho de que “entre ellos se decían compas”.
Por otra parte, cinco policías federales declaran haber detenido en flagrancia a los once detenidos. El Ministerio Público sostiene incluso que una de estas personas jaló de entre los miembros del destacamento a un policía, golpeándolo mientras incitaba a otros a causarle daño.
A decir de los abogados de los detenidos, los delitos de tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa se sustentan en escasa y endeble evidencia. Además, explicaron que la acusación se basa sólo en la declaración de los cinco policías y el hecho de que varias de las once personas confesaron haber estado en la marcha. Tres personas reservaron su derecho a declarar lo cual, a pesar de ser un derecho de toda persona acusada, se considera como indicativo de su responsabilidad.
La evidencia de que los eventos tomaron lugar es también escasa. Hasta el momento de la consignación, las lesiones del policía agredido no fueron certificadas y no existen rastros de los petardos, piedras y palos utilizados pues al intentar recuperar esta evidencia la plancha del zócalo ya había sido limpiada. En ninguno de los detenidos se encontraron rastros de explosivo o detonación alguna.
Sin embargo, afirmaron, no sólo se establece que estas once personas participaron en los supuestos hechos, sino que se concluye que lo hicieron con la intención de quitarle la vida al policía, para lo cual, toman como pruebas que los acusados gritaban consignas tales como “muera Peña” “muera el PRI” y “mueran las instituciones”.
Adicionalmente, los policías federales afirman haber escuchado que la persona que jaló al policía gritó “vamos a matar a ese pinche perro”. La tentativa de homicidio –razona la autoridad– también se configura dado que toda persona sabe que un mal golpe en la cabeza puede causar la muerte.
Para los abogados, existe una gran preocupación por la pobreza y escasez de la evidencia utilizada para privar de la libertad a estas once personas aumenta a la luz del contexto en el cual se desarrollan las detenciones.
Múltiples testimonios refieren a acciones generalizadas de detención arbitraria la noche del 20 de noviembre. En este contexto, para la defensa de losjóvenes genera particular preocupación que los detenidos fueron negados del libre acceso a una defensa en las primeras y vitales horas de su detención. No ha sido sino hasta después de haber sido consignados y trasladados a un penal de máxima seguridad en los Estados de Veracruz y Nayarit que las once personas detenidas han podido libremente ejercer su derecho a una debida defensa.
Las conclusiones contra los detenidos se basan en un informe rendido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) adscrito a la PGR sobre la existencia de grupos anarquistas en México, aunque dicho informe no vincula de manera alguna a los detenidos con dichos grupos. También se basa en un informe emitido por la División de Inteligencia de la Policía Federal sobre investigaciones realizadas a una persona presuntamente responsable de acciones anárquicas y violentas, quien tampoco se vincula de manera alguna con los detenidos.
Los abogados defensores de los 11 inculpado tuvieron finalmente acceso a estos expedientes, pero sólo de forma parcial y sin que se les entregaran copias certificada.
Con base en lo que pudieron revisar, los abogados de 7 de los 11 detenidos -consultados por Animal Político- el pasado 20 de noviembre, aseguran que la pruebas que aporta la Procuraduría General de la República “carecen de sustento y son totalmente cuestionables”.
“Las pruebas que están aportando son forzadas y en las que todo está sustentado en dichos de los policías” asegura Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).
Jiménez declaró que en el expediente las autoridades acusan a los detenidos de formar un colectivo subversivo y justifican el uso de la fuerza que empleó el grupo de granaderos el pasado jueves 20 de noviembre al desalojar la plaza de la Constitución.
“Justifican la lesiones a los detenidos porque supuestamente golpean sus escudos con la cabeza. Acusan que todos formaban parte de un colectivo que buscaba agredir. Pero ni interviniendo sus cuentas de Facebook lograron acreditar esto” señaló el litigante.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODDI) y la organización juvenil Cauce Ciudadano tomaron formalmente la defensa de lo detenidos, después de que el fin de semana autoridades les negaran escoger a los abogados de su confianza.
La abogada de la ANAD, Karla Michel aseguró que dentro del expediente de los 11 detenidos, los policías mienten en su declaraciones.
“Policías federales señalan haber detenido a los jóvenes cuando fueron los policías del Gobierno del D.F. quienes los detuvieron, lo cual es grave porque están incurriendo en falsedad de declaración” explicó Michel.
La defensora mencionó que en la acusación de asociación delictuosa, la PGR recurre a “un informe de 2011 de inteligencia, que habla sobre la existencia de grupos anarquistas en el país que están contra el capitalismo y la nanotecnología”.
En el caso del detenido de nacionalidad chilena, Laurence Maxwell Ilabaca, “han tratado de caracterizarlo como el más violento de todos, por el activismo que en algún momento desempeñó en su país” dijo Karla Michel, quien asegura que la ANAD mantuvo contacto con familiares desde Chile y llevará ahora su defensa.
En el caso, por ejemplo de Hillary Analí González Olguín “aportan como pruebas: fotografías de su celular de marchas en la Ciudad de México y que durante la manifestación las personas gritaban consignas contra el Presidente Enrique Peña Nieto” informó Jesús González Alcántara, integrante del el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
De acuerdo con el IMDHD y la ANAD, se solicitó la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para la aplicación del “Protocolo de Estambul”, un herramienta que permite documentar y combatir la tortura mediante procedimientos como exámenes médicos y realización de entrevistas a detenidos.
“Ahí señalamos no sólo la tortura de la detención, sino durante el traslado a la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) y de la SEIDO a Veracruz” indicó la litigante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos
Las tres mujeres detenidas tras la jornada de protestas el pasado 20 de noviembre en la Ciudad de México, Hillary Analí González Olguín, Tania Damián Rojas y Liliana Garduño Ortega permanecen bajo la defensoría de oficio porque los abogados no han podido trasladarse al Centro Federal Femenil “Noroeste” ubicado en Tepic, Nayarit.
Por su parte Francisco García Martínez, detenido también durante el desalojo del Zócalo el pasado 20 de noviembre, manifestó su deseo de mantener al abogado de oficio que le fue asignado, de acuerdo con la abogada Karla Michel.
**Nota publicada el 25 de noviembre.
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