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| Peña en el pleno de la ONU. Foto: Xinhua / ONU |
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto declinó hoy abordar la presunta ejecución extrajudicial de 21 personas en Tlatlaya, Estado de México, y remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) para que responda las interrogantes sobre el caso.
En su primera declaración pública sobre la masacre de Tlatlaya, reputada por sobrevivientes como una ejecución extrajudicial, Peña Nieto sólo aseguró que esa instancia realiza la investigación sobre los hechos.
“La PGR está ahondando la investigación y será la instancia que dé respuesta a este tema”, dijo el mandatario de acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), que lo abordó al salir de un encuentro con otros mandatarios latinoamericanos integrantes del Grupo del Pacífico.
La revista Proceso 1977, actualmente en circulación, presenta un reportaje en el que se documenta la forma en que, precisamente, la presión del gobierno de Estados Unidos orilló al de México a aceptar abrir el caso y explicar lo ocurrido.
Esto, luego de diferentes testimonios recogidos por organizaciones de Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), así como de medios de comunicación, con sobrevivientes de la masacre quienes aseguran, la del 30 de junio, fue una ejecución extrajudicial y no un tiroteo entre militares y sicarios como ha sostenido la versión oficial.
El texto publicado por el semanario informa que “después de callar durante casi tres meses, la administración de Enrique Peña Nieto tuvo que reaccionar ante la evidencia: todo indica que un grupo de soldados ejecutó extrajudicialmente a 21 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
“Un reportaje de la revista Esquire, difundido de manera simultánea el miércoles 17 en la página electrónica de ese medio y en la de Proceso, provocó que el gobierno de Estados Unidos exigiera a las autoridades mexicanas ‘una explicación creíble’ acerca de la matanza. Así, lo que no consiguieron las fundamentadas denuncias de Human Rights Watch y Aministía Internacional lo logró Washington: orillar a la Secretaría de la Defensa y a la PGR a declararse ‘dispuestas’ a investigar”.
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