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| Los ataudes de Magdalena y Elías Reyes Salazar frente a la Fiscalía General de Chihuahua en febrero de 2011. Foto: Ricardo Ruíz |
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La adversidad persigue a la familia Reyes Salazar en su exilio obligado al estado de Texas, luego de las amenazas de muerte recibidas por parte del crimen organizado en esta entidad.
Marisela Reyes, cabeza de una de las 10 familias que tuvieron que solicitar al gobierno estadunidense asilo político, luego de que cuatro de sus hermanos fueron asesinados y dos más fallecieron por enfermedad, teme perder las 20 propiedades que posee en el municipio de Guadalupe, en el Valle de Juárez, una de las zonas ricas en gas shale.
“Ahora sabemos que el presidente municipal que entró, anda viendo que no hemos pagado predial, pero abandonamos por seguridad. Nos han dicho que anda moviendo para recoger esas propiedades, quieren agarrarlas y venderlas o darlas a gente del pueblo, estamos viendo quién nos ayuda a arreglar eso”, dice.
Sin embargo, no descarta que se trate de una estrategia para despojarla de sus propiedades. Cuenta que cerca del puente internacional Guadalupe-Tornillo, actualmente en construcción, se encuentra San Jerónimo, donde empresarios como Eloy Vallina Lagüera ha comprado tierras, con el apoyo del exgobernador Patricio Martínez García.
“Por la carretera que va a bajar hasta Ojinaga, cerca del nuevo puente, están las propiedades de mi hermana Ruth, la mayor. Van a tener que tumbar ahí y se van a adueñar. El gobernador Duarte le prometió a mi mamá (Sara Salazar) que iba a ayudar… en la ciudad de México le dijo que iba a ver la negociación para vender porque sabemos que nosotros no vamos a volver”, asegura.
De acuerdo con datos de la presidencia municipal de Guadalupe Distrito Bravos, la violencia ha desplazado a cerca de 16 mil personas, ahora sólo permanecen 2 mil 500.
Sin respuesta de la CNDH
En diciembre del año pasado, cuando la familia Reyes Salazar conoció la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los siete asesinatos de sus familiares, del desplazamiento forzado del resto de la familia y de las diversas violaciones que sufrieron en sus derechos fundamentales, volvieron a tener esperanza.
Ahora, sin embargo, no les toman ni la llamada telefónica.
Desde Texas, Marisela Reyes Salazar recuerda la resistencia de la familia a dejar su tierra natal, a pesar de las múltiples amenazas de muerte.
Primero se trasladaron al Distrito Federal y hasta allá llegaron las amenazas. Después de esa experiencia, decidieron solicitar asilo político al gobierno estadunidense y se instalaron en Texas, donde actualmente residen 40 familiares.
“La mayoría ya tiene asilo, algunos tienen residencia permanente porque después de un año, aplicaron. Ha sido difícil porque mucha gente no podía entender por qué había mexicanos pidiendo asilo. Es duro porque fuimos discriminados en las mismas oficinas de Estados Unidos. Llegamos con lo que traíamos puesto y con miedo de lo que iba a pasar. No traíamos actas de nacimiento y no había nadie allá (en Guadalupe) que nos las enviara”, recuerda Marisela Reyes.
En las oficinas de migración les advertían que si no los aceptaban como asilados, jamás podrían pasar de nuevo a Estados Unidos.
Para lograr su cometido, contaron con la ayuda de un amigo personal de la familia y de Alan García, coordinador de la unidad jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El primero en obtener el asilo político fue su hermano Saúl, en el 2012. Posteriormente, comenzaron a llegar permisos de trabajo para varios integrantes de la familia, pero aun así es difícil.
El trabajo es escaso y duro. “Varios trabajan con el azadón para sembrar maíz y algodón, otros trabajan quitando papel de los techos de las casas. “Trabajan doce horas seguidas y les pagan 8 dólares la hora, que parece que es mucho pero la vida acá es cara. A los americanos que trabajan en lo mismo, les pagan 20 dólares la hora”, comenta Marisela.
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