El plan de infraestructura federal para 2015 implica un desembolso histórico. Para el siguiente año –cuando se renovará el Congreso y nueve gubernaturas– el gobierno propone gastar casi 50 mil millones de pesos en obras como el nuevo aeropuerto del DF y un tren bala a Querétaro. Pero como la economía mexicana está prácticamente estancada, esa fiebre constructora deberá pagarse con dinero prestado. Si la administración de Enrique Peña Nieto no ha manifestado mayor talento para dinamizar las finanzas nacionales, sí lo ha mostrado para endeudarse: en sólo dos años contrató créditos por un billón 235 mil millones de pesos.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está por dar otra prueba del regreso del viejo PRI al mando del país. En 2015 –año electoral, en el que se renuevan nueve gubernaturas estatales, 17 congresos locales, la Cámara de Diputados federal y las alcaldías de 16 entidades– destinará centenas de millones de pesos para construir grandes obras de infraestructura de “alto impacto social”.
Ya las había anunciado el presidente Peña Nieto el martes 2 con ocasión de su segundo informe de gobierno, y en el paquete económico para 2015, entregado a las cámaras legislativas el viernes 5, se determina lo que se gastará en esas obras.
Para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se proyectan 16 mil 200 millones de pesos, y para la construcción de los trenes de pasajeros México-Toluca, México-Querétaro (de alta velocidad) y el tren eléctrico de Guadalajara se piden 15 mil 100 millones de pesos.
Tan sólo esos proyectos consumirán 31 mil 300 millones de pesos: 65% del total de 48 mil 300 millones que plantea destinar a los proyectos de “alto impacto social”, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente año.
Los restantes 17 mil millones de pesos se ocuparán para emprender –entre otras obras de alto rédito electoral– la extensión de la Línea 4 del Metro, de Martín Carrera, en el Distrito Federal, a Ecatepec, en el Estado de México; la expansión de la Línea A del Metro, de La Paz a Chalco, en el Estado de México; la extensión de la Línea 9, de Tacubaya a Observatorio, en el Distrito Federal, y la ampliación de la Línea 12, de Mixcoac a Observatorio, en el Distrito Federal.
“En total –dijo Peña Nieto el martes 2– estos cuatro proyectos de transporte masivo en el Valle de México tendrán una longitud de 43.5 kilómetros, y mejorarán la calidad de vida de nueve millones de personas. Esto significa que el Sistema de Transporte Colectivo Metro tendrá un crecimiento de casi 20%.”
De fiado
El problema es que todas estas obras se harán con dinero prestado. El letargo en que se ha mantenido la economía nacional en el actual gobierno –con una tasa de crecimiento económico promedio aun más baja que el “crecimiento mediocre”, de 2.4% en los últimos 33% años, al que tanto se refiere Luis Videgaray, el secretario de Hacienda– no da para una mayor generación de ingresos propios.
Tampoco bastó la reforma fiscal que entró en vigor este año y que crispó los ánimos de empresarios y contribuyentes en general.
Paralelamente, el próximo año habrá una caída en los ingresos petroleros por cerca de 91 mil 500 millones de pesos, debido a una baja sustancial en la producción de crudo, en la exportación y en el precio de la mezcla mexicana. Así se admite en el paquete económico 2015 y, de hecho, lo reiteró Videgaray en sus comparecencias ante diputados y senadores, la semana pasada.
El entorno macroeconómico contenido en los Criterios Generales de Política Económica para 2015, parte fundamental del paquete económico, muestra severos cambios en las previsiones de precios, producción y exportación de petróleo.
En las proyecciones de marzo pasado –en los llamados “precriterios” que por ley debe entregar Hacienda a la Cámara de Diputados– se establecía un precio promedio para la mezcla mexicana de crudo de 89 dólares por barril para 2014 y de 75 dólares en 2015. Ahora se prevé que, en 2014, la mezcla promedie 94 dólares por barril y en 2015 en 82 dólares.
No obstante, respecto de la plataforma de producción de crudo, en marzo se estimaba un promedio de 2 millones 520 mil barriles diarios durante 2014, lo que aumentaría a 2 millones 620 mil barriles por día. Ahora el gobierno cree que las cifras serán menores: 2 millones 350 mil barriles diarios en este año y apenas 2 millones 400 mil barriles en 2015.
Igual ocurre en materia de exportación de crudo: la estimación previa era, para 2014, de un millón 170 mil barriles diarios, y ahora es de un millón 115 mil barriles. Para 2015 la estimación anterior era exportar un millón 240 mil barriles, y se derrumbó a un millón 90 mil barriles por día.
En suma: el gobierno de Peña Nieto espera para 2015 menos producción y menos exportaciones justo en el año de arranque efectivo de la reforma energética. Y sus bajas expectativas son, en realidad, más amplias: prevé un crecimiento económico de 3.7% en 2015, un punto porcentual por debajo del 4.7% estimado en marzo.
En contraparte, durante sus comparecencias de la semana pasada, el secretario de Hacienda insistió en que los indicadores macroeconómicos señalan que “la economía da muestras ya de un mayor dinamismo y México se encuentra en una clara ruta hacia el crecimiento”. El siguiente sería el año de despegue de la economía nacional.
La ley chueca
En la Iniciativa de Ley de Ingresos 2015, contenida en el paquete económico, el Ejecutivo solicita al Congreso de la Unión que le autorice un endeudamiento por 641 mil 510 millones de pesos (3.5% del Producto Interno Bruto estimado para 2015), superior a los 620 mil 415 millones de 2014, que también representan 3.5% del PIB estimado para este año.
Ese apalancamiento es justamente la diferencia entre ingresos y gastos del sector público, es decir, el déficit público. Dicho de otro modo: se gastarán 641 mil 510 millones de pesos más de lo que ingresará a las arcas públicas… con todo y la reforma fiscal y las otras reformas estructurales.
Pero la solicitud de un déficit de 3.5% para 2015, cuando debía ser de 3% por ley, la hace Hacienda manipulando cifras y torciendo la propia norma, según el doctor en Historia Económica Juan Moreno Pérez, asesor por más de 20 años de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados.
En un análisis elaborado para los legisladores, una copia del cual proporcionó a Proceso, el economista por la UNAM y posgraduado de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), explica cómo Hacienda “tuerce” la ley y manipula cifras para lograr que el Congreso le autorice más recursos, para compensar la caída en los ingresos petroleros y disponer de dinero para obras con un claro sesgo electoral:
“La propuesta del Ejecutivo de mantener el déficit en 3.5% del PIB, por segundo año consecutivo es, tal vez, el rasgo más importante que se incluye en el Paquete Económico para 2015.
“Como se puede recordar, para 2014, el Congreso le aprobó al Ejecutivo su proyecto de incurrir en un déficit de 3.5% del PIB, como medida contracíclica, ante el estancamiento que se registraba en la actividad económica. Pero, como se señala en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), cuando el Congreso autoriza un déficit presupuestal, se debe señalar también el número de ejercicios fiscales en que se buscará eliminarlo, para regresar al equilibrio presupuestario.
“Además, al déficit de 3.5% del PIB, aprobado para 2014, se le descontó un 2% del PIB, correspondiente a la inversión de Petróleos Mexicanos, como lo estipula también el citado artículo 17 de la LFPRH. Así, el déficit “legal” se situó en sólo 1.5% del PIB, con el compromiso del Ejecutivo de realizar acciones para irlo disminuyendo durante los tres siguiente años, a un ritmo de 0.5% del PIB cada año”, abunda el especialista.
“Con esos antecedentes, la propuesta de endeudamiento que se esperaba incluyera el Ejecutivo en su paquete para 2015, era de una magnitud de 3.0% del PIB, la cual, al deducirse el 2.0% de la inversión de PEMEX, que permite el citado artículo 17 de la LFPRH, situaría el déficit “legal” en 1% del PIB, cumpliendo así con el compromiso de reducirlo 0.5% del PIB cada año.
“Sin embargo, el Ejecutivo incluyó en el artículo 1º de su Iniciativa de Ley de Ingresos lo siguiente: ‘Para el ejercicio fiscal de 2015, el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.5% del Producto Interno Bruto, del cual 2.0% corresponde a Petróleos Mexicanos’.
“Así –retoma Juan Moreno–, al 2% del PIB correspondiente a la inversión de Pemex que el artículo 17 de la LFPRH permite no incluir en el cálculo del déficit considerado para las metas del “equilibrio” fiscal, el Ejecutivo propone añadirle otro monto de endeudamiento equivalente a 0.5% del PIB, el cual no se encuentra dentro de lo dispuesto actualmente en la ley, por lo que, en teoría, sólo se aplicaría para el ejercicio de 2015, al que corresponde la citada Iniciativa de Ley de Ingresos.
“Ese 0.5% del PIB, equivalente a 91 mil 588 millones de pesos, se utilizaría, de aprobarse la propuesta del Ejecutivo, de la siguiente manera: 43 mil 277 millones de pesos para financiar la inversión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y 48 mil 311 millones para proyectos de inversión incluidos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, los cuales se califican como ‘de alto impacto social’.
Juan Moreno Pérez –quien a mediados de los años 80 trabajó en la hoy extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, que recibía a las misiones del Fondo Monetario Internacional encargadas de revisar con lupa el desempeño de la economía mexicana– se refiere al impacto de la propuesta de solicitar un déficit de 3.5% del PIB para 2015.
En entrevista, el economista señala que el mismo artículo 17 de la LFPRH obliga al gobierno, a la hora de solicitar un mayor déficit (más endeudamiento) a explicar las “razones excepcionales” que lo justifican.
Para 2015, expresa, no hay razones excepcionales, pues según el gobierno la economía va viento en popa y el próximo año espera un mayor dinamismo.
En 2013 y en este año se justificaba un mayor déficit, admite, por el pésimo desempeño de la economía, que sólo creció 1.1% (contra el 3.5% pronosticado) y 1.7% en el primer semestre de este año, respectivamente.
Bien portados
En las comparecencias del secretario de Hacienda ante diputados y senadores, realizadas la semana pasada para glosar el segundo informe de gobierno y explicar el programa económico del próximo año, hubo el tradicional arreglo entre la bancada del partido en el gobierno, o un partido afín, y el titular de la dependencia, para que algunos legisladores le hicieran preguntas a modo al secretario para justificar sus decisiones de política económica.
La diputada priista Angelina Carreño Mijares, el miércoles, y el senador Carlos Alberto Puente Salas del Verde Ecologista, el jueves, le pidieron a Videgaray “abundar” en las consecuencias desastrosas que habría si se recortara el gasto público.
El funcionario respondió en ambas ocasiones: “Efectivamente el déficit público es un instrumento que los gobiernos de todo el mundo utilizan para alentar el crecimiento económico cuando la economía así lo requiere. Debemos reconocer que, si bien el país está creciendo, requiere todavía un impulso contracíclico, como le llaman los economistas, para lograr que lleguemos a los niveles de pleno empleo”.
Videgaray remató: “El no utilizar el déficit público en este momento sería probablemente un acto de gran irresponsabilidad, porque implicaría una fuerte contracción del gasto público en materias fundamentalmente de inversión pública, lo cual tendría consecuencias importantes no solamente sobre el crecimiento, sino sobre la creación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas”.
Es decir, ante la baja prevista de los ingresos petroleros –de magnitud importante, pero que no constituye una tragedia, como en 2009–, no se harán recortes al gasto público, “para no dañar a la población”, sino que se recurrirá a un mayor endeudamiento, según Videgaray.
El problema es que el gobierno de Peña Nieto ha empleado este recurso en una escala histórica. En menos de dos años aumentó la deuda pública total en 21%, al pasar de 5 billones 890 mil 846 millones de pesos al cierre de 2012, a 7 billones 125 mil 895 millones de pesos, según el anexo estadístico del segundo informe de gobierno.
Es decir, la actual administración le ha metido un billón 235 mil 49 millones más. Y a un ritmo vertiginoso.
En sus seis años de gobierno, Vicente Fox aumentó la deuda pública en 950 mil 162 millones, para dejarla en 3 billones 135 mil 339 millones de pesos. Felipe Calderón le agregó 2 billones 755 mil 407 millones, para dejar un total de 5 billones 890 mil 846 millones.
Pero Peña Nieto, en tan sólo año y siete meses de gobierno ya la tiene en casi 7 billones 126 mil millones.
La deuda que dejó Fox fue de 29% del PIB; Calderón, de 36%, y en lo que va del gobierno priista, ya es de 42%.
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