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| El gobernador de Texas, Rick Perry. Foto: AP / Eric Gay. |
MEXICO, DF, (apro).- Las diferencias entre el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador de Texas, Rick Perry, sobre el despliegue de la Guardia Nacional para vigilar la frontera común, subieron de tono este fin de semana, luego de que el vicegobernador texano, David Dewhurst, tachó de “insultantes” y “ofensivas” las críticas de su vecino del sur.
Peña Nieto dijo ayer, en entrevista con Jacobo Zabludovsky para El Universal que la actitud del gobernador Rick Perry, de reforzar la frontera con la Guardia Nacional, no sólo es “desagradable, sino condenable”.
Sin embargo, Dewhurst se mostró especialmente molesto por el hecho de que el mandatario mexicano se pronunciase sobre esta materia justo en el aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
“Me parece desconcertante y francamente ofensivo que el gobierno de México elija el 13 aniversario del atentado más trágico en nuestra patria para pedir a Texas que abra la frontera internacional a la inmigración ilegal, al tráfico de drogas, de vidas humanas e incluso a potenciales terroristas que desean dañar a Estados Unidos”, fustigó Dewhurst.
El gobernador texano Rick Perry anunció a fines de julio el despliegue de un millar de integrantes de la Guardia Nacional en la frontera para enfrentar la crisis migratoria. Un mes después, llegaron los primeros efectivos al Valle del Río Grande.
Apenas el miércoles 10, la Cancillería mexicana emitió un comunicado en el que expresó “su más profundo rechazo y condena al despliegue de los primeros elementos de la Guardia Nacional de Texas”.
“Esta actitud es completamente reprobable y tampoco resuelve un problema al que tenemos que hacerle frente de manera conjunta”, machacó un día después Peña Nieto, cuyo gobierno enfatizó que el despliegue responde a “fines políticos” de Perry, potencial aspirante republicano a la Presidencia estadunidense en 2016.
Más aún, el vicegobernador Dewhurst consideró “insultante” que el gobierno de México considere que el despliegue tiene motivaciones “políticas”.
Desde octubre pasado, al menos 67 mil menores de edad no acompañados y procedentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, fundamentalmente, han cruzado la frontera para alcanzar el llamado “sueño americano”.
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