12 DE AGOSTO DE 2014
DESTACADO
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| El reportaje sobre el caso Wallace en la edición 1961 de la revista Proceso. |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En una carta enviada a Laura Borbolla, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, dependiente de la PGR, la periodista Anabel Hernández denuncia que es objeto de represalias e intimidación por el reportaje en el cual se pone en duda el secuestro y muerte del hijo de Isabel Miranda de Wallace, Hugo Alberto Torres Miranda y/o Hugo Alberto Wallace Miranda (Proceso 1961).
En su investigación, la periodista destaca que Hugo Alberto tiene una primera acta de nacimiento usada para tramitar una CURP en 2010.
Hernández acusa en su carta que la Unidad Antisecuestros de la PGR, “de manera abusiva y fuera de su competencia” abrió en su contra la averiguación PGR/SEIDO/UEIDMS/464/2014, a petición de Miranda de Wallace.
Precisa que la MP responsable de la averiguación previa es Lourdes López Lucho Iturbide a la Unidad Antisecuestros de la SEIDO.
“A todas luces se trata de un acto arbitrario de la autoridad federal ya que si la persona María Isabel Miranda considerara que se trata de un artículo difamatorio, la vía tendría que ser civil, no penal. La PGR no tiene facultades para investigar el libre ejercicio periodístico a menos que se trate de agravios a periodistas”, argumenta Hernández García en la carta.
La periodista señala que aun cuando ya ha habido personas que han sido declaradas en la SEIDO por este caso, a ella no la han citado ni notificado.
Entre ellas, detalla, están Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, acusada de supuestamente haber secuestrado al hijo de la señora Miranda, quien fue citada a declarar el día de ayer 11 de agosto a las 10 a.m.
“La interrogaron constantemente sobre mi persona y cómo obtuve el acta de nacimiento y de matrimonio de María Isabel Miranda Torres y Enrique Wallace que tiene fecha de 1978 y no de 1968 como ella declaró a la PGR, siendo éstos claramente documentos públicos al encontrarse en el Registro Civil”, expone Hernández.
Sostiene que de manera arbitraria y sin citatorio alguno el 16 de julio pasado elementos de la PGR detuvieron al activista Giel Meza, de la asociación Gente de México por la Democracia.
“Lo llevaron a la fuerza a la SEIDO, lo interrogaron sobre mi persona y luego de intimidarlo lo soltaron”, afirma Hernández.
En su carta, la periodista pide a la fiscal Borbolla que “se inicie de inmediato una averiguación sobre este asunto que claramente se trata de un ataque de una particular coludida con una autoridad en represalia a mi trabajo”.
Hernández García manifiesta que teme por su vida y su integridad física ya que, asegura, supuestos responsables del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace han denunciado tortura por parte de la señora Miranda, orquestada por propios elementos de la PGR al momento de su detención o interrogatorios. Y la CNDH ha comprobado dichas torturas, remata.
“Por lo que sé, la PGR está investigando de manera absolutamente indebida y fuera de sus atribuciones cómo conseguí el acta de nacimiento y el acta de matrimonio de la señora Miranda, lo cual por supuesto no es un delito sino el ejercicio de mi libertad de expresión y trabajo. Además de que se trata de documentos del Registro Civil del DF a los que cualquiera puede tener derecho. En modo alguno es un delito federal, mucho menos del ámbito del área Antisecuestros. Es evidente que se trata de un intento para amedrentarme e impedir que siga investigando como periodista”.
Hernández indica que teme ser detenida al salir del país o a su regreso, o ser víctima de abusos, tortura y desaparición forzada “como lo ha hecho la señora Miranda Torres coludida con autoridades federales contra otras personas”.
Por lo que la periodista solicita a la fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que si de manera irregular es retenida en el aeropuerto o en cualquier otro lugar, se intervenga de inmediato para salvaguardar su integridad física y sus derechos.
“Dada la urgencia, premura y mi imposibilidad para acudir personalmente a la Fiscalía de la PGR para presentar una denuncia penal contra quien resulte responsable, así como para presentar una denuncia ante la CNDH por un claro abuso de autoridad, les pido que en mi derecho este correo electrónico sea tomado como mi denuncia formal ante la Fiscalía Especial de la PGR y la CNDH la cual ratificaré el jueves próximo cuando regrese de mi viaje de trabajo”, expresa.
Anabel Hernández destaca en la carta que actualmente cuenta con la protección del gobierno federal y del Mecanismo de Protección a Periodistas debido a que ha sido blanco de amenazas, ataques físicos a su domicilio y presuntos complots para asesinarla.
Añade asimismo que la ONU y varios países de Europa y América han manifestado su preocupación por el aumento de agravios hacia su persona en represalia a su ejercicio periodístico profesional y ético.
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