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| Pobladores de Chalchihuapan y otras comunidades protestan durante el sepelio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. Foto: Víctor Hugo Rojas. |
PUEBLA, Pue., (apro).- Javier Montes Bautista, presidente de la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, aseguró que lo ocurrido el pasado 9 de julio en la autopista Puebla-Atlixco no fue un mero acto de desalojo.
“Fue claro que los policías tenían orden de reprimir a su comunidad y dejar un escarmiento para otros pueblos”, subrayó al hacer un recuento de los hechos, en un encuentro organizado en la Universidad Iberoamericana.
El alcalde auxiliar insistió que ese día los habitantes de Chalchihuapan salieron a manifestarse alrededor del mediodía, sólo con cartulinas y mantas, para exigir que se restituyera el servicio del Registro Civil a las Juntas Auxiliares de Puebla.
Alrededor de las dos de la tarde, agregó, llegaron al lugar alrededor de 500 granaderos, uno de los cuales se acercó y, sin identificarse, exigió a los pobladores que se quitaran de la carretera.
“La gente le decía: ‘ya mero nos vamos, ya llevamos dos horas, ya nos cansamos, si nos esperas un ratito nos vamos y no hay necesidad de nada’, pero él (el policía) vio su celular y dijo: ‘no puedo, tengo órdenes específicas, les doy cinco minutos para que se retiren y si no, vamos a desalojar’”.
Inmediatamente después se dio la vuelta y al llegar donde se encontraba el resto del contingente policíaco les dio la orden de avanzar. “No pasaron ni dos minutos y empiezan a marchar hacia las personas”, precisó.
“Tal vez por ignorancia o porque no existía la Ley Bala anteriormente –apuntó– la gente estaba muy tranquila, no tenía temor en ese momento, no pensaban o no dimensionaban lo que iba a pasar, hasta cuando comienzan a disparar los elementos. La gente corre, asustada por el gas”.
De acuerdo con Montes Bautista, desde ese momento fue claro que los policías tenían órdenes no sólo de desalojar, sino de reprimir a la población, porque no se detuvieron en el momento en el que la carretera quedó libre, más bien se subieron al puente y desde allí comenzaron a entrar hacia la comunidad.
“Yo creo que la orden no fue desalojen y ya, yo creo que la orden fue: vayan a reprimirlos para que no lo vuelvan a hacer y para que en el futuro otras comunidades no lo hagan”.
Hasta ese momento, indicó, lo único que hicieron los pobladores fue correr para tratar de librarse de la agresión policíaca, hasta que se dan cuenta de que los granaderos habían herido a un niño (José Luis Tehuatlie Tamayo) y a Martín Romero, otro habitante de 65 años de edad que sufrió seis fracturas en la mandíbula.
“Cuando el niño cae y está lleno de sangre y comienzan a gritar que mataron a un niño, en ese momento la gente hace a un lado el miedo y deja de correr, los inunda la indignación y el coraje, y es entonces cuando se regresan contra los elementos que ya para ese entonces estaban dentro de la comunidad. Hay fotografías que así lo demuestran”, refirió Montes.
Además, él mismo y otros pobladores de la localidad han relatado que el gobierno del estado utilizó un helicóptero para lanzarles proyectiles de gas desde el aire, por lo que muchos de los cartuchos fueron recolectados en los patios de las casas y escuelas de esa comunidad.
También han dicho que el operativo se realizó justo a la hora de salida de las escuelas, cuando había cientos de niños en la zona y pretendían regresar a sus casas.
Tan lamentable como esos hechos es que ahora el gobierno de Rafael Moreno Valle se niegue a reconocer lo que hicieron y trate de criminalizar a los pobladores, apuntó el alcalde.
Caso Tehuacán
Días antes del suceso en Chalchihuapan, el gobierno estatal también aplicó la Ley Bala contra pobladores de las Juntas Auxiliares de Zoquitlán, Ajalpan y Vicente Guerrero, pertenecientes al municipio de Tehuacán, cuando reclamaron que “de la noche a la mañana” las oficinas del Registro Civil fueron cerradas en sus comunidades.
El 1 de julio, alrededor de mil manifestantes bloquearon el acceso al Centro Integral de Servicios y también fueron desalojados por los granaderos, que los hirieron con cartuchos de gas lacrimógeno.
“Pero a diferencia de Chalchihuapan, en Tehuacán no estaban en su comunidad, lo único que hizo la gente fue correr, y terminando todo el gobierno mandó limpiar la zona”, sostuvo Montes.
Ayer, los pobladores de Chalchihuapan mostraron al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, alrededor de 300 artefactos que recolectaron y que, estiman, son apenas la tercera parte de lo que les lanzaron el 9 de julio.
“Yo hago la pregunta: si el gobierno asegura que no compró ese armamento legalmente, ¿entonces lo adquirió ilegalmente? Supongo que lo traficó de Estados Unidos, porque nosotros no pudimos comprar esos artefactos de la tienda de la esquina”, reclamó el alcalde.
Y aseguró que tanto en el caso de Chalchihuapan como en el de Tehuacán y otros, los pobladores sienten temor de acudir a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) a presentar una denuncia, porque lo que estila el gobierno de Moreno Valle es arrestar y levantarle cargos a quien se atreva a hacerlo.
“Imagínense que clase de gobierno tenemos, que encima de que te arremete, todavía te quiere meter a la cárcel”.
El alcalde recordó que después de los hechos, el gobierno poblano hizo correr la versión de que había al menos 300 órdenes de aprehensión contra habitantes de esa localidad. Incluso, dijo, él mismo tiene actualmente una orden de detención abierta.
“Mucha gente me pregunta si no tengo miedo, pero realmente no, lo peor que le pudieron haber hecho a mi comunidad ya se lo hicieron: ya mataron a un niño, tengo a personas que siguen graves, un muchacho sin un ojo ¿y tenerles miedo?”.
Afirmó que en el caso de Chalchihuapan los agravios se van acumulando, pues los acosos y amenazas han persistido desde ese día, especialmente contra la madre de José Luis, Elia Tamayo, a quien el gobierno le ofreció becas, dinero y trabajo, pero bajo la condición de que acusara a los pobladores de la muerte de su hijo.
“Hasta el día de hoy el gobierno no le ha dado ni un solo peso, ni para pagar los gastos del funeral, ni ninguna especie de apoyo”, remarcó.
Tampoco se ha hecho responsable de los gastos médicos de las decenas de heridos que hubo en Chalchihuapan, nueve de ellos de gravedad, entre los que se encuentra el señor Martín Romero, que se quedó sin habla; Hugo Jiménez, que perdió un ojo, y Vicente Tecalero, que quedó con problemas de audición.
“No hay que ser perito para darse cuenta que sus heridas corresponden con los objetos que nos lanzaron ese día”, precisó el alcalde.
Y detalló que los gastos que han surgido, como la atención a las personas lastimadas, las fianzas para los detenidos y el apoyo a la familia del niño, los han resuelto con cooperaciones voluntarias que han hecho los mismos pobladores.
Según Montes, el gobierno de Moreno Valle apostó a que al intimidar con el encarcelamiento de cuatro habitantes, el hostigamiento y las amenazas de más órdenes de aprehensión, sumado a un alto gasto en imagen, el caso se diluiría.
Asimismo, reveló que sólo ahora funcionarios del gobierno estatal le han hecho llamadas telefónicas para pedirle que se sienten a negociar, “pero yo les digo:
¿qué vamos a negociar? Si me prometen que le van a regresar la vida al niño José Luis, adelante. Yo ya no quiero negociar nada, quiero que se haga justicia, quiero que los culpables estén en la cárcel”.
¿qué vamos a negociar? Si me prometen que le van a regresar la vida al niño José Luis, adelante. Yo ya no quiero negociar nada, quiero que se haga justicia, quiero que los culpables estén en la cárcel”.
Añadió: “Ellos se ponen en la postura de ‘pobres policías, fueron agredidos’. El gobierno sostiene su teoría de que los manifestantes lanzaron un cohete, pero es una tontería, es algo insostenible. En mi comunidad sí hay cohetes, pero no son industriales, no son fabricados con mucha potencia, son simplemente para las fiestas. Pueden quemar, lesionar, pero no quebrar huesos”.
Era muy poco lo que se pedía
De acuerdo con el alcalde de Chalchihuapan, lo que su comunidad pedía era la reapertura de la oficina del Registro Civil, era realmente poco. “Lo que decimos es que si no nos dan, que no nos quiten”.
Esa es la única fuente de recursos que tienen las Juntas Auxiliares de Puebla y los usan para hacer sus obras o para apoyar a sus pobladores. Los ediles auxiliares carecen de un sueldo, pero sí tienen mucho trabajo porque los habitantes de sus comunidades saben dónde trabajan y viven, por lo que a cualquier hora pueden buscarlos para pedir que les atiendan algún problema, apuntó.
La gente que no entiende por qué tanta inconformidad por el cierre de las oficinas del Registro Civil, tendrían que saber que en Puebla, dijo, hay comunidades en la sierra que están a dos horas caminando de las cabeceras municipales.
“El gobernador anda en helicóptero, ha de pensar que todos tenemos recursos o que todas las carreteras están transitables”, observó, y agregó: “La gente mayor me dice que defienda el Registro Civil porque es un logro de las comunidades que tenemos desde 1950, antes de que el gobernador naciera”.
Y concluyó: “Esto no hubiera pasado si no se hacen estas reformas que para ellos son convenientes, pero que lastiman a los pueblos, y ahora somos los pueblos los que nos estamos uniendo en contra de este gobierno represor”.
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