Conflictos de interés .- JOHN M. ACKERMAN

3 DE JULIO DE 2014 
ANÁLISIS

Emilio Gamboa Patrón, impulsor de la Ley Televisa; Armando Melgar, presidente de Canal 40; Ninfa Salinas, hija de Ricardo Salinas Pliego; Mónica García de la Fuente, miembro jurídico de Televisa; Javier Lozano Alarcón, autor de la Ley Televisa 2; y Arely Gómez González, hermana de Leopoldo Gómez, vicepresidente de Televisa. Fotos: O. Gómez, E. Miranda, M. Dimayuga, G. Canseco, B. Flores

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Si México fuera un país democrático, los funcionarios y legisladores defenderían el interés público en lugar de utilizar sus cargos para lucrar personalmente. Personajes como Pedro Joaquín Coldwell, Purificación Carpinteyro, Ninfa Salinas, Luis Videgaray y Javier Lozano podrían desarrollar libremente sus negocios en el ámbito privado, pero sería estrictamente prohibido que ocuparan un cargo público a menos que se deshicieran completamente de todos los intereses económicos, personales y profesionales que pudieran distraerlos de sus responsabilidades con la ciudadanía.

Habría que exigir transparencia absoluta e inmediata de todas las cuentas, relaciones y compromisos de los legisladores y funcionarios federales. Quien no divulgue, que renuncie.

El 15 de enero de 2013, Enrique Peña Nieto y su gabinete quisieron demostrar su supuesto compromiso con la transparencia al organizar una extravagante conferencia de prensa para dar a conocer versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales. Resultó una gran farsa. La información difundida se limitó al monto de sus salarios como servidores públicos, así como a algunos datos generales sobre obras de arte y bienes inmuebles que habían recibido “en donación”. Hasta la fecha la sociedad se mantiene en total oscuridad con respecto a los verdaderos intereses financieros, profesionales y personales de los funcionarios federales y sus familiares.

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es meridianamente clara. Todo servidor público debe “excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.

Esta ley aplica para los integrantes del Poder Ejecutivo, como Coldwell y Videgaray, y para los del Poder Legislativo, como Carpinteyro, Salinas y Lozano. Los reglamentos correspondientes de la Cámara de Diputados y del Senado de la República reproducen las mismas prohibiciones. Sin embargo, la ciudadanía no cuenta con la información necesaria para poder exigir el cumplimiento de estas importantes disposiciones legales. En consecuencia, impera una vergonzosa simulación y una peligrosa impunidad que amenaza con destruir por completo el carácter público de nuestras instituciones.

Y más allá de transparentar los conflictos de interés imperantes, también habría que realizar reformas para evitar que siquiera existan. En Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios públicos, al asumir sus cargos, se obligan a deshacerse de todos los compromisos económicos que en algún momento pudieran influir negativamente en su desempeño. Esto va mucho más allá de la simple “declaración patrimonial” con la que contamos en México. Además de declarar sus posesiones, deben modificarlas, o remitirlas a fideicomisos “ciegos”, para prevenir cualquier conflicto de interés en el futuro.

Otros países disponen de reglas más avanzadas. Así, Israel prohíbe de forma tajante emplear en una dependencia gubernamental a personas estrechamente vinculadas con los sectores o los actores regulados por la institución. En lugar de esperar a que el funcionario cometa algún delito, estas normas buscan combatir el problema de raíz al bloquear la infiltración del Estado por parte de intereses particulares.

Este tipo de disposiciones no son ajenas al régimen jurídico mexicano. Por eso los requisitos que se aplican a quienes aspiran a ser consejeros electorales, comisionados del IFAI o auditor superior de la Federación responden precisamente a la necesidad de evitar un posible conflicto de interés. Lo más saludable sería extender esta lógica a otros ramos del gobierno. Así como está prohibido que un secretario de Estado o un reciente candidato a un cargo de elección popular sea consejero electoral, el dueño de una empresa en la rama energética debe estar impedido por ley para ocupar posiciones en la Secretaría de Energía. Asimismo, alguien que haya actuado como consultor o empleado de los principales medios de comunicación debería estar excluido de las comisiones de telecomunicaciones en el Congreso de la Unión o de los más altos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Los conflictos de interés constituyen la contracara de la privatización. Ambas dinámicas abonan el desmantelamiento del carácter público del Estado. Con la privatización se busca descuartizar al Estado para entregarlo en pedazos a intereses particulares. Con los conflictos de interés, los actores privados se infiltran en el Estado para minarlo y debilitarlo por dentro. Las dos prácticas son igualmente reprobables, y como sociedad tendríamos que rechazarlas de manera contundente. El desarrollo político y económico que tanto anhela el pueblo mexicano solamente será posible a partir de una clara defensa de la esfera pública y de los intereses generales, por encima de los intereses corruptos de quienes buscan lucrar con sus responsabilidades públicas.

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