Decálogo de la salvajada energética

JENARO VILLAMIL
17 DE JUNIO DE 2014 
ANÁLISIS

Gracia, Gamboa y Penchyna durante la discusión de la reforma energética en el Senado. Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (apro).- Tenía razón el expresidente Ernesto Zedillo, el más neoliberal de los mandatarios del siglo XX. Ni en sus “sueños más salvajes” se hubiera imaginado el grado de apertura a los capitales privados, sobre todo, trasnacionales, en los dos sectores ejes del país: energéticos y energía eléctrica, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

No es un proyecto de modernización. Tampoco busca beneficiar a los mexicanos con la disminución de precios de luz, gas y menos gasolinas. De hecho, el precio de las gasolinas en México se puede disparar a 20 pesos en menos de cuatro años.

Se trata de un proceso de desmantelamiento de los bienes nacionales. Se abre a la inversión extranjera no sólo nuestro sistema de hidrocarburos y eléctrico, sino también el minero, el del gas, el del agua, el de las principales cuencas y reservas naturales de México.

El artículo 27 de la Constitución, reformado en diciembre de 2013, en medio del sigilo y la complicidad de los principales medios de comunicación, ahora será desmantelado. Al igual que el 25, el 28 e, incluso, el primero constitucional porque con ello se va a obligar a los propietarios originales de las tierras mexicanas a vender a las compañías privadas.

Es una ambiciosa y compleja contrarreforma que es necesario conocer.

Las trampas están en los vasos comunicantes de estas leyes.

Por esta razón, compartimos un pequeño decálogo para entender los puntos sustanciales de estas leyes:

1.Todas las leyes están vinculadas en un punto: máxima apertura a los contratos privados en todas las áreas de los recursos naturales.

Las leyes directamente relacionadas con el sector energético son Ley de Hidrocarburos, Ley de Petróleos Mexicanos, Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo y Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética.

Las relacionadas con el sector eléctrico son Ley de Industria Eléctrica, la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección.

Las leyes “complementarias”, en realidad, permiten no sólo la apertura a las empresas petroleras, gaseras o eléctricas, sino la apropiación de nuestros recursos naturales. Estas son: Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales y Ley de Geotermia.

Y las que se modifican para unificar el diseño de máxima apertura y desmantelamiento de Pemex y CFE son: Ley de Inversión Extranjera, Ley de Asociaciones Público-Privadas, Ley de la Agencia de Seguridad Industrial y Ley de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Son un auténtico galimatías. Sin embargo, hay cuatro grandes leyes-eje que debemos tomar en cuenta: Ley de Hidrocarburos (reglamentaria del 27 constitucional), Ley de Pemex, Ley de la Industria Eléctrica (en la que desaparece la CFE) y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Las tres primeras se discuten en el Senado. La última y otras que se refieren a la materia fiscal y hacendaria se discuten en la Cámara de Diputados.

2.-Desmantelan Pemex y Desaparece CFE

Las dos principales empresas de nuestras industrias energética y eléctrica dejan de ser del Estado para convertirse en apéndices del “gobierno” y éste, a su vez, facilitará la inversión privada en ambas.

En el caso de Pemex no la desaparecen, sino la reeestructuran, con la idea de desmantelarla en forma paulatina hasta el 2018. En el caso de la CFE la reducen a su mínima expresión para darle servicio de suministro básico. A Pemex no la unifican en una sola empresa sino en dos: Pemex Exploración y Producción (el verdadero filete del negocio) y Pemex Petroquímica y Refinación.

Sacan a Pemex del negocio del gas y crean una nueva entidad: Cenagas, a partir de la infraestructura que le quitan a Pemex.

Pemex se vuelve no un competidor más sino el suministrador del gran negocio para las petroleras y compañías subcontratistas. La ley le ordena entregar la información privilegiada no sólo de las áreas de interés petrolero (proceso actual en la llamada Ronda Cero), sino también toda su información procesada e interpretada de cada campo y yacimiento para que la Secretaría de Energía (sener) y la Secretaría de Hacienda tengan libre acceso y sin restricciones a esta información, considerada de alto valor estratégico y de seguridad nacional.

También entregará su información geológica a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

A su vez, CFE dejará de ser la principal empresa en el sector eléctrico. Se crea el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que será el responsable de operar el Sistema Eléctrico Nacional.
Los permisos y contratos para privados los administrará la Secretaría de Energía y las tarifas la Comisión
Reguladora de Energía.

El objetivo, en ambos casos, es quitarle a Pemex y a CFE actividades, mercados y áreas de oportunidad para facilitar la inversión privada y multiplicar a los operadores.

3. El Estado y el gobierno al servicio de los privados

Todo el paquete energético y eléctrico tiene un objetivo: darle facilidades reguladoras, fiscales y jurídicas a los inversionistas privados, a cambio de mantener un régimen fiscal confiscatorio a Pemex y desmantelar la CFE.

Los dos nuevos órganos reguladores, Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en realidad dependerán de la Sener y de la SHCP.

Esta última dependencia se volverá el gran administrador de los contratos y negocios con los privados. De ahí el enorme poder que adquirirá el secretario Luis Videgaray.

El máximo de inversión del Estado en contratos con privados será de 30% y, en el caso de los yacimientos transfronterizos, será de 20%.

4. Usarán la expropiación, pero a favor de los privados, sobre todo en el campo

En un giro de 180 grados a la práctica jurídica que fortaleció al Estado y a la economía nacionales, ahora se aplicará la figura de expropiación, pero para beneficiar a los privados.

Se establecen la figura de la requisa, la expropiación, la ocupación temporal, la utilidad pública y la intervención (artículos 57, 58 y 59 de la Ley de Hidrocarburos y 68 de la Ley de Industria Eléctrica) para proteger y salvaguardar los intereses de las petroleras.

Van a despojar a muchos pequeños, medianos y grandes productores del campo, incluyendo a quienes tienen concesiones mineras (a éstos se les ordena que no podrán oponerse al tendido de ductos, cables o instalación de energía eléctrica, de acuerdo con el artículo 69 de Ley de Industria Eléctrica). Incluso, habrá multas millonarias para los poseedores de la tierra que incumplan acuerdos con las compañías privadas (artículo 88 de Ley de Hidrocarburos).

5. Privatización del agua

La expropiación también afectará la propiedad del agua. Pretenden privatizar el uso del agua para beneficio de las hidroeléctricas, productoras de gas shale y otras. Modifican tres artículos de la Ley de Aguas Naturales para eliminar las diferencias entre los acuíferos convencionales y los yacimientos geotérmicos hidrotermales.
Ambos podrán ser concesionados.

La Ley de Energía Geotérmica redefine lo que se entiende por “agua geotérmica” y “yacimiento geotérmico hidrotermal”. Al hacerlo, permiten que los concesionarios de un yacimiento geotérmico hidrotermal no tengan necesariamente los derechos de uso sobre el territorio.

6. Contratos que son concesiones

Para encubrir el hecho de que se abre el sector primario a las concesiones, se establece un enredado régimen de contratos que, en esencia, busca consolidar la concesión no sólo sobre los recursos del subsuelo, sino del suelo mexicanos.

Las cuatro figuras están en la Ley de Hidrocarburos, Ley de Pemex y Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, y son las siguientes:

–Licencias. Pagan contraprestación. Se quedan con la producción.

–Utilidad compartida. Pagan contraprestación. Contratista entrega la totalidad de la producción al comercializador del Estado (que ya no será Pemex) y se le paga un porcentaje de la utilidad estipulada.

–Producción compartida. Pagan contraprestación. Contratista entrega un porcentaje de la producción acordada con el Estado y le entrega un porcentaje de la producción al comercializador del Estado.

–De Servicios. Contratista entrega totalidad de la producción. Se le paga en efectivo.

Las asignaciones sólo aplicarán para Pemex y puede haber migración de asignaciones a contratos, es decir, privatizar asignaciones.

Y sería la Secretaría de Hacienda la que definiría las condiciones de estas “migraciones”. Si Pemex quiere asociarse no podrá escoger su socio privado: éste será designado por la autoridad luego de un proceso de selección.

El Estado, así, no tiene la posibilidad de cancelar los contratos, cuando así lo considere pertinente para el interés nacional. Sólo en “situaciones específicas”, a beneficio de los contratistas privados.

Los contratos se adjudicarán por licitación, pero en el caso de las mineras podrán ser por asignación directa para
desgasificar mantos de carbón.

7. Falta de responsabilidad ambiental

Todo el paquete energético y eléctrico minimiza las responsabilidades medio ambientales de los privados. La responsabilidad ambiental y los programas de apoyo a las comunidades no se incluyen dentro de las cláusulas de los contratos (artículo 19 de la Ley de Hidrocarburos).

Toda la regulación hacia Pemex con respecto del daño medio ambiental desaparece para los privados.

Se incrementará el daño ambiental con el uso de la tecnología del fracking para extraer el gas shale. Los promotores de este negocio dicen que ya mejoraron sus tecnologías. Nada, hasta ahora, en el paquete energético, los sanciona u obliga a compromisos medioambientales.

La utilización de un gran número de químicos en la explotación del gas shale mediante el fracking ha generado consecuencias como: los sismos resultantes de la perforación del subsuelo; la liberación de metano y radón a la atmósfera, así como la contaminación de mantos freáticos, y graves afectaciones a la salud humana.

8. Aumentarán gasolinas, gas y electricidad

En contra del gran aparato de publicidad para engañar a los mexicanos –la mayoría en contra de la reforma energética–, no disminuirán ni los precios de las gasolinas, ni del gas ni de las tarifas eléctricas. Por el contrario, se prevé que las gasolinas puedan aumentar hasta 20 pesos por litro. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo admitió con todas sus letras el sábado 14 de junio ante directivos y analistas de Accival:

“No esperamos que baje el precio de la gasolina, ya que está subsidiada”.

Y en relación con los precios del gas y la electricidad, dijo que el gobierno “espera que bajen” con la competencia.

Las iniciativas no prevén eso. A partir del 1 de enero de 2018 habrá libre importación de gasolina y diesel. A partir de 2017 existirán estaciones de servicio con bandera extranjera. Las trasnacionales importarán o venderán la gasolina que produzcan.

Y en 2019, Hacienda ajustará mensualmente los precios de gasolina y diesel de acuerdo con la inflación.
La política tarifaria de los nuevos organismos reguladores de hidrocarburos y energía eléctrica está en función del beneficio de los contratistas, no de los consumidores. ¿Alguien cree que vendrán a vender gas y luz más baratos?

9. El negocio sospechoso: el gas shale

La llamada “revolución energética” del gas de lutitas o gas shale en Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión debido al aumento de la oferta del gas en el país vecino. Pasó de 18 mil a 23 mil billones de pies cúbicos. La potencia norteamericana presiona para que este gas se convierta en el nuevo posicionamiento geoestratégico.

La Sener ha declarado que empezará a trabajar con 20 mil pozos del gas de lutitas. Pemex y Sener hablan de 681 billones de pies cúbicos de gas como “potencial de recursos” en México, pero no pasarán a formar parte de las reservas mexicanas.

El plan de Pemex prevé la producción de lutitas en tres etapas: evaluación; caracterización geológica, y desarrollo masivo de lutitas.

Así, Pemex se quedará en la Ronda Cero con sólo 15% de los recursos prospectivos del gas de lutitas.

10. El negocio del gas

La Ley de Hidrocarburos faculta a la Secretaría de Energía para que, en cinco años, ninguna empresa pública tenga una participación superior a 50% en materia de transporte e importación de gas. En diez años este porcentaje debe quedar en un máximo de 20%. En otras palabras, 80% de la distribución del gas en México quedará en manos privadas.
A Pemex la sacan del negocio por completo.

El asunto no es menor. La nueva geopolítica se está definiendo a partir del suministro del gas. Y México, en lugar de plantear una legislación que lo fortalezca en este juego de fuerzas internacionales, se adhiere completamente a los intereses y designios de Estados Unidos.

Twitter: @JenaroVillamil