29 DE MAYO DE 2014
DESTACAD
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| Verónica Cruz, directora de Las Libres. Foto: Periódico Correo |
CELAYA, Gto. (apro).- La activista pro-derechos de las mujeres Bárbara Varela, quien fue víctima de violación en días pasados, dio a conocer el trato denigrante que recibió en la Agencia del Ministerio Público a la que acudió a presentar su denuncia y cómo los policías preventivos no sólo desistieron de perseguir a su agresor, sino que fueron incapaces de auxiliarla adecuadamente para preservar las huellas y otros datos de valor pericial del responsable, quien en todo momento sostuvo un arma punzo-cortante en su cuello.
“En el estado de Guanajuato pareciera que a las autoridades no les importa lo que nos sucede a las mujeres; en Guanajuato las mujeres somos golpeadas, violadas, asesinadas impunemente y al estado no le importa”, alertó la denunciante en una rueda de prensa a la que convocó para exponer la revictimización de que ha sido objeto por parte de las autoridades a las que acudió a pedir auxilio y justicia.
La opinión pública guanajuatense ha conocido una oleada de denuncias que reflejan la ausencia de políticas de género en diversas instancias del gobierno del estado y de los municipios, mientras el gobierno federal revisa una solicitud de alerta por violencia de género presentada por organizaciones civiles de la entidad.
Varela, quien es integrante de La Regla Rota, ha pedido en reiteradas ocasiones entrevistarse con el alcalde Ismael Pérez Ordaz para solicitarle que su gobierno haga su parte en la tarea preventiva de la violencia contra las mujeres y establezca los protocolos necesarios para atender a las víctimas, pero el edil no la ha recibido.
En la conferencia, acompañada por Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, Bárbara Varela leyó su testimonio sobre las agresiones que sufrió, primero por parte del delincuente que la secuestró y atacó, y posteriormente por las instancias a las que ha acudido: Policía Municipal, PGJE, e incluso la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDH).
El 4 de abril pasado, la activista iba a una cenaduría en compañía de sus dos hijas cuando un hombre se subió a su vehículo, la amagó con una navaja y la secuestró en el vehículo, justo después de que las menores acababan de descender de la unidad.
“El sujeto no sólo tomó el dinero que llevaba, sino que también me violó en dos ocasiones; cuando se disponía a comunicarse con mi familia para pedir dinero a cambio de mi vida, el sujeto se descuidó y pude escapar con mi coche. Debo recalcar que durante el tiempo que permanecí secuestrada mi vida estaba en riesgo, ya que estuve amenazada en todo momento con una navaja en mi cuello, con la sentencia de que me mataría o me picaría si no hacía lo que me exigía”, narró.
Mientras esto ocurría, sus hijas habían solicitado ayuda en la cenaduría y varios de los clientes habían llamado a la policía, que envió patrullas con varios preventivos en su búsqueda. Pero cuando ella apareció –tras escapar de su agresor– y dio las señas y ubicación donde había dejado a su agresor, los preventivos no lo buscaron; “sólo cuchicheaban sin decidirse a hacer nada”.
Además, los policías tampoco supieron orientarla o apoyarla en la preservación de evidencias biológicas o huellas digitales. Por el contrario, señaló, “a partir del momento que yo mencioné que el secuestro incluía ataque sexual, ellos se enfocaron a cuestionar a mi familia sobre si yo tenía un novio, un amante, de que si yo había montado todo eso para irme con alguien”.
“Estarían llorando o idas”: MP
La misma actitud encontró cuando se presentó a denunciar ante el MP.
La encargada del Módulo de Atención Primaria (Mapac) de la PGJE, localizado en la colonia Las Flores, puso en duda los hechos narrados por Varela, con el argumento de que en su amplia experiencia en delitos sexuales, era increíble que mantuviera la entereza.
“Las mujeres que pasan por lo que tú no tienen esa entereza, estarían llorando o idas. Yo te veo muy bien”, fue el comentario de la funcionaria.
“Vamos a ver si esto se va a perseguir como delito sexual porque te ves muy bien para que te haya obligado a hacer lo que dices”, remachó.
También deslizó la duda sobre si la víctima en realidad había dejado a sus hijas en manos de desconocidos para irse con el sujeto y tener relaciones sexuales.
En la Unidad Especializada en Delitos Sexuales (ahora denominada Unidad de Atención Integral a la Mujer) de la PGJE, se dio cuenta de la carga de trabajo existente. “Además, de nada sirve que se creen ese tipo de unidades si el resto de quienes integran la Procuraduría de Justicia no tienen perspectiva de género, sobre todo cuando el primer contacto que tenemos las víctimas se dedica a juzgarnos”, deploró.
La activista decidió interponer una queja en la PEDH para que el ombudsman estatal investigara el proceder de los servidores públicos que atendieron su denuncia, desde los preventivos hasta el personal del MP… donde las cosas no mejoraron, pues el agente investigador que la entrevistó le pidió que regresara al módulo de atención para obtener los datos del rango de la funcionaria que la había atendido.
“Yo no quedé satisfecha con mi queja, pues no se me permitió poner acciones específicas que me parecían importantes, por lo que he intentado hacer una ampliación a mi queja, lo cual no se me ha permitido… el investigador dice desconocer los protocolos y la responsabilidad de la policía en salvaguardar evidencias. Además, según él no debería quejarme, ya que el propósito está logrado: ‘Se acreditó el delito’. En conclusión, hacen todo por desanimarnos a poner la queja”.
Varela recordó declaraciones de la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense (IMUG), Adriana Rodríguez Vizcarra, quien ha dicho que las policías municipales cuentan con protocolos para atender reportes por violencia sexual y de género, además de estar capacitados.
“¿Celaya es la excepción o el IMUG nos ha estado mintiendo?”, inquirió la denunciante, quien también recordó que el alcalde celayense Ismael Pérez Ordaz es integrante del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a pesar de lo cual no ha querido atender la solicitud de audiencia que le ha presentado desde hace más de un mes.
Luego acusó a la Policía Municipal de obstaculizar su posibilidad de obtener justicia, porque “al estar enterados del secuestro y violación, debieron buscar al sujeto; debieron preservar las evidencias de mi auto que era la escena (y) debieron indicarme cómo mantener las muestras biológicas en vez de dedicarse a juzgarme”.
También preguntó que si es un requisito que una mujer tiene que llegar, golpeada o maltratada, al MP para que éste proceda. “Ese adjetivo con el que me juzgan, la entereza, fue lo que me ayudó a escaparme; si hubiera estado histérica no lo hubiera podido hacer”.
Bárbara Varela exhortó a otras víctimas de violación a denunciar, e hizo un llamado a familiares y sociedad a apoyarlas y no juzgarlas, “y levantar la voz para exigir a nuestras autoridades un alto a la impunidad”.
Avala Inmujeres “política misógina”: Las Libres
En la conferencia, la directora del Centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, resaltó que la violencia institucional también la infligen los gobiernos municipales porque no hacen nada en el tema de género y contra la violencia hacia las mujeres, y parecen no saber que también les corresponde, “pues no sólo es un asunto del gobernador o del gobierno del estado”.
Cruz Sánchez también criticó la decisión del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) de entregar recientemente a los tres poderes de Guanajuato una certificación por el Modelo de Equidad (al interior de la administración estatal) cuando se están registrando serios problemas de violencia contra las mujeres.
“El Inmujeres vino a avalar una práctica discriminatoria, una política sexista y misógina de un gobierno que tiene serios problemas sociales, porque aunque nieguen que tienen problemas de violencia contra las mujeres, todos los días la realidad se les impone”.
Y aseveró que la directora del IMUG, Adriana Rodríguez, mintió al Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia al reportar que las policías municipales tienen incluso unidades especiales para el traslado de víctimas de delitos sexuales, pues en realidad no hay tales.
“El gobierno mintió al decir al Sistema Nacional que eso existe, y el caso de Bárbara es una muestra de que no existen; que dijeron una mentira para salir de la bronca de la declaratoria de alerta de género”, afirmó la directora de Las Libres, organización que promueve de nueva cuenta esta declaratoria para la entidad.
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