sábado, 1 de marzo de 2014

Cuatro años de prisión para 7 activistas por participar en marchas


Chocan manifestantes y granaderos en marcha por el "Halconazo". Foto: Hugo Cruz
Chocan manifestantes y granaderos en marcha por el "Halconazo".
Foto: Hugo Cruz
MÉXICO, D.F. (apro).- La racha de sentencias contra seis jóvenes que participaron en las marchas y protestas del 10 de junio y el 2 de octubre pasados concluyó hoy con una condena de cuatro años, cuatro meses de cárcel y más de 100 mil pesos de multa.
Sin pruebas ni denuncias ante el Ministerio Público, mucho menos testimonios fehacientes, Freddy Rosete Arizpe, Diego Mora Cardoso, Carlos Vázquez Martínez, Diego Jacob Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez y Luis Barrera Fuente, integrantes de movimientos sociales, fueron sentenciados este viernes por los cargos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y daños a la propiedad con dolo.
El juez penal del Distrito Federal, Manuel Rangel Preciado, desestimó numerosas pruebas aportadas por los indiciados, quienes el pasado 10 de junio participaron en la marcha conmemorativa de la masacre de estudiantes en 1971, conocida como “El Halconazo”.
De acuerdo con los testimonios publicados en el semanario Proceso en su edición 1922, luego de resistir las provocaciones de la policía capitalina a lo largo de la marcha, en el Zócalo un grupo de jóvenes retuvo por unos minutos al director de Concertación Social del Gobierno del DF, Pedro Bello, a quien propinaron unos manotazos. Después de la liberación del funcionario local inició la razzia.
La sentencia de los jóvenes supuestamente involucrados en los disturbios.
Aun cuando los videos subidos a Youtube y los que aportó la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) demostraron que la mayoría de los acusados no participó en la retención de Bello, y que la policía inició las agresiones violentas –hecho confirmado por el propio director de Concertación Social en un careo–, la sentencia de hoy resultó desfavorable para los integrantes del Frente Oriente, una organización con presencia en Iztapalapa.
Entre otros aspectos irregulares durante el proceso, la defensa de los acusados demostró que no había denuncia ni peritajes que acreditaran los daños en propiedad privada o mobiliario urbano, y tampoco la retención de Pedro Bello.
La sentencia dictada por Rangel Preciado posibilita la conmutación de la pena a 45 días de trabajo comunitario o el pago de 106 mil pesos, aunque los indiciados no se pueden salvar de la suspensión de derechos políticos por un año.
En entrevista con Apro, Luis Barrera, uno de los sentenciados, dijo que no aceptarán la conmutación, y la próxima semana apelarán el fallo por considerarlo injusto y violatorio de sus derechos.
Las sentencias de este viernes se suman a la negativa de amparo para Gabriela Hernández, conocida en redes sociales como Luna Flores, actualmente presa en el penal de Santa Marta Acatitla, a quien se le ha negado enfrentar su juicio en libertad porque, según la juez Marcela Ángeles Arrieta, “su asiduidad a las marchas” la convierte en una persona de “peligrosidad social”.
A Gabriela Hernández, quien hasta su detención trabajaba como doméstica, se le acusa de haber golpeado a varios policías y gritarles “puercos asalariados”, cuando la noche del 2 de octubre pasado acudió a buscar a una joven detenida durante la marcha conmemorativa de la masacre de 1968.
En su caso, los videos transmitidos por Efekto Noticias demuestran que un grupo de jóvenes llegó a protestar frente a las instalaciones de la PGJDF, pero ella permaneció sentada en la sala de espera.
El otro caso es el de Jessy Montaño, conocido en las redes sociales con el apelativo de Jamspa, muy popular desde 2012 por haberse encaramado en la Estela de Luz.
El pasado viernes 21 Jamspa fue sentenciado a 10 años y ocho meses de prisión, sin posibilidad de conmutación de la pena.
Apenas el lunes 24, Jamspa fue detenido por policías capitalinos cuando volvió a trepar en la Estela de Luz, desde donde exigió la liberación de los presos políticos y lanzó cartulinas con las leyendas: “Mancera represor” y “Protestar es un derecho”.
A Jessy Montaño se le acusa de llevar una bomba Molotov en las protestas del 1 de septiembre pasado, durante el primer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Los videos demuestran que lo que llevaba en la mano era un megáfono.
Las sentencias de esta semana se suman a las dictadas en enero contra Alejandro Bautista y Jorge Mario González (cinco años con ocho meses), detenidos en diferentes condiciones de modo, tiempo y lugar, el 2 de octubre, y acusados sin pruebas de haber perpetrado desmanes. (Proceso1943)
En la mayoría de los casos, las actividades de los procesados tienen que ver con movimientos de oposición a los proyectos urbanísticos del gobierno capitalino. Bautista ha sido activo promotor en los pueblos originarios del sur del Distrito Federal y ha participado en la resistencia a la Súper Vía y el Arco Sur, en tanto que los integrantes del Frente Oriente se han opuesto al Plan Urbano de Iztapalapa.
Por su parte, Jorge Mario González ha participado en el rechazo a las reformas instrumentadas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por considerarlas neoliberales, mientras que Jamspa y Luna Flores han intervenido activamente en protestas animalistas y contra la reforma laboral.

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