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En estos últimos días un hecho ocurrido en el norte de Coahuila ha sacudido a activistas y defensores de derechos humanos de todo el país: se han encontrado en once fosas comunes quinientos restos humanos de trescientas personas.
Coahuila es un estado mexicano que hace frontera con los Estados Unidos. Colinda con Chihuahua, que en el contexto internacional es conocida por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y con Nuevo León, cuya capital, Monterrey, atravesó en los pasados años altísimos grados de violencia y se convirtió en el paradigma de la nueva violencia nacional: una ciudad próspera e industrial sumida en el terror. Nuevo León colinda a su vez Tamaulipas, probablemente el estado más silenciado de México.
La combinación de esos tres lugares, especialamente en el triángulo que conforman las localidades de Piedras Negras (Coahuila), Matamoros y Tampico (Tamaulipas), es conocida hoy por el silencio de su prensa, el terror de sus habitantes y la crueldad de sus criminales. Excepto por los activistas de la ciudad de Monterrey y las víctimas de los desaparecidos en Nuevo León y Coahuila, de esa zona de México y el modo en que están enfrentando esta guerra entre cárteles y autoridades que está llevando a extremos invivibles a la sociedad civil, apenas sabemos nada. En ese triángulo quedan ciudades como Reynosa, cuyo periódico El mañana escribió un editorial el año pasado pidiéndoles a los narcotraficantes –y por ende sus aliados en los cuerpos del estado– que les dijeran qué podían publicar y qué no, para que dejaran de atentarlos. En ese triángulo está también Ciudad Victoria, donde los líderes del Cártel del Golfo repartieron regalos y roscas de Reyes la pasada Navidad. Y es uno de los lugares de México donde han asesinado o hecho desaparecer a más periodistas y donde los atentados contra la prensa son más impunes.
Ahí murieron en 2012 cuatro tuiteros por reportar en directo las zonas menos peligrosas de la región para que los ciudadanos y ciudadanas pudieran transitarlas. A dos jóvenes de 25 y 28 años los colgaron de un puente, a uno lo decapitaron y a la cuarta tuitera, una mujer, le cortaron la cabeza y la plantaron en una maceta junto a un mouse y un teclado de ordenador. Así las cosas en el noreste mexicano.
En estos últimos días, sin embargo, un hecho ocurrido en el norte de Coahuila ha sacudido a los activistas y defensores de derechos humanos de todo el país, si bien la prensa masiva y nacional no se ha hecho todavía eco necesario para difundir la noticia. En diez días se han encontrado en once fosas comunes quinientos restos humanos de trescientas personas. Hasta hoy, la fosa más grande hallada en México –aunque sin duda éste será un episodio que se repetirá en los meses y años que están por venir.
Masacres frecuentes
El Gobierno contabilizó veintisiete mil desaparecidos durante el pasado periodo presidencial de Felipe Calderón. Activistas y periodistas como Sanjuana Martínez aseguran que los desaparecidos pueden llegar a ser, desde que comenzó la guerra y hasta hoy, trescientos mil. Y lo cierto es que en México se han abierto ya varias fosas comunes y desgraciadamente las masacres son frecuentes. Sin embargo, en ninguna fosa se habían encontrado los restos de tantas personas asesinadas. Hasta hoy.
Casi ningún periodista ha viajado todavía a la zona, a la que se accede por una región desértica y atravesando unos cerros que son altamente peligrosos porque es donde se esconden los narcotraficantes. Y si bien la prensa independiente o local ya habla “de la mayor masacre en la historia del país”, es poco lo que todavía se sabe. Ni siquiera han podido acercarse a las fosas los familiares de los desaparecidos y desaparecidas que el pasado 8 de febrero se reunieron con el Gobernador de Coahuila, Rubén Ignacio Moreira Valdez, y el Subprocurador del Estado, Juan José Yáñez Arreola. De poco les sirvió.
Las autoridades aseguraron “que no había sido usada maquinaria pesada durante el operativo, que no se había permitido la entrada de la prensa a la zona de búsqueda y que se habían respetado todos los protocolos que garantizaban el manejo y la cadena de custodia de tan delicadas evidencias. No obstante, existe prueba irrefutable de lo contrario”, tal y como el colectivo de víctimas de de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México han dado a conocer. Pudieron comprobarlo en el programa Primer Impacto, del noticiero de Univisión: excavadoras, zona no delimitada, un periodista caminando en la escena del crimen...
Para ellos, desgraciadamente, ya no es nuevo. En primer lugar ya se habían enterado del hallazgo de las fosas por la prensa, y no por las autoridades correspondientes. Pero ésta fue la gota que colmó el vaso. Y las víctimas, por primera vez en cinco años, decidieron “suspender la interlocución con el Gobierno del Estado de Coahuila y con el Gobierno Nacional hasta hasta que les den explicaciones satisfactorias sobre las graves anomalías detectadas en el operativo, les aclaren lo sucedido y se pida ayuda a organismos internacionales para preparar, desarrollar y sistematizar los resultados de acciones como éstas”. Por primera vez, en cinco años de lucha dolorosa, constante y en la mayoría de los casos: solitaria y sin recursos.
Más de doscientos cincuenta policías del Estado de Coahuila, agentes de la policía federal y miembros del ejército, la mayoría de ellos con pasamontañas para ocultar el rostro, habían buscado metro a metro y excavaron el subsuelo de la zona del crimen con la ayuda de perros y máquinas de radares. Lo hacen así porque muchos cuerpos no se encuentran completos sino calcinados. Porque hoy muchos cárteles mexicanos usan las llamadas ‘cocinas’ para desintegrar a sus enemigos, sus secuestrados y las cientos de personas que mueren anónimamente sin juicio, derechos ni compasión. Y porque algunos de los restos son de personas decapitadas, descuartizadas y un terrible y doloroso etcétera que, desde afuera de México, parece prácticamente imposible de imaginar.
No es así para los familiares de los desaparecidos. Organizaciones de mamás, hermanos, hermanas y papás que se han unido con pocos recursos y sin apenas el respeto y la atención de las autoridades para exigir el regreso de sus familiares. "Vivos se los llevaron, vivos los queremos", le reclaman al Gobierno. Igual que les reclaman seguridad para hacer sus investigaciones y que se atengan a los protocolos de búsqueda correctos y correspondientes. La Ley de Transparencia exige que en la medida en que los datos salgan a la luz, estos sean revelados a la sociedad. Las pruebas de ADN tardan sólo 72 horas. Pero ni siquiera eso les ha dado el Estado a los familiares de los desaparecidos. Si todo sigue como se pretende desde el poder, en cuatro meses recibirán por escrito la información. Nada más.
Las familias recurren a periodistas y ciudadanía
Las víctimas, abatidas, salieron del encuentro del 8 de febrero sin la información precisa y recurrieron, una vez más, a los periodistas y la ciudadanía para que los ayuden a investigar. Quieren saber si sus familiares están ahí y lograr que dejen de "gritar desde abajo de la tierra”, tal y como me dice Letty Hidalgo, mamá de Roy Rivera, desaparecido en Monterrey en 2011.
Mientras la prensa nacional habla de otras cosas, muy a la orden de estos tiempos del PRI cuya información se está comenzando a llamar ‘ilusionismo mediático’, el único recurso de las víctimas parece ser la fuerza inagotable del amor por sus familiares, su imbatible perserverencia y esa dignidad extarordinaria que parece inconcebible mantener en medio de tanto, tantísimo dolor. Tantísima impotencia.
Pero no pueden descansar hasta saber. Letty quiere saber qué hicieron con su hijo Roy tras secuestrarlo en su casa. Jorge quiere saber qué ocurrió con su hermano Antonio y su sobrino Antonio Jesús cuando se los llevaron unas personas que vestían chalecos de la Agencia Federal de Investigación. Mayra quiere saber dónde está su hermano Fernando, a quien secuestró un comando armado tras asesinar al joven que viajaba con él. Lourdes quiere saber dónde está su hijo Kristian que desapareció cuando estaba repartiendo chocolates en su furgoneta de trabajo. Brenda quiere saber dónde está su hermano Héctor, que desapareció tras ser detenido por unos policías municipales... y así cientos, miles de familias en el noreste de México y en todo el país.
A la mayoría de ellos no se le han demostrado vínculos con el narcotráfico. A la mayoría de ellos las autoridades no los han ayudado a resolver sus secuestros. La mayoría de los casos no están siendo investigados. Pero los familiares no cesan en su necesidad de saber y no dejan de seguir pistas, indagar, crear teorías y convertirse ellos mismos en investigadores para suplir a un Estado que está resultando inepto en lo que a la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada se refiere.
Fosas todavía desconocidas
Hasta ahora, sin embargo, se sabe poco sobre las fosas de Coahuila. Este triángulo que conforman Piedras Negras, Matamoros y Tampico ha sido un campo de batalla desde que hace siete años comenzó esta guerra –que fuera de México a menduo se confunde con una voluntad del Gobierno de proteger a los ciudadanos y ciudanas de los ataques de los narcotraficantes–. La sociedad ha sido y sigue siendo en esa parte de México la principal víctima de los enfrentamientos entre autoridades, coludidas o no, el Cártel del Golfo y los Zetas.
Se presupone que fue a raíz de esos enfrentamientos que se abrieron esas fosas –y sin duda muchas más y en muchos más lugares de las que todavía no tenemos constancia. Ahora las han abierto porque hace unos meses fue detenido un contador de los Zetas que les dio a las autoridades la localización exacta de las once fosas y el número aproximado de cuerpos que había. Desde entonces las víctimas del noreste tiemblan. Aunque algunas informaciones apuntan que las fosas pudieron abrirse para enterrar a las víctimas de una única masacre en la que murieron 300 personas de golpe: un secuestro masivo en localidades como Monclova y Allende, la incineración de los cuerpos asesinados en bidones de metal y una creamación masiva que habría durado tres días. Tardaremos mucho tiempo en saberlo, las autoridades probablemente no darán la información precisa y a tiempo. Pero las víctimas, con la complicidad de periodistas independientes, medios locales y activistas, harán todo lo posible por recuperar la paz con memoria y con dignidad. Que así sea.
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