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| La escena de un asesinato el 5 de febrero de 2013 en Acapulco, Guerrero. Foto: Bernandino Hernández |
MÉXICO, D.F. (apro).- La inseguridad en el país no para. Al contrario, los números en homicidios crecen, mientras la percepción de los mexicanos es cada vez más pesimista respecto al entorno de violencia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que durante 2012 se cometieron 105 mil 682 secuestros a lo largo y ancho del país. Es decir, un total de 290 ilícitos diarios.
No obstante la cifra es superior a las denuncias registradas por este delito en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales fueron de mil 317 el año pasado.
Mientras que se reportaron cuatro mil siete desapariciones forzadas, que contrastan con las 718 denuncias que tiene registradas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
De acuerdo con Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi, la diferencia entre los registros administrativos y la ENVIPE respecto de las desapariciones forzadas y secuestros se debe a “la naturaleza del delito, la cual provoca que esos delitos tengan una cifra muy negra y muy alta, prácticamente, son delitos que no se denuncian y por eso la diferencia es tan marcada”.
Lo cierto es que los delitos, en general, se incrementaron en el periodo 2011-2012 a escala nacional.
En el 2011, los delitos sumaron 29 mil 200 por cada 100 mil habitantes; mientras en 2012, que fue el último año del gobierno de Felipe Calderón, la tasa se disparó a 35 mil 139 delitos por cada 100 mil habitantes.
Entidades como el Estado de México superaron por mucho el promedio nacional. Ahí hubo 56 mil 752 delitos por cada 100 mil habitantes; le siguió el Distrito Federal, con 49 mil 198; Jalisco, con 49 mil 83 casos; Quintana Roo, con 40 mil 279; Baja California con 39 mil 297 delitos; Nuevo León con 37 mil 46 casos; Chihuahua con 35 mil 952 y Morelos con 35 mil 750 delitos.
En total, la ENVIPE estima 21 millones 603 mil 990 víctimas de algún delito durante 2012; mientras que el total de ilícitos fue de 27 millones 769 mil 447.
Pero la cantidad alarmante se encuentra en la llamada “cifra negra” o los delitos que no se denuncian, que a escala nacional asciende a 92.1% de los ilícitos ocurridos en los cuales no hubo denuncia o no se inició averiguación previa durante 2012.
“Las pruebas estadísticas demuestran que la cifra negra no tiene variación significativa respecto de lo estimado en 2010 y 2011” señaló el Inegi, lo que demuestra la poca confianza de los mexicanos ante las autoridades y el miedo a denunciar.
De esta forma, la ENVIPE 2013 permite conocer que entre los motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar, están las circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo y la desconfianza en la autoridad, con 61.9%.
Y es que en el 2012 del total de las denuncias hechas por víctimas ante el Ministerio Público se refiere que en el 53.2% de los casos “No pasó nada” o “No se resolvió”.
De esta forma, el 57.8% de la población de 18 años y más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido del desempleo con 46.5%, y la pobreza con 33.7%. Mientras que el 41.8% de la población de 18 años y más considera que la principal causa de la inseguridad es el desempleo.
Con respecto a la percepción de corrupción en autoridades a cargo de la seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, 77.8% de la población de 18 años y más considera que la Policía de Tránsito es corrupta, seguida de la Policía Preventiva Municipal con 67.9%.
Pero los alcances de la inseguridad no quedan en la percepción y en los números de víctimas y delitos; también se trasladan al plano económico
La ENVIPE permite estimar que para 2012 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 215.2 mil millones de pesos, es decir, 1.34% del PIB.
Esto equivale a 5,953 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito. Las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los hogares que asciende a los 55.2 mil millones de pesos.
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