Un elemento del Ejército durante un operativo.
SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx).- La violencia durante el periodo electoral dejó en claro que el crimen organizado bloqueó o avaló a los candidatos afines a sus intereses, desarmando la imagen de estabilidad que el presidente Enrique Peña Nieto quiso vender en el extranjero, coincidieron especialistas entrevistados por Proceso.
Mañana domingo, ciudadanos de siete estados de la República acudirán a las urnas para elegir un gobernador, renovar tres congresos locales y mil 343 alcaldías.
El proceso electoral previo se distinguió por la violencia y secuestro contra candidatos de todos los partidos en Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua. En el caso de Durango, por citar un ejemplo, José Ricardo Reyes Zamudio, candidato a presidente municipal en San Dimas por el partido Movimiento Ciudadano, primero fue “levantado” y posteriormente asesinado.
En Tamaulipas, Elizondo Salazar, candidato a diputado del PAN, fue privado de su libertad cuando se desplazaba en su vehículo cerca de San Fernando, por más de 20 hombres armados. Permaneció plagiado en un lugar desconocido durante varias horas.
Además, el senador Francisco García Cabeza de Vaca denunció que todos los aspirantes que compiten por Acción Nacional en los municipios de la Frontera Chica tamaulipeca -Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Mier, por citar los más importantes- también fueron amenazados.
Incluso en Tamaulipas, Zacatecas y Durango algunos candidatos –de todos los partidos- llegaron con el visto bueno de los cárteles que ahí operan.
El PRD también denunció la desaparición de dos coordinadores de campaña, el incendio del vehículo de un candidato y el “levantón” de militantes en tres estados. Acción Nacional también sufrió la privación de la libertad de algunos de sus miembros.
“En este ambiente es claro que hay candidatos que tienen relación con los cárteles”, señaló en entrevista Raúl Benitez Manaut, academico del Centro de Investigación de América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Aseguró que en Tamaulipas, la seguridad y la justicia están en crisis al grado que “opera como un Estado fracasado”. Por lo tanto, reafirmó, es una ilusión citar la palabra democracia al referirse a esta entidad.
Benitez comentó que es obvio que el crimen organizado financió algunas campañas y que los nuevos alcaldes deberán pagar sus compromisos con quienes los financiaron.
Para Ioan Grillo, analista de “Crisis Group”, la violencia durante las campañas echó abajo la intención de Enrique Peña Nieto de “vender la imagen de un México en paz para atraer inversiones”.
Destacó que la violencia en este periodo es muy similar a lo que ocurrió hace dos años. La única diferencia es que las ejecuciones y la inseguridad ya no se difunden en los medios.
Sin duda que el crimen organizado influyó en las campañas electorales a través de la violencia o financiando campañas, enfatizó Grillo.
El autor del libro “El Narco, En el corazón de la insurgencia criminal mexicana” subrayó que controlar los municipios es ahora la prioridad para el crimen organizado.
“Los municipios son la parte más vulnerable del Estado mexicano”, comentó Grillo en entrevista con Apro.
Destacó que en la batalla de los cárteles por las plazas, quien controla los municipios maneja las policías locales y con ello se obtiene el control de la violencia, así como los nuevos negocios donde han incursionado, como el secuestro, la piratería y el robo de gasolina a gran escala.
Un problema, aseguró, es que algunos grupos políticos tradicionales están usando la violencia para mantener el poder e intentan aparentar que sus actos son autoría del crimen organizado.
“Ahora no se sabe quién está detrás de esa violencia”, concluyó el consultor de Crisis Group, una firma internacionalidad especializada en Conflictos y Seguridad con sede en Bruselas.
Urnas militarizadas
La violencia electoral previa obligó a los partidos a demandar que el Ejército Mexicano vigile los comicios.
La fuerzas federales no sólo vigilarán las urnas o los comités electorales, incluso en estados como Nuevo León participarán en operativos carreteros para prevenir actos violentos en los estados vecinos de Coahuila y Tamaulipas.
“La Policía Federal ya tiene estrecha coordinación y parte de SEDENA con el Operativo Candado que se lleva a cabo en Tamaulipas”, informó Víctor Navarro, Comisario General de la Delegación Nuevo León de la Policía Federal.
Alfredo Flores Gómez, Secretario de Seguridad de Nuevo León, destacó que en la vigilancia de las carreteras participarán 693 elementos federales, 995 estatales y dos mil 785 municipales, para alcanzar un total de cuatro mil 473 efectivos.
“Van a intervenir las fuerzas federales, y fue un acuerdo tomado en el grupo de coordinación de región, donde estuvo el
secretario Osorio Chong y los secretarios de defensa”, agregó Flores Gómez.
“Yo espero que por bien de todos esas elecciones sean totalmente blancas pero el dispositivo que tenemos, si ustedes lo ven, estamos cubriendo todas las carreteras, si llegara a suceder algo allá, que no creo, y quieran correr para acá los vamos a agarrar”, concluyó el secretario de Seguridad.
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