Amenazas, secuestros y desapariciones golpean a activistas
(Foto: Cuartoscuro)
En dos años, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 89 agresiones contra defensores de derechos humanos.
En su Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México actualización y balance, el organismo registró que entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, de esos ataques 38 por ciento son amenazas, 13 por ciento injerencias arbitrarias, 12 por ciento hostigamientos, 11 por ciento, privación arbitraria de la vida, 11 por ciento detenciones arbitrarias, seis por ciento son atentados, siete por ciento uso arbitrario del sistema penal y dos por ciento desaparición forzada.
Según el informe publicado este miércoles, los temas que los activistas trabajan principalmente son derechos de población migrante, derechos civiles y políticos, derechos de las mujeres, entre otros.
Impunidad desampara cada caso
El documento detalla que, de las agresiones encontradas, en 39 por ciento no hay responsables identificados.
De los ataques, 38 por ciento corresponden a actores estatales, 12 por ciento federales, cinco por ciento operadores de justicia y seis por ciento, autoridades municipales.
“Las respuestas institucionales requieren todavía de redoblados esfuerzos para ser cabalmente eficaces, como se revela en el limitado número de casos para los cuales existe noticia oficial del inicio de investigaciones penal es, que alcanza a 37 agresiones, respecto de las cuales en cinco casos se identificó a los presuntos responsables y enninguno se había dictado una sentencia firme”, publicó la ONU.
El organismo internacional destacó avances en el tema, como la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos en 2011 y la entrada en vigor de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la posterior instalación del Mecanismo de protección.
“Como retos en estos temas se encuentran emitir las leyes secundarias que permitan la implementación legislativa del cambio constitucional y superar algunas debilidades en la implementación del mecanismo de protección, tales como la cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar las medidas de protección, la oportuna difusión del mecanismo y la dotación adecuada de personal al propio mecanismo”, concluye el texto.
Documento completo:
http://hchr.org.mx/files/doctos/Informe_defensoresDH_2013_web.pdf
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