Las autoridades se han mostrado omisas e indolentes para localizar a por lo menos 35 policías federales que desaparecieron entre 2008 y 2012. Consecuencia de la guerra calderonista contra el narcotráfico, estas desapariciones dejan en un limbo jurídico y emocional a las familias de los agentes, quienes se encontraban en la “línea del deber” cuando se les perdió la pista. Los mandos de la ya desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal argumentaron que seguían con la búsqueda y sólo daban evasivas a las familias.
Fabián Mendoza Rosales y Julián Hermosa Cornejo estaban en el campamento de la Policía Federal en el Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán. Salieron a hacer algunas compras y no volvieron. Desde el 5 de agosto de 2008 están desaparecidos. Ellos inauguran la lista de 35 policías federales aparentemente buscados por la agrupación. Son los agentes que se reconocieron como desaparecidos en los tiempos en que Genaro García Luna era titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF).
Casi todos son jóvenes que el sexenio pasado ingresaron a la Policía Federal y fueron asignados a la División de Fuerzas Federales que los destinó a operativos antinarco. Desaparecieron mientras estaban en servicio, entre agosto de 2008 y agosto de 2012.
Ellos son: Luis Ángel, Bernardo Israel, Juan Carlos, Jaime Humberto, Pedro Alberto, Israel, Moisés, Bernardino, Jorge, Julián, Fabián, Valentín, Lito, Milton, Efraín, Rosendo, Agustín, Adrián, Roberto, Juan, Juan Luis, Adrián, Miguel, Cristóbal, Efraín, Juan Alberto, Rusbell, Eduardo, Noé, José Alfredo, Fausto, Prisciliano, Esteban, Gustavo y Víctor Hugo.
Sólo uno fue encontrado, muerto y torturado, en Zacatecas; de los demás no hay rastro.
Los nombres se desprenden de un oficio interno de la SSPF del pasado agosto firmado por el inspector Rafael Copado Balderas y enviado a la Dirección General Adjunta de Enlace Jurídico de la División de Fuerzas Federales. En ese documento se mencionan los nombres de los 35 policías y los operativos realizados para buscarlos.
Pero la lista está incompleta. Aunque comienza en agosto de 2008 y se corta en agosto de 2012, antes y después de esas fechas hubo policías desaparecidos.
Según el oficio, del cual este semanario posee copia, Michoacán encabezó las desapariciones con 18 casos (y aunque el documento no lo menciona, Proceso confirmó que los hechos ocurrieron en Zitácuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas).
Los estados que reportaron tres sucesos fueron Coahuila, en Torreón y Nuevo León, en San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza. Veracruz reporta dos, en Martínez de la Torre y Boca del Río; Tamaulipas uno en Matamoros; Durango y Distrito Federal dos (los dos de Iztapalapa, uno de ellos al salir de la base de la PF). Sinaloa, Hidalgo y Zacatecas registran, cada uno, una desaparición.
En el reporte de cuatro hojas entregado el año pasado a las familias que exigen cuentas a la SSPF se informó que existe una orden “superior” para recabar información y continuar con la búsqueda y localización de los desaparecidos. También se indicó que empleados de la Dirección de Situaciones Tácticas y de la Dirección General de Intervención realizan monitoreos y vigilancia en “domicilios y lugares señalados, tales como ciudades, municipios, poblaciones y parajes conocidos, dando seguimiento al análisis de la información recopilada”.
Entre las acciones para ubicar a los federales y esclarecer los hechos se mencionan como logros “el aseguramiento de miembros de la delincuencia organizada, vehículos, armas y envoltorios de hierba, todos ellos presuntamente vinculados con las desapariciones”. Sin embargo, del reporte se desprende que no se localizó a ninguno de los desaparecidos.
Para ubicar a los oficiales en Coahuila fueron detenidos 28 policías municipales de Lerdo, Durango, quienes –según el informe– colaboraban con Los Zetas. En Michoacán capturaron a 54 integrantes de La Familia; en Nuevo León a tres miembros de Los Zetas y en Zacatecas a otros 12 de esa organización, y cuatro más fueron abatidos en un enfrentamiento.
“A pesar de las significativas detenciones y aseguramientos de personas, armas, municiones, inmuebles y vehículos presuntamente involucrados en las desapariciones de varios de los elementos referidos –argumenta la dependencia–, no se han encontrado indicios que confirmen su identidad o ubicación”.
Tampoco se localizaron cadáveres. “Cabe resaltar que en las entrevistas realizadas a los miembros de la delincuencia organizada asegurados y presuntamente vinculados con la desaparición de los PF, estos han manifestado ubicaciones donde se encontrarían los cuerpos de los servidores públicos, por lo que se ha acudido a dichos puntos y zonas aledañas para la búsqueda de indicios y/o pertenencias de las víctimas, sin obtener hasta el momento algo que permita su ubicación y otra línea de investigación derivada”, abunda el reporte.
En el escrito firmado por el inspector Copado Balderas se menciona como explicación de las desapariciones que los grupos de la delincuencia organizada encabezaron agresiones contra elementos de la PF –“tales como emboscadas y aseguramientos ilícitos” de personas–, en represalia por la captura de varios capos y los operativos conjuntos montados en su contra por parte del gobierno federal.
Y concluye con la siguiente afirmación: “A raíz de estos aseguramientos se pudo saber que el cártel denominado Los Zetas realiza este tipo de acciones ‘para demostrar la fuerza del grupo y amedrentar a los elementos Federales’ según lo manifestado en las entrevistas realizadas”.
Víctimas a granel
La primera desaparición de federales en 2009 ocurrió el 3 de marzo en Torreón, Coahuila. La víctima fue Jorge Barrientos Bautista, de 23 años. Las autoridades divulgaron la ficha con sus datos, sin especificar su ocupación, aunque en su foto posa con la camisa azul del uniforme. Ese año fue especialmente crítico en La Laguna, donde decenas de jóvenes –la mayoría civiles– fueron arrancados de sus familias.
El 15 de mayo de 2009, en Matamoros, Tamaulipas, desapareció Bernardino H. Su nombre completo no se divulgará porque no existen reportes que muestren que su familia hizo público el hecho. A él le siguió Moisés López Enríquez, de 35 años, y según el reporte lanzado a las redes sociales por un familiar, desapareció al salir de la base de la Policía Federal en Iztapalapa.
Una semana después, el 9 de noviembre de 2009, fueron siete las víctimas: Luis Ángel León Rodríguez, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramón Usla, Juan Carlos Ruiz Valencia, Jaime Humberto Ugalde Villeda, Pedro Alberto Vázquez Hernández y Víctor Hugo Gómez Lorenzo, quienes se dirigían a tomar posesión de la policía de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Desaparecieron en Zitácuaro, en el mismo tramo donde otros policías fueron abatidos.
Como este semanario documentó en su momento, los siete policías y el civil que los trasladaba fueron dejados a su suerte. Ingresaron a territorio controlado por narcotraficantes en una camioneta Suburban azul marino, sin rótulo oficial. Entre todos cooperaron para alquilarla porque la PF no les proporcionó vehículo. Iban sin viáticos, vestidos de civil, como les ordenaron el director jurídico, Roberto Cruz Aguilar González, y el director general adjunto de Operaciones, Luis Graciano Ramírez, y con sus armas de cargo. La PF se enteró de la desaparición seis días después, gracias al reporte de las familias (Proceso 1775).
Según la versión que autoridades de la PF dieron a los parientes, fueron capturados por miembros de La Familia, quienes se dieron cuenta de que entraron armados a Michoacán y pensaron que eran sus rivales.
El 4 de diciembre de ese año el hecho se repitió en Michoacán, pero esta vez en Lázaro Cárdenas. Los afectados fueron Gustavo Sánchez González, Esteban Morales Santizo y Prisciliano Gómez Jacinto, quienes fueron levantados afuera del hotel donde se hospedaban con su destacamento.
El 2010 comenzó con la desaparición de Fausto Osorio Torres, en marzo, en Boca del Río, Veracruz, cuando tomaba vacaciones. Trabajaba como escolta del director de la Policía Municipal de Culiacán. Un mes después le siguió José Alfredo A., en Martínez de la Torre, mismo estado. El 4 de julio de 2010 Noé R., Eduardo N. y Rusbell L., en Michoacán (municipio sin especificar), y 25 días después Juan Alberto C., en Coahuila (lugar sin especificar). El 30 de octubre desapareció Efraín Pérez Nazario, de 40 años, en Lázaro Cárdenas, Michoacán y el 27 de diciembre Cristóbal L., en Tamaulipas.
El 18 de febrero de 2011 les tocó el turno a Miguel Gutiérrez Cruz y Adrián Domínguez Rolón, en Uruapan, Michoacán. Sospechosamente, a estos jóvenes sus jefes los dieron de baja al día siguiente y obstaculizaron las investigaciones. Un día después desaparecieron Juan Luis Lagunilla García y Juan Hernández Manzanares, al salir del hotel donde se hospedaban en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
El 18 de mayo de ese año se reportó la desaparición de Roberto R., en Iztapalapa. El 10 de junio no se supo más de Agustín A. y Adrián L., quienes salieron de Chihuahua rumbo a la capital del país. La PF estableció que se les perdió la pista en Durango.
Siguió el subinspector Rosendo Torres Cortés, quien era escolta del candidato a gobernador panista en Coahuila, Guillermo Anaya. El 10 de julio de 2011, cuando transitaba en la camioneta blindada que usaba para transportar al candidato fue detenido por policías del municipio conurbado de Ciudad Lerdo, Durango.
Erróneamente el reporte registró su desaparición en Coahuila. Dos meses después del suceso su esposa dio a luz. Personal de la PF la visitó únicamente para interrogarla sobre el paradero de la camioneta blindada, desinteresados de su marido.
Efraín L. despareció el 29 de agosto en Hidalgo; no se tienen más datos. El 28 de marzo de 2012 se registró el caso de Milton Garza Salgado, en San Pedro Garza, Nuevo León, El ejército encontró en abril, en una casa de seguridad de narcotraficantes, el uniforme de este policía junto con otros 11 uniformes apócrifos con logos de la Policía Federal.
Lito B. desapareció en Sinaloa, en lugar sin especificar, el 27 de agosto, y 22 días después Valentín Ruiz Pineda, en Fresnillo, Zacatecas. Su cuerpo, con huellas de tortura, fue encontrado a finales del año, según reportes de la prensa local. Es el único de la lista de quien se conoce el paradero.
Esos son los 35 desaparecidos que la División de Fuerzas Federales dice buscar.
Mentiras institucionales
En la edición 1881 de este semanario, familiares de policías federales desaparecidos, así como agentes en activo y retirados denunciaron un patrón común de ocultamiento y negligencia por parte de la dependencia hacia las desapariciones.
Coincidieron en que por lo general son las familias las que reportan el suceso a la base policiaca o son los amigos quienes informan a los parientes del policía que no volvió a la base a laborar y no los superiores. En la corporación sólo les dicen que los ausentes se “evadieron” del servicio, y reciben el trato de traidores. Por lo general los mandos superiores reportan al Ministerio Público la desaparición días después del suceso, y sólo cuando las familias comienzan a presionar a la dependencia.
Dos entrevistados señalan que los mandos no dan cuenta de las desapariciones para evitarse los citatorios y trámites administrativos. En todos los casos los policías que podrían tener información parecen adoctrinados para mentir; impera el silencio institucional y la poca información que reciben las familias es contradictoria.
En el caso del joven Domínguez Rolón, por ejemplo, su tío Víctor Rolón dice a Proceso: “La PF levantó el reporte de abandono de trabajo al día siguiente, y no quisieron hacer denuncia por desaparición. Cuando la mamá fue a preguntar a Uruapan, se contradijeron en las versiones, mintieron diciendo que el celular de él daba como desconectado. Pues a nosotros sí nos daba línea cuando le marcábamos. No pidieron los videos de las cámaras de vigilancia, nos dijeron que no tenían tecnología para rastrear teléfonos, no quisieron entregar las listas de asistencia, no nos dejaron entrar a la base Contel y obstaculizaron toda investigación”.
Según las autoridades aún buscan a los 35 desaparecidos. Sin embargo, en un reporte anterior que la SSPF entregó en febrero de 2012, por vía de la Ley de Transparencia, señaló que hasta ese momento 41 elementos estaban desaparecidos: uno en 2006; cuatro en 2008; 13 en 2009; 15 en 2010 y ocho en 2011.
Ese reporte publicado por El Universal menciona que en Michoacán desaparecieron 19; seis en Tamaulipas; tres en Nuevo León; dos en Durango, Distrito Federal, Coahuila, Veracruz y Zacatecas, respectivamente; y uno en Baja California, Baja California Sur y Guerrero, respectivamente.
En la lista proporcionada a las familias y a la que Proceso pudo acceder, tampoco aparecen los nombres de dos policías desaparecidos en Zacatecas, de los que informaron sus colegas.
Al contrastar los nombres de los 35 policías federales que la dependencia acepta como desaparecidos con la lista de los 26 mil nombres del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas o Extraviadas, recientemente divulgada por la Secretaría de Gobernación, llama la atención que los extraviados en Durango, Tamaulipas y el Distrito Federal no están incluidos. No fueron registrados ni por la SSPF ni por las procuradurías locales.
En el cruce de datos comienzan a notarse las fallas de la lista de personas desaparecidas durante el sexenio anterior, presentada por la subsecretaria Lía Limón, pues de los 35 agentes, en seis casos los nombres aparecen con doble reporte: uno en su lugar de verdadero extravío y otro en el Distrito Federal, donde seguramente las familias volvieron a denunciar los hechos. En las listas no se incluyen 13 nombres. En seis ocasiones se registra erróneamente al Distrito Federal como lugar de la desaparición, cuando el reporte de la PF indica que ocurrió en otra entidad.
Ante la falta de respuesta de las autoridades para buscar a los miembros de su propio cuerpo, la costurera Margarita Santizo emprendió la búsqueda de su hijo Esteban Morales con sus propios medios. La acompañan varias madres que hacen lo mismo sin importarles el peligro, toda vez que de la dependencia sólo reciben evasivas.
En otros casos, las familias piden ayuda en cadenas de oración, como el mensaje que aparece en la página de Facebook del grupo Cristianos Unidos: “Les ruego sus oraciones una vez más por la vida de Milton Garza Salgado, policía federal que fue secuestrado desde el pasado 30 de marzo; y por su afligida familia, sus padres, hermanos, esposa e hijos y todos los amigos y personas que lo apreciamos, Dios los bendiga siempre y nos ayude”.
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