CANCÚN, Q.R. (apro).- La organización Cielo, Tierra y Mar (Citymar) presentó nuevas evidencias a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre la afectación al parque nacional Arrecifes de Cozumel por obras de remodelación en un club de playa, propiedad de Roberto Borge Martín, padre del actual gobernador Roberto Borge Angulo.
La presidenta de Citymar, Guadalupe Álvarez Chulim, realizó una segunda ampliación a la denuncia que interpuso en días pasados por afectaciones en Punta Francesa, al sur de Cozumel.
En la denuncia dirigida al titular de la Profepa, Francisco Alejandro Moreno Merino, Álvarez incluye una carta de la Unidad del Vocero del Gobierno del estado, en la cual se lee que la familia Borge es propietaria del predio “desde hace 35 años”, y que sólo están “limpiando el área”.
Sin embargo, Álvarez aseguró que recibió seis fotografías, aportadas por ciudadanos cozumeleños. En ellas, dijo, se observa “el deterioro de la zona federal marítimo-terrestre”.
“El material fotográfico que hoy enviamos es donde se está rompiendo roca costera para llevar a cabo la playa”, precisó en la denuncia.
De igual forma, lamentó que la Profepa aún no haya procedido contra este daño ambiental, a pesar de que el pasado jueves 25 de abril acudió a la zona el biólogo Dionisio Casanova Pech, inspector de esa dependencia federal.
Al respecto, criticó que no se haya notificado a Citymar, como denunciante, de esta visita de inspección, y que la Profepa no haya procedido a colocar sellos de clausura “como marca la ley”.
El Plan de Manejo ambiental, apuntó, impide afectar la línea costera y hacer dragados que dañen a esta área natural protegida. No obstante, dijo que la familia Borge no cuenta con los permisos para realizar estos trabajos: “No existen permisos ambientales para llevar a cabo dicha construcción y/o limpia del terreno”.
En la denuncia también se destaca que la delegada de Profepa, Ludivina Menchaca Castellanos, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el delegado de la Semarnat, Raúl González Castilla, son políticos locales vinculados al gobernador.
De igual forma, apuntó que cuando la Profepa detecta a un pescador o cualquier desarrollador “sin parientes funcionarios”, ahí sí “se le aplica la ley” y se ponen los sellos de clausura.
“Esperando que la Ley Ambiental deje de ser selectiva en Quintana Roo, esperamos que se aplique o de lo contrario nos informen de los nuevos artículos que desconocemos”, concluye la denuncia.
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