Los 18 mexicanos fueron detenidos el 20 de agosto en Nicaragua y fueron declarados culpables el 19 de diciembre (Foto: Especial)
Los 18 mexicanos fueron detenidos el 20 de agosto en Nicaragua y fueron declarados culpables el 19 de diciembre (Foto: Especial)
La sentencia de los 18 mexicanos que fueron declarados culpables en Nicaragua por los delitos de lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico internacional, la dictarán este viernes.
El pasado 19 de diciembre, el juez Noveno de Distrito Penal, Edgard Altamirano, desestimó los alegatos presentados por la defensa y dictó culpabilidad a todos los integrantes del grupo que fue detenido el 20 de agosto de 2012, cuando viajaban a bordo de seis camionetas con el logotipo de Televisa y en cuyo interior se encontraron 9.2 millones de dólares.
La Fiscalía Nacional de Nicaragua solicitó 36 años de prisión a Raquel Alatorre Correa y Juan Luis Torres Torres, considerados líderes de la caravana, y 34 para el resto, aunque la pena máxima en el país centroamericano es de 30 años de cárcel, mientras que los abogados de los mexicanos se pronunciaron por una pena mínima de 14 años.
Extradición
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia nicaragüense (CSJ), Alba Luz Ramos, afirmó que existe la posibilidad de extradición para los 18 mexicanos, porque en ocasiones anteriores se ha realizado el proceso de intercambio con otras naciones, una vez dictada la sentencia.
“A nosotros no nos interesa tener aquí reos de ninguna nacionalidad extranjera y si ellos lo solicitan nosotros estaremos de acuerdo en que sean regresados a México”, señalaron las autoridades centroamericanas el pasado 3 de enero.
Firma de Amador Narcia
Entre los documentos incautados al grupo, se encontraron cartas con la supuesta firma del vicepresidente de Información Nacional de Televisa, Amador Narcia, por lo que la Procuraduría General de la República en México (PGR), recabó muestras de la misma y fue enviada a Nicaragua junto a otras pruebas.
La Fiscalía nicaragüense confirmó la recepción de los documentos, que serán comparados con las rúbricas que contenían las cartas en posesión de la caravana, que solicitaban la libre circulación para el grupo por Centroamérica.
Julio Centeno, fiscal general, entregó la firma de Narcia recabada por la PGR, al inspector general, Armando Juárez, quien anunció una pronta resolución del análisis. Los resultados podrían determinar si se decide abrir un juicio por la falsificación de la rúbrica.
Investigación de PGR
Además de la firma de Amador Narcia, las autoridades de Nicaragua solicitaron a México otras pruebas como la identidad de las personas con que mantuvieron comunicación telefónica los mexicanos tras ser arrestados, así como estudio a emblemas y documentos de la televisora.
El inspector general señaló el pasado 8 de enero que las investigaciones permitirán “determinar si existe un vínculo con los procesados y si los emblemas y marcas de Televisa fueron utilizados como parte de un enmascaramiento de este grupo del crimen organizado internacional”, además de establecer la eventual responsabilidad de otros implicados en el caso.
Registro de camionetas
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), no detalló los datos relacionados a la identidad de las personas que se encontrarían involucradas en el registro de las seis camionetas tipo Van a nombre de Televisa.
Sin embargo el pasado 27 de noviembre, el entonces procurador capitalino, Jesús Rodríguez Almeida, informó que se giró orden de aprehensión contra cuatro servidores públicos de módulos delegacionales que realizaron los trámites de registro de los seis vehículos incautados, además de otros diez, a nombre de la televisora.
Los presuntos involucrados habrían laboraban en los módulos de Iztacalco, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Tlalpan. Se presume que sólo recibieron copias de documentos originales para realizar el trámite ante la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi).
El procurador Rodolfo Ríos, quien asumió el cargo el mes pasado, informó el 11 de diciembre que tres de los cuatro ex empleados de los Módulos de Licencias y Control Vehicular, obtuvieron amparos para evitar ser detenidos ante la orden que giró la PGJDF, mientras que el cuarto continuaba prófugo
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