Entre las muchas urgencias que tiene el país, la de que el Estado retome la rectoría en materia educativa es de las más apremiantes
Entre las muchas urgencias que tiene el país, la de que el Estado retome la rectoría en materia educativa es de las más apremiantes. Por eso ha sido aplaudida la reforma que anunció el gobierno federal el pasado lunes, aunque mientras no se vean resultados concretos, favorables a la sociedad, seguirá habiendo resquemores sobre los verdaderos motivos que se persiguen con esta adecuación institucional. Estos fueron externados por un grupo de especialistas, quienes ven posibles riesgos de que el sector sea entregado a la organización Mexicanos Primero, ligada a Televisa.
En tal caso, como dice un dicho popular, “saldríamos de Guatemala para entrar en Guatepeor”. Se pondría fin al ciclo nefasto del sindicato corporativo más poderoso de América Latina, pero para que la educación cayera en manos de un grupo oligárquico ultra reaccionario, cuyo principal interés sería hacer del sistema educativo un ente informe cuya principal responsabilidad sería imponer criterios educativos ajenos a los intereses de la nación como Estado soberano, con aspiraciones de conformar una democracia progresista.
El investigador emérito de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, lamentó que el Ejecutivo “sólo esté escuchando a los empresarios y no se dé tiempo de escuchar a los académicos que hemos estudiado el tema durante décadas”. Advirtió que el problema de la calidad de la educación no se resuelve repartiendo computadoras, sino trabajando con los profesores para determinar cómo usar adecuadamente estos equipos en el salón de clases.
Sin duda son incuestionables los señalamientos que hizo el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, pero no basta con hacerlos si no aterrizan en hechos concretos, lo que se vería muy pronto en el próximo ciclo escolar. Qué bueno que los maestros puedan ascender con base en sus méritos profesionales, pero medida tan necesaria no tendría sentido si ese nuevo maestro carece de una visión progresista para impartir sus conocimientos. El fondo del asunto no está en tener méritos fundados en disciplina y trabajo, sino en lograrlos con resultados positivos en el aula, demostrados en avances sustantivos de los escolapios.
Sería un avance extraordinario lograr que la rectoría del sistema educativo la tenga nuevamente el Estado, pero hacerlo con fundamentos democráticos y progresistas, no con una base neoliberal que negara el derecho del pueblo a recibir una educación de manera gratuita, laica y con visión democrática. No hay que perder de vista que las naciones más avanzadas, donde el Estado de derecho es una realidad irrebatible, son aquellas que han impulsado sistemas educativos ajenos a fanatismos, ideologías y mezquindades derivadas del predominio de grupos oligárquicos ultra conservadores.
Tal filosofía subyace en el documento “Transformar el sistema educativo nacional: diez propuestas para diez años”, que presentó el mismo lunes el rector de la máxima casa de estudios, el cual fue elaborado por 76 especialistas de 29 centros de educación superior. El rector José Narro puntualizó que “la educación es un instrumento fundamental para impulsar el desarrollo de la democracia, así como consolidar la libertad, el progreso, el desarrollo humanos, la solidaridad y la tolerancia”. Como no ha sido así en los últimos cuarenta años, cuando la grilla sindical pasó a ser más importante que las mismas políticas educativas, México empezó a perder el rumbo, al dejar la educación al vaivén de los intereses de los líderes sindicales.
Hoy es urgente revertir esta situación, pero con una visión progresista. Como afirmó Narro Robles: “Necesitamos una reforma integral, y no una que atienda sólo algunos niveles. Que garantice el financiamiento adecuado, el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos”. Le asiste la razón también al señalar que no puede importar más el equilibrio fiscal que los desequilibrios sociales.
No hay duda que el secretario Chuayffet es un funcionario experimentado, conocedor profundo del sistema educativo, por lo que no se justificaría que diera palos de ciego tratando de engañar a la sociedad, con el fin de encubrir que el Estado no está dispuesto realmente a ejercer la rectoría del sector; que su principal finalidad es liquidar a un grupo mafioso al frente del sindicato, pero para que las políticas educativas sean dictadas por un más peligroso grupo empresarial de ultra derecha. Esto significaría una de las peores traiciones del actual grupo en el poder. Es preciso estar atentos para evitar que eso llegara a suceder.
En tal caso, como dice un dicho popular, “saldríamos de Guatemala para entrar en Guatepeor”. Se pondría fin al ciclo nefasto del sindicato corporativo más poderoso de América Latina, pero para que la educación cayera en manos de un grupo oligárquico ultra reaccionario, cuyo principal interés sería hacer del sistema educativo un ente informe cuya principal responsabilidad sería imponer criterios educativos ajenos a los intereses de la nación como Estado soberano, con aspiraciones de conformar una democracia progresista.
El investigador emérito de la UNAM, Ángel Díaz Barriga, lamentó que el Ejecutivo “sólo esté escuchando a los empresarios y no se dé tiempo de escuchar a los académicos que hemos estudiado el tema durante décadas”. Advirtió que el problema de la calidad de la educación no se resuelve repartiendo computadoras, sino trabajando con los profesores para determinar cómo usar adecuadamente estos equipos en el salón de clases.
Sin duda son incuestionables los señalamientos que hizo el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, pero no basta con hacerlos si no aterrizan en hechos concretos, lo que se vería muy pronto en el próximo ciclo escolar. Qué bueno que los maestros puedan ascender con base en sus méritos profesionales, pero medida tan necesaria no tendría sentido si ese nuevo maestro carece de una visión progresista para impartir sus conocimientos. El fondo del asunto no está en tener méritos fundados en disciplina y trabajo, sino en lograrlos con resultados positivos en el aula, demostrados en avances sustantivos de los escolapios.
Sería un avance extraordinario lograr que la rectoría del sistema educativo la tenga nuevamente el Estado, pero hacerlo con fundamentos democráticos y progresistas, no con una base neoliberal que negara el derecho del pueblo a recibir una educación de manera gratuita, laica y con visión democrática. No hay que perder de vista que las naciones más avanzadas, donde el Estado de derecho es una realidad irrebatible, son aquellas que han impulsado sistemas educativos ajenos a fanatismos, ideologías y mezquindades derivadas del predominio de grupos oligárquicos ultra conservadores.
Tal filosofía subyace en el documento “Transformar el sistema educativo nacional: diez propuestas para diez años”, que presentó el mismo lunes el rector de la máxima casa de estudios, el cual fue elaborado por 76 especialistas de 29 centros de educación superior. El rector José Narro puntualizó que “la educación es un instrumento fundamental para impulsar el desarrollo de la democracia, así como consolidar la libertad, el progreso, el desarrollo humanos, la solidaridad y la tolerancia”. Como no ha sido así en los últimos cuarenta años, cuando la grilla sindical pasó a ser más importante que las mismas políticas educativas, México empezó a perder el rumbo, al dejar la educación al vaivén de los intereses de los líderes sindicales.
Hoy es urgente revertir esta situación, pero con una visión progresista. Como afirmó Narro Robles: “Necesitamos una reforma integral, y no una que atienda sólo algunos niveles. Que garantice el financiamiento adecuado, el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos”. Le asiste la razón también al señalar que no puede importar más el equilibrio fiscal que los desequilibrios sociales.
No hay duda que el secretario Chuayffet es un funcionario experimentado, conocedor profundo del sistema educativo, por lo que no se justificaría que diera palos de ciego tratando de engañar a la sociedad, con el fin de encubrir que el Estado no está dispuesto realmente a ejercer la rectoría del sector; que su principal finalidad es liquidar a un grupo mafioso al frente del sindicato, pero para que las políticas educativas sean dictadas por un más peligroso grupo empresarial de ultra derecha. Esto significaría una de las peores traiciones del actual grupo en el poder. Es preciso estar atentos para evitar que eso llegara a suceder.
Guillermo Fabela - Opinión EMET
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