Hasta el 31 de octubre de 2012 y comenzando el 1 de diciembre de 2006, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa sucedieron 83 mil 191 ejecuciones, producto de la fallida guerra contra el narcotráfico. En total, durante el mismo periodo, en México se registraron 203 mil 690 homicidios dolosos y culposos.
Ejecuciones se refiere exclusivamente a aquellos hombres, mujeres y niños que fueron muertos con violencia característica del crimen organizado y el narcotráfico; dichas muertes fueron en ascenso desde el mes uno en que Felipe Calderón emprendió la fallida estrategia contra la inseguridad, basada en sólo dos principios: el patrullaje y la persecución de criminales por parte de las fuerzas armadas representadas por el Ejército y la Marina; y la aprehensión de cabezas de organizaciones criminales.
En enero de 2007 el Presidente, en medio de la sospecha de ilegitimidad por el cerrado resultado de la elección con la que llegó a la silla del águila, apostó todos sus recursos a una guerra que terminaría por llevarlo –durante la mayor parte de su administración– a la ignominia. A partir de ese momento, el territorio mexicano fue escenario de enfrentamientos cruentos que cobraron la vida de miles hasta llegar a la cifra título de este escrito.
Los resultados de la suma de ejecutados no son una arbitrariedad. Tampoco una invención producto de un terreno fértil en la República para el sensacionalismo. Son los números aquí presentados, producto de una investigación periodística de una editora, Rosario Mosso Castro, y un reportero, Enrique Méndez Hernández, del Semanario ZETA de Tijuana, Baja California y publicados en su más reciente edición, la del viernes 23 de noviembre de 2012.
El dramático ascenso del número de víctimas desde 2007 a la fecha es símbolo de la creciente descomposición del sistema preventivo, de justicia y procuración de la misma en México, que dieron como resultado la impunidad a los narcotraficantes y verdugos de mexicanos y mexicanas: en 2007 se registraron 2,826 ejecuciones; en 2008, 6,837; 11,753 en total en el año 2009; para 2010 la cifra ascendió a 19,546 ejecutados; 24 mil 68 al año siguiente, y en este 2011 y hasta el 31 de octubre: 18 mil 161. La baja cifra en el último año –alta realmente pero en comparación a los dos últimos años disminuida– no significa que haya bajado el nivel de ejecuciones, sino que las autoridades encargadas de hacer los conteos oficiales tienen hasta el 31 de octubre los datos, por lo que no están consideradas las bajas en esa misma categoría en los últimos dos meses del año, el noviembre que aun vivimos y el diciembre que nos falta.
En total en el sexenio sucedieron 114 mil homicidios dolosos, es decir que hubo una intensión directa de asesinar a esas personas; en esta categoría se encuentran los ejecutados, los más de 83 mil muertos en seis años de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo al sistema nacional de seguridad, en el mismo periodo –enero 2007 a octubre 2012– se presentaron 100 mil 180 denuncias por homicidios dolosos. Lamentablemente para la certeza jurídica y para el esclarecimiento de la información, la Procuraduría General de la República no presenta las cifras de los niveles de impunidad, es decir, cuantas de esas cien mil denuncias están resueltas, o en proceso de, ya no digamos con los asesinos en la cárcel, sino con averiguaciones previas que señalen quiénes fueron y cuáles los motivos. El no hacer eso, el no llevar a cabo la tarea de procuración de justicia, nos llevó a los mexicanos a observar la consolidación de la impunidad. Pocos –queremos pensar– han sido castigos por haber matado a alguien. Lo cual lleva a la inevitable premisa de, donde no hay castigo hay aliento para la comisión de delitos.
En muchos de los casos, la Procuraduría General de la República, a sabiendas de que estos crímenes fueron producto del narcotráfico o el crimen organizado, dejó la investigación y la apertura de los expedientes, en tutela de las Procuradurías locales que en tiempos donde ni siquiera el narcomenudeo estaba en su área, debían apechugar con la investigación de delitos del fuero federal más los de ellos en el ámbito común.
La fallida estrategia contra la inseguridad del fallido gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue el caldo de cultivo para esas más de 83 mil ejecuciones. Detener a los capos de la droga, siendo ese el objetivo primordial y no integral de una hazaña ordenada con justicia, prevención y procuración, provocó que las propias organizaciones criminales se dividieran el terreno y atentaran contra los mexicanos. De siete cárteles que se contabilizaban cuando Calderón tomó protesta, hoy día se cuentan 31 organizaciones criminales, muchas de ellas cartelitos emanados de escisiones ante el descabezamiento de algunas estructuras mafiosas.
El mismo reporte de ZETA menciona un crecimiento promedio de organizaciones criminales por año, hasta llegar a las mencionadas. En 2012 y como se dio a conocer hace unos días, aparecieron La Empresa, Guerreros Unidos, Los Rojos, Los Legionarios; sumados a los “tradicionales” criminales agrupados en el cártel de Sinaloa, del Juárez, Arellano, Milenio, y otros que se empoderaron como Los Zetas, La Resistencia, Gente Nueva, Los Caballeros Templarios, La Línea, La Familia, etcétera.
Estos pues, son los desastrosos resultados de la guerra emprendida por el Presidente Felipe Calderón contra el narcotráfico. Que dejo de proveer justicia, que no persiguió el lavado de dinero, ni desestabilizó las finanzas de los criminales, que tampoco los persiguió para detenerlos por sus crímenes, que sólo se concentró en detener dirigentes criminales para ganar la nota y notoriedad, sin buscar solucionar el problema de fondo erradicando el mayor daño que México ha tenido los últimos seis años: la impunidad.
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