Investigan traslado de drogas y saqueo en la flota aérea de PGR

 

Revela auditoría graves irregularidades

Hay más de 12 funcionarios involucrados

Detectan robo y tráfico de refacciones

Reportan inexistencia de manuales de operación y simulación de reparaciones

Volaban naves en malas condiciones

La auditoría ordenada por la procuradora Marisela Morales reveló que con presupuesto de la propia PGR se pagaba a empresas que embalaban las piezas que los servidores públicos se robaban y luego enviaban a los compradoresFoto Alfredo Domínguez

En imagen de archivo, el ex banquero Carlos Cabal Peniche es escoltado al llegar al hangar de la PGR en la ciudad de Mexico, el 6 de septiembre de 2001Foto Carlos Cisneros

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada
Viernes 7 de septiembre de 2012, p. 2

El descubrimiento de graves irregularidades en el manejo de la flota aérea de la Procuraduría General de la República (PGR), que van desde la inexistencia de manuales de operación hasta robo y tráfico de refacciones, simulación de reparaciones, extravío de bitácoras de vuelo y de reportes de mantenimiento, contratación de seguros para helicópteros y aviones que no sirven, la realización de vuelos en naves sin condiciones de aeronavegabilidad, e incluso la sospecha de que algunos aviones han sido utilizados para transportar droga, dieron origen a una de las investigaciones de mayor envergadura que se desarrollan en la dependencia.

Se abrió una indagatoria en la que están involucrados más de 12 funcionarios que laboraron desde 2006 en la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR, donde además la procuradora Marisela Morales Ibáñez descubrió que con presupuesto de la propia PGR se pagaba a empresas que embalaban las piezas que los servidores públicos se robaban y que luego enviaban a los compradores.

Morales Ibáñez también ordenó la suspensión de todas las operaciones de la flota, la concentración del personal y la revisión inmediata de todos los equipos, porque una auditoría que está en marcha y aún no concluye determinó que del total de 80 aeronaves, sólo cinco están en condiciones de volar sin problemas.

Se pidió a la oficialía mayor, a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) y a la visitaduría general, que vayan a fondo. Hasta donde tope, para descubrir las redes de corrupción que existen entre funcionarios de la DGSA, empresas privadas y servidores públicos de otras instituciones, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y se lleve a los tribunales a todos los involucrados, de acuerdo con información obtenida de altos funcionarios del gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes consultadas revelaron que las acciones de la procuradora generaron advertencias de que no se metiera con la DGSA, y que en lugar de detener la investigación, la auditoría y la suspensión de vuelos, ordenó: no detengan la investigación. Tope donde tope.

A finales de los años 90 la PGR llegó a tener una flota de 180 aeronaves, que se consideró la más grande de América Latina. En la actualidad tiene 80, entre aviones y helicópteros, en condiciones desastrosas.

La auditoría a la DGSA también descubrió que cada hora de vuelo en esas naves significa una erogación de 4 mil 629 dólares, mientras una empresa privada cobra 3 mil dólares por el mismo servicio, sin tener que pagar salarios, seguros, mantenimiento ni derechos de plataforma o pernocta en aeropuertos.

Las fuentes consultadas indicaron que el caso inició en mayo, cuando la oficialía mayor solicitó por escrito al ex director de la DGSA, capitán Manuel Jesús González Flores, que enviara los manuales de operación del área, incluidos los de procedimientos de taller y de manejo de aeronaves. La contestación fue que no sería posible y no eran necesarios.

En la indagatoria, según los funcionarios entrevistados, se han agregado los resultados de la auditoría que lleva a cabo la empresa estadunidense JDA Aviation Technology Solution, integrada por especialistas retirados de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

El presidente de JDA es Joseph del Balzo, ex administrador interino de la FAA; administrador adjunto de operaciones y desarrollo de sistemas y director del centro técnico de ese organismo.

La auditora fue fundada en 1994, “es una firma consultora de aviación internacionalmente conocida que se especializa en el desarrollo de soluciones para las líneas aéreas regulares, los operadores de charter, aviación corporativa, fabricantes de aeronaves y proveedores de componentes, estaciones de reparación, centros de formación, los aeropuertos y las autoridades aeroportuarias, compañías de tecnología, desarrolladores y empresas legales.

Lo primero que solicitaron los auditores a la DGSA fueron los manuales de operación y confirmaron que no existen. Descubrieron también que los representantes de la DGAC no cumplieron con su obligación de realizar inspecciones y supervisión de instalaciones aeronavales, personal técnico aeronáutico, ni supervisar que los trabajos se realizaran de acuerdo con las normas internacionales.
La obligación de la DGAC es que exista un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, que satisfaga las necesidades de la sociedad mexicana.
Las fuentes consultadas señalaron que los organismos de la SCT no realizaron inspecciones a Servicios Aéreos de la PGR, porque un funcionario –del cual no se reveló su identidad– trabajaba en ambas instituciones y encubrió las anomalías, por eso, al igual que el ex titular de la DGSA, Manuel Jesús González Flores, está sujeto a investigación.
Los auditores comenzaron la revisión física de las bases y talleres de mantenimiento en el sur del país. Las instalaciones ubicadas en Tapachula, Chiapas, y Chetumal, Quintana Roo, fueron las primeras. Siguieron las de Acapulco, Guerrero, y Cuernavaca, Morelos.
Pero el trabajo más minucioso se realizó en las instalaciones de Guadalajara, Jalisco, y la llamada Base México, ubicada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital del país, ya que ahí se encuentran los almacenes de Servicios Aéreos; en ellos se detectó un faltante de 600 refacciones aeronáuticas y la existencia de miles de piezas que no son utilizables porque la PGR no posee naves que las requieran.
En días recientes la PGR suspendió la adquisición de un motor para un avión. Se detectó que el contrato de 3 millones de dólares solicitaba el envío de un motor para un avión que no existe en la flota.
Con la intensificación de las revisiones contables y operativas surgieron más resultados: al menos 20 de las 80 aeronaves de la flota tendrán que ser desechadas por encontrarse en estado deplorable. Cualquier intento de ponerlas operativamente funcionales es incosteable, revelaron los funcionarios entrevistados.
La PGR tendrá que solicitar al Servicio de Administración de Bienes Asegurados que informe sobre la situación jurídica que guardan los 20 equipos para que se pongan en subasta o se declaren como baja de los bienes gubernamentales, ya que fueron asegurados a grupos criminales años atrás.
Asimismo, los auditores descubrieron que en bases de operación aérea, como la de Hermosillo, Sonora, la PGR tenía montados sus talleres en cajas de camiones de carga y los mecánicos y técnicos no contaban con instalaciones ni herramientas adecuadas para realizar su trabajo.
En una visita, observaron cómo fue bajado manualmente el motor principal de un helicóptero y cómo fue reparado sin utilizar herramientas de precisión y vuelto a colocar.
En varias instalaciones encontraron reportes de reparaciones pagadas por la institución a empresas privadas, pero los trabajos nunca se realizaron.
Desde 2006, La Jornada informó que trabajadores de la DGSA denunciaron la existencia de actos de corrupción en los que estaban involucrados los directores de esa área, pero nunca se inició una averiguación previa. La flota contaba con 163 naves. El titular de la PGR era Daniel Cabeza de Vaca y la operatividad era de 47 por ciento.
La investigación ordenada por la procuradora Marisela Morales abarcará hasta 2004 de ser necesario, cuando supuestamente la operatividad de la flota superaba el 75 por ciento, con la finalidad de detectar en qué fecha comenzaron las complicidades y desmantelamiento de aeronaves, indicaron los funcionarios entrevistados.