MÉXICO, D.F. (apro).- El PRI está a punto de regresar a la presidencia, pero no lo hará con un rostro nuevo, sino lavado, pues para ganar la elección presidencial utilizó recursos de procedencia desconocida.
De acuerdo con las denuncias presentadas por el PAN y la izquierda, el Revolucionario Institucional lavó dinero mediante triangulaciones bancarias en varios países, antes de usarlo en México para la compra y coacción del millones de votos a favor de Enrique Peña Nieto.Hasta donde se sabe, el PRI utilizó como piedra angular de su trama financiera internacional a una empresa que desde hace más de una década ha sido investigada en España y Estados Unidos por lavado de dinero proveniente del crimen organizado.
Se trata de la empresa Monex, creada en 1985, en la ciudad de México, por varios personajes de las finanzas, entre ellos Héctor Pío Lagos Dondé, amigo del exsecretario de Hacienda, Agustín Carstens; de Guillermo Babatz, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y de Gerardo Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
Otro socio de Monex, convertido hoy en un conglomerado financiero internacional, es Héctor Lagos Cué, acusado en 1980 de cometer un fraude por más de mil millones de pesos en 1980, delito por el que fue internado en el Reclusorio Preventivo de Guadalajara.
A través de Monex y de algunas empresas fantasma, el PRI obtuvo millones de dólares que usó para comprar las tarjetas y monederos electrónicos que distribuyó días antes de la elección para comprar votos y para pagarle a toda su estructura de representación electoral.
Monex, considerado por la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores como uno de los grupos financieros más importantes de América Latina y de “economías emergentes”, tiene gran experiencia en el lavado de dinero si tomamos en cuenta las investigaciones que se han realizado en España y Estados Unidos.
El PRI sabía de esa historia antes de utilizarlo para sus transferencias. También lo sabe el gobierno de Felipe Calderón y seguramente la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/284/2004 que se abrió en el año 2003, cuando fueron detenidos dos operadores financieros de los Arellano Félix, ese grupo lavó 3.8 millones de dólares en Monex Divisas entre 2000 y 2002.
En la misma averiguación se indica que la policía española encontró en 2006 que el Cártel del Valle del Norte de Colombia usó Monex casa de Bolsa, Monex Divisa e Intercam Casa de Cambio –todas radicadas en México– para lavar 78 millones de euros.
En 2007 las mismas autoridades españolas notificaron a las mexicanas que Zhenli Ye Gon también uso Monex para hacer transferencias, mientras que en 2008 el cártel mexicano de los Beltrán Leyva uso este banco para transferir 78 millones de euros.
En otra línea de investigación de 2011, las autoridades de Estados Unidos encontraron que Fernando Castro Martínez, presunto prestanombres del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington, realizó transferencias por 7.2 millones de dólares a distintas entidades financieras, incluida Monex.
Con todo este historial en el blanqueo de dinero de procedencia ilícita, es imposible que las autoridades electorales y judiciales cierren los ojos ante la denuncia que hizo el empresario José Luis Ponce de Aquino por fraude contra integrantes del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto.
Según el empresario de los medios, atestiguó la transferencia bancaria de 56 millones de dólares a supuestas cuentas con dinero de procedencia desconocida, radicadas en bancos de Italia, Israel “y otro portugués o brasileño”.
El dinero, dijo, se transfirió a una cuenta en la sucursal de Banca Monex en la ciudad de México, a nombre de la empresa “Jiramos”, propiedad de Alejandro Carrillo Garza Sada, quien lo contactó para hacer la campaña de publicidad de Peña Nieto en Estados Unidos.
Hoy esas revelaciones pretenden ser desvirtuadas y descalificadas por el PRI para que no se tomen en cuenta. Sin embargo, nadie, menos las autoridades, pueden hacerlas a un lado.
Se trata de pruebas claras de que el priista Enrique Peña Nieto no alcanzó a lavar su imagen y que su partido actuó de manera ilegal utilizando dinero de procedencia ilícita, además de que rebasaron los topes de campaña.
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