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Lavado electoral, con documentos

 
El candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista en la pasada elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, presentó ayer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la opinión pública información documentada sobre operaciones con recursos de procedencia presumiblemente ilícita para distribuir decenas de millones de pesos en el marco de la campaña de su rival priísta, Enrique Peña Nieto. Tal información se suma a la denuncia que ya había presentado el Partido Acción Nacional contra el tricolor por la dispersión de dinero, por medio de tarjetas de la empresa Monex, en una contabilidad paralela a la declarada al Instituto Federal Electoral. Lo anterior se agrega a la petición de invalidez de la elección del primero de julio por las masivas operaciones de compra de votos de que se acusa al PRI y por las condiciones de inequidad mediática en que se desarrollaron las campañas políticas.
De acuerdo con los documentos difundidos por López Obrador, Monex fue retribuida con más de 100 millones de pesos por las empresas Inizzio y Efra, las que a su vez recibieron ese dinero de una pesona física y tres personas morales: el particular Rodrigo Fernández Noriega y las empresas Atama, Koleos y Tiguan. Destaca el hecho de que Koleos y Tiguan fueron constituidas el mismo día –8 de septiembre de 2001–, ante el mismo notario público, situación que se repite con Inizzio y Atama. Significativamente, los domicilios fiscales de las firmas en cuestión resultaron ser inexistentes.
La información referida constituye, de entrada, una contundente descalificación de los propósitos enunciados por la administración calderonista –mencionados cuando se nombró secretario de Gobernación a Alejandro Poiré– de impedir que recursos ilícitos fluyeran a las campañas políticas, así como de la capacidad fiscalizadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y de la Procuraduría General de la República (PGR) en su conjunto. Asimismo, las revelaciones ponen en evidencia una gravísima falla del IFE, en la medida en que fue incapaz de supervisar financiamientos irregulares que habrían debido ser detectados desde un inicio.
Las revelaciones comentadas colocan a la administración calderonista en la obligación perentoria de investigar y consignar a quien corresponda por la planeación y ejecución de las turbias triangulaciones por medio de las cuales Monex y el resto de las empresas involucradas habrían operado como canales de distribución de dinero en la campaña de Peña Nieto y en la elección –por ejemplo, más de 9 mil tarjetas de Monex fueron distribuidas entre operadores priístas, representantes de casilla y sus coordinadores, con saldos de entre 15 mil y 20 mil pesos en cada tarjeta–, y a determinar el origen de los fondos.
Por otra parte, la documentación del caso pone al TEPJF ante la disyuntiva de declarar válida la elección presidencial del primero de julio a sabiendas de que en ella pudieron cometerse delitos graves o de invalidarla no sólo por las irregularidades propiamente electorales denunciadas con anterioridad, sino también porque los resultados oficiales pudieron haberse configurado, en alguna medida, por medio de prácticas que podrían ser descritas como lavado de dinero.
La institucionalidad en su conjunto se encuentra, pues, en una circunstancia delicadísima, que sólo puede decantarse por el esclarecimiento pleno de los hechos denunciados, con todo lo que ello implique, o por una maniobra de encubrimiento que minaría en forma irreparable la de por sí erosionada base de credibilidad de los organismos públicos involucrados.

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