7 de febrero del 2012
Las bromas del presidente Felipe Calderón en Twitter nos producen un dolor extraño a periodistas y a muchos mexicanos, porque no entendemos cómo puede llegar a esos grados de cinismo. Leer sus tweets nos incitan a odiarlo y a desearle que tenga la oportunidad de experimentar al menos un poco el dolor que han padecido las familias mexicanas por su mala gestión pública. Ahora con motivo del 95 aniversario de la Constitución, sus palabras fueron: “cada día ponemos nuestro empeño en hacerla valer (la Constitución) para todos los mexicanos”.
Y odiarlo es inevitable. Las amenazas permanentes a las libertades y derechos fundamentales de periodistas y activistas de derechos humanos parecerían ser un asunto que finge desconocer. Sin embargo, claramente es un acto de cinismo y burla no sólo a la Constitución mexicana, sino a las familias que han sido víctimas de la corrupción y la violencia de su gestión, porque no hay manera de desconocer el daño que él mismo y sus funcionarios han causado a los ciudadanos mexicanos.
Son miles las denuncias en los informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que documentan las graves violaciones, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, homicidios, tortura, amenazas de muerte, malos tratos y detenciones arbitrarias, perpetradas por miembros del ejército, por policías federales, por funcionarios federales y estatales y por policías en los estados.
Decenas de miles, no son unos cuantos casos aislados, por allá en una sierra perdida. Las violaciones de derechos humanos, desde Baja California hasta Chiapas, han sido constantes y sistemáticas en el gobierno de Felipe Calderón. Cada vez somos más los periodistas amenazados de muerte, golpeados o asesinados por ejercer nuestra profesión y denunciar hechos de corrupción de su gobierno. Los activistas que buscan justicia para las víctimas terminan asesinados o exiliados. No hay manera de desconocer qué es lo que está pasando en nuestro país, cada día.
Calderón lanza un tweet a la red, como si fuera un asistente de una oficina de comunicación de bajo presupuesto, repitiendo titulares de boletines en 140 caracteres que les escriben sobre la ficción de su gestión pública. Su cinismo “online” va directo al corazón real de las víctimas de quienes fueron violados sus derechos constitucionales, de los familiares de quienes el estado no pudo garantizarles la vida, de quienes no se les respetaron sus libertades y ahora vivimos expulsados de nuestro seno familiar y de nuestro país. Lanza un tweet, y el odio se desata viralmente hacia su persona y hacia sus funcionarios.
Vivimos los años más violentos e inseguros de la historia de México, en la que los principales agresores son las propias autoridades; pero el presidente, en 140 caracteres, nos dice que se empeña todos los días en garantizar nuestros derechos y libertades fundamentales. Me pregunto si sabrá realmente lo que significa ello. Me pregunto cuántos tweets se necesitarían para regresarle su odio y su cinismo para que llegaran hasta su corazón provocándole movimientos arrítmicos que le robaran el aire cada que leyera: “no finjas @felipecalderon, eres el presidente de un país que hundiste, no un twitero de comunicación del partido oficial”.
Y recordarle, así en tweets y en su cara, que en el 2011, cada 40 minutos, una persona fue asesinada, en incidentes relacionados con el crimen organizado. Que el narcotráfico, lo sabe muy bien Calderón, no sólo deja muerte y dolor, también deja más de 40 mil millones de dólares cada año a la elite de cómplices de la que él mismo forma parte.
Tampoco ignora que nuestros niños mexicanos tienen derecho a vivir una vida sin violencia y digna. Y aunque en 140 caracteres, él asegura que se empeña todos los días en hacer valer estos derechos, la realidad no cabe en un tweet ni es para sonreír frente a su Blackberry. Según los pocos y temerosos seguimientos de los organismos de derechos humanos mexicanos, hay más de 43 mil menores de edad en las filas del crimen organizado. Niños, a quienes el estado mexicano no pudo garantizarles el derecho a vivir en un ambiente de paz con la oportunidad de ir felizmente a la escuela. Ello, sin contar las decenas de miles de niños que van quedando huérfanos por la guerra parcial contra el narcotráfico.
Si seguimos las cifras de informes y análisis publicados en la materia, nos encontramos que cada día son secuestrados unos 60 migrantes, que en estos secuestros participan los "coyotes", narcotraficantes, agentes policíacos y funcionarios del gobierno mexicano. Que sucede lo mismo en las desapariciones de mujeres jóvenes y feminicidos, como en los asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos. No hay un crimen de este tamaño, en los que no estén involucrados también funcionarios de gobierno de diferentes niveles y sus policías.
Calderón y sus empeños ante la libertad de expresión
La periodista Olga Wornat fue amenazada con lujo de violencia verbal por un libro que aún no publica sobre la administración de Felipe Calderón. Por las amenazas constantes se vio obligada a dejar con urgencia el país para salvar la vida, ella, su familia y su colaborador. Le mandaban amenazas de muerte e insultos hasta en el celular de su joven hija. Un trabajo profesional de análisis sobre el desempeño del gobierno que realiza cada sexenio, se convirtió con Calderón en una pesadilla sin que fuesen respetados sus derechos más elementales, como la libertad de expresión.
Lidya Cacho, con sus investigaciones ya publicadas, sobre corrupción, tráfico sexual y pederastia de políticos y sacerdotes mexicanos, es otro blanco de amenazas y su vida corre grave peligro. Pese a las campañas de solidaridad internacional, sus derechos constitucionales han sido afectados. Incluso ha denunciado en varias ocasiones que es vigilada y perseguida, pero sería un suicidio aceptar la protección de las autoridades.
Anabel Hernández, periodista que ha denunciado la participación del ex presidente Vicente Fox y del mismo Felipe Calderón con los cárteles privilegiados del narcotráfico, como el del Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín “Chapo” Guzmán. Hernández publicó esta investigación que le llevó cinco años en desarrollarla, con evidencias y denuncia de conexiones, y su vida ahora está peligro.
También hay otros periodistas en el exilio que han tenido menos atención mediática, pero con problemas no menos graves en los que las autoridades son las protagonistas de las amenazas. Es el caso de Karla Lotinni, seudónimo de la periodista Karla García Ramírez, quien denunció, en formato de novela, la corrupción de Conaculta, institución encargada de promover la cultura en el país.
Varios periodistas provenientes de Acapulco, Ciudad Juárez y Veracruz a quienes recientemente han sido aprobados sus asilos políticos en Estados Unidos, después de demostrar a las autoridades de migración las amenazas y tortura física por ejercer el periodismo en sus ciudades de origen. Y, por medio, aún después del asilo piden discreción para su identidad.
La autora de esta misma entrega, fue amenazada de muerte a través de su celular, en Los Ángeles, California, a raíz de una serie de reportajes publicados sobre los cadáveres retenidos en la morgue de Ciudad Juárez y la corrupción de la fiscal Rosa María Sandoval, responsable de las investigaciones de feminicidios.
El contundente fracaso del estado mexicano para dar garantía constitucional a la libertad de expresión, pues, ha quedado de manifiesto cada año con el asesinato de varias decenas de periodistas, aunque esté formalmente escrito en nuestra Constitución. Ni siquiera los medios de comunicación coinciden en las cifras de los asesinatos de periodistas, pero es evidente que no reflejan el verdadero número de estas graves violaciones.
Los casos más difundidos son los que llegan a los medios por denuncias de los familiares con el deseo de que se haga justicia a las víctimas. Sin embargo, no son pocos los casos de periodistas agredidos que se quedan en la oscuridad de un escritorio en algún Ministerio Público, o que son incriminados y desprestigiados por las mismas autoridades declarándolos después de muertos como miembros de bandas criminales.
Están los casos de periodistas agredidos y activistas que llegan hasta organismos de derechos humanos internacionales, con las denuncias sólidamente documentadas. Pero, con frecuencia, las autoridades mexicanas no investigan estos informes de forma inmediata, imparcial y eficaz para garantizar que los responsables de las violaciones de derechos humanos sean puestos a disposición judicial, y se hagan valer los derechos de las víctimas.
Éstos son algunos casos de periodistas. Pero hay casos de impunidad avalados por Felipe Calderón que despiertan un gran odio, como es el de la Guardería ABC o el de los feminicidios de Juárez, en los que están involucrados funcionarios federales. ¿De qué empeño Calderón se habla a los tuiteros? Es inevitable el odio.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un documento pisoteado principalmente por Felipe Calderón. Él sabe perfectamente que con su guerra a los cárteles rivales de su cártel protegido, no sólo mueren los criminales, sino también inocentes. Y ello es una violación de derechos humanos. Calderón sabe que cada periodista que es amenazado, golpeado o asesinado es porque estaba en el camino correcto para revelar una verdad y su agresión es una violación a la Constitución mexicana. Calderón sabe que como cabeza del estado mexicano es incapaz de proteger la vida de las personas y de hacer que se respeten las garantías constitucionales. Y ello es una grave ineptitud, por la que debería haber renunciado hace años.
Calderón lo sabe. Por eso sus tweets que sólo muestran testarudez y cinismo, incitan al odio. Pero por mucho que su partido y sus funcionarios se empeñen en camuflar y trastocar las evidencias de sus crímenes, nuestra conciencia se hace cada vez más concreta y más presente, y el país deberá recordar en el interior de sí mismo que no todo pasa con el tiempo, y que en 140 caracteres también hay una memoria viva.
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