Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Estados Unidos presentó sendas solicitudes San Antonio y Corpus Christi, Texas, para confiscar propiedades del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, que presuntamente fueron adquiridas con dinero del narcotráfico.
De acuerdo con un cable de la agencia AP, las autoridades esetadunidenses acusan a Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004, de recibir “millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico”, los cuales invirtió en bienes raíces en el estado de Texas.
Los fiscales federales presentaron hoy dos solicitudes de confiscación, pero se abstuvieron de promover cargos penales contra el exgobernador tamaulipeco.
Según la denuncia divulgada por AP, Yarrington recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “y de varios esquemas de extorsión o soborno”, para lo cual se valió de terceros para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”.
El gobierno de Estados Unidos pretende confiscar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio.
Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial del condominio de 450.000 dólares en South Padre en 1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección de la Policía, según los fiscales.
Yarrington recurrió a sus ingresos ilícitos con los narcotraficantes para liquidar totalmente el condominio, el cual ha utilizado desde 1998, de acuerdo con el caso de confiscación.
En cuanto a los documentos presentados en la solicitud de San Antonio, los detalles de la transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la propiedad también habría sido obtenida por Yarrington y otros mediante “fondos ilícitos”.
Los fiscales federales también difundieron el martes la acusación contra un empresario mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió dinero del Cártel del Golfo para sobornar a funcionarios de en Tamaulipas a fin de garantizar un mínimo de interferencia policial en las actividades del cártel.
De acuerdo con un cable de la agencia AP, las autoridades esetadunidenses acusan a Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004, de recibir “millones de dólares en sobornos de los cárteles del narcotráfico”, los cuales invirtió en bienes raíces en el estado de Texas.
Los fiscales federales presentaron hoy dos solicitudes de confiscación, pero se abstuvieron de promover cargos penales contra el exgobernador tamaulipeco.
Según la denuncia divulgada por AP, Yarrington recibió “millones de dólares en pagos” de los cárteles de la droga “y de varios esquemas de extorsión o soborno”, para lo cual se valió de terceros para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”.
El gobierno de Estados Unidos pretende confiscar un condominio en la isla South Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio.
Según el caso presentado en Corpus Christi, Yarrington recurrió a un empresario mexicano que fue contratista para la alcaldía de Matamoros para que fuese el comprador oficial del condominio de 450.000 dólares en South Padre en 1998. La propiedad fue puesta a nombre de esa persona para evitar la detección de la Policía, según los fiscales.
Yarrington recurrió a sus ingresos ilícitos con los narcotraficantes para liquidar totalmente el condominio, el cual ha utilizado desde 1998, de acuerdo con el caso de confiscación.
En cuanto a los documentos presentados en la solicitud de San Antonio, los detalles de la transacción permanecen fuera de la vista pública, pero un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que la propiedad también habría sido obtenida por Yarrington y otros mediante “fondos ilícitos”.
Los fiscales federales también difundieron el martes la acusación contra un empresario mexicano, Fernando Alejandro Cano Martínez, que supuestamente recibió dinero del Cártel del Golfo para sobornar a funcionarios de en Tamaulipas a fin de garantizar un mínimo de interferencia policial en las actividades del cártel.
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