MÉXICO, D.F. (apro).- El asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez, el sábado 28 de abril, es resultado de un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana. Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país.
Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones.
En nuestro caso, son reiterados el secuestro y la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por lo que publicamos. En ocasiones, nos hemos visto en la necesidad de ocultar en el anonimato el nombre de nuestros reporteros, enviados especiales y corresponsales en sus trabajos sobre temas de seguridad.
Más allá de los detalles que podría arrojar la investigación policiaca, creemos que el asesinato de Regina Martínez sólo pudo darse en esa atmósfera de descomposición y hostilidad.
Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que “se investigará hasta las últimas consecuencias”. No les creemos y se los hicimos saber.
El gobierno del estado solicitó la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República en las investigaciones. La revista participará en la misma calidad para evitar desviaciones en las indagatorias.
La agresión contra cualquiera de los integrantes de esta casa editorial es un atentado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar.
No eludiremos ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento del crimen.
Al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones.
En nuestro caso, son reiterados el secuestro y la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por lo que publicamos. En ocasiones, nos hemos visto en la necesidad de ocultar en el anonimato el nombre de nuestros reporteros, enviados especiales y corresponsales en sus trabajos sobre temas de seguridad.
Más allá de los detalles que podría arrojar la investigación policiaca, creemos que el asesinato de Regina Martínez sólo pudo darse en esa atmósfera de descomposición y hostilidad.
Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico. En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que “se investigará hasta las últimas consecuencias”. No les creemos y se los hicimos saber.
El gobierno del estado solicitó la coadyuvancia de la Procuraduría General de la República en las investigaciones. La revista participará en la misma calidad para evitar desviaciones en las indagatorias.
La agresión contra cualquiera de los integrantes de esta casa editorial es un atentado contra Proceso y en contra del derecho constitucional a informar.
No eludiremos ninguna acción hasta conseguir el esclarecimiento del crimen.
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