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| Mexicana. Sin alas. Foto: David Deolarte |
MÉXICO, D.F. (apro).- Dentro de 35 días vence el plazo para que el juez Felipe Consuelo Soto declare en quiebra a Mexicana de Aviación. De no presentarse algún inversionista que pretenda “rescatar” a la aerolínea, la empresa desaparecerá y con ella los cientos de trabajadores que desde agosto de 2010 perdieron su fuente laboral.
Mexicana, de haberlo querido el gobierno, bien pudo haber obtenido recursos adicionales luego de decidió “parar” la aerolínea; no quiso hacerlo y luego presionó al juez para que no lo obligara a ello. Y es que Mexicana tiene en Estados Unidos “bienes intangibles” como son las rutas o slots privilegiados (derechos de despegue y aterrizaje) que ninguna aerolínea del país posee.
Mary Johasen, la representante legal de Mexicana, aceptó que todos esos bienes intangibles existen y que Volaris e Interjet son las empresas que hoy se están beneficiando del mercado que abrió la primera aerolínea y que desde hace años adquirió.
Entonces, si Mexicana tiene bienes intangibles que bien puede comercializar y recibir excelentes recursos como para aminorar un poco el desasosiego que generó a pilotos, aeromozas y empleados de tierra al grado de que hoy están a punto de perder sus créditos hipotecarios porque los bancos ni siquiera pueden disponer del seguro de desempleo, ¿por qué no lo hizo?
En primer lugar, el juez que lleva el caso, Felipe Consuelo Soto, supo que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes decidió “prestar”, que no rentar, los slots y las rutas a Volaris e Interjet.
Recientemente el juez confesó a uno de los legisladores del grupo de trabajo para atender el caso Mexicana, que la SCT lo ha estado presionando para que permita este préstamo; la argucia utilizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que las propias leyes le dan atribuciones al gobierno, para que mantenga “la conectividad del país”. Es decir, que debe mantener comunicados a los ciudadanos y, por lo tanto, las rutas (que permiten la conectividad) deben seguir utilizándose.
El argumento de la SCT para presionar al juez resulta contradictorio, pues si de atribuciones y obligaciones se trata, el gobierno jamás debió permitir que Mexicana “parara”, pues se perdería la conectividad. Entonces, cómo es posible que primero la SCT permita que se pierda la conectividad y luego, para mantenerla, entregue las rutas a otras aerolíneas. ¿Por qué no seguir con Mexicana? Es la pregunta.
Otra medida que bien pudo haber utilizado el gobierno es que si, efectivamente como dice, la empresa Mexicana de Aviación era ya inoperable financieramente por qué no buscó “un patrón sustituto”. Esto es, que Mexicana como empresa se detuviera pero que los empleados –que el propio gobierno entregó al particular junto con la empresa cuando desintegró CINTRA–, fueran contratados por su patrón sustituto, en este caso Volaris e Interjet, para que trabajaran únicamente en los vuelos extranjeros.
En este caso ambas empresas no dejarían sin fuente de trabajo a sus propios empleados, pues éstos jamás habían volado en esas rutas, al contrario, se les incrementó el trabajo. Si Volaris e Interjet tan amable y samaritanamente se prestaron a trabajar las rutas y slots de Mexicana para que el gobierno cumpliera con su obligación de mantener la conectividad, ¿por qué la SCT no le exigió que esto se hiciera con empleados de la compañía que se estaba desapareciendo?
Entonces el gobierno debió rentar las rutas o, en su caso, prestarlas pero contratando a los desempleados de Mexicana. Lo que sucede es que el gobierno no quiso buscar una salida menos gravosa para los empleados que dejó sin su fuente de trabajo; el gobierno de Felipe Calderón lo que quiso, y quiere, es acabar con Mexicana, sin importarle sus empleados y entregarles a las nuevas aerolíneas consentidas un gran tesoro.
Quien tiene la palabra en este caso es el juez, porque aun si se declara la quiebra el 10 de febrero próximo y no hay inversionista a la vista, lo cierto es que la “concesión y las rutas de Mexicana” se pueden mantener para así, por un lado, beneficiar a los hoy desempleados y por otro mantener “vivo” el caso de Mexicana en lo que llega el nuevo inversionista.
No hay que olvidar que, junto con la quiebra de Mexicana no sólo se pierde la empresa, sino también puede perderse la concesión y ante ello el gobierno bien puede decidir someterla a concurso o determinar, “bajo el mismo esquema de la conectividad”, que el mercado está cubierto, que la conectividad está perfectamente distribuida y que no se requiere una nueva aerolínea, pues basta con las que ya hay, léase Volaris e Interjet.
¿Y quién gana? Pues, sencillo, estas dos últimas aerolíneas. Y ¿quién pierde?: los trabajadores de Mexicana, como perdieron los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, como han perdido los mineros y tantos mexicanos que el gobierno del PAN y de Felipe Calderón han enviado a las calles.
Pero habrá que esperar qué es lo que sucederá en los próximos 35 días en que el juez deberá resolver el destino final de Mexicana. Hay rumores fuertes de que algún inversionista más tiene avanzadas pláticas para quedarse con la empresa y los trabajadores, pero ¿lo dejará el gobierno de Calderón? Al tiempo.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Mexicana, de haberlo querido el gobierno, bien pudo haber obtenido recursos adicionales luego de decidió “parar” la aerolínea; no quiso hacerlo y luego presionó al juez para que no lo obligara a ello. Y es que Mexicana tiene en Estados Unidos “bienes intangibles” como son las rutas o slots privilegiados (derechos de despegue y aterrizaje) que ninguna aerolínea del país posee.
Mary Johasen, la representante legal de Mexicana, aceptó que todos esos bienes intangibles existen y que Volaris e Interjet son las empresas que hoy se están beneficiando del mercado que abrió la primera aerolínea y que desde hace años adquirió.
Entonces, si Mexicana tiene bienes intangibles que bien puede comercializar y recibir excelentes recursos como para aminorar un poco el desasosiego que generó a pilotos, aeromozas y empleados de tierra al grado de que hoy están a punto de perder sus créditos hipotecarios porque los bancos ni siquiera pueden disponer del seguro de desempleo, ¿por qué no lo hizo?
En primer lugar, el juez que lleva el caso, Felipe Consuelo Soto, supo que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes decidió “prestar”, que no rentar, los slots y las rutas a Volaris e Interjet.
Recientemente el juez confesó a uno de los legisladores del grupo de trabajo para atender el caso Mexicana, que la SCT lo ha estado presionando para que permita este préstamo; la argucia utilizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que las propias leyes le dan atribuciones al gobierno, para que mantenga “la conectividad del país”. Es decir, que debe mantener comunicados a los ciudadanos y, por lo tanto, las rutas (que permiten la conectividad) deben seguir utilizándose.
El argumento de la SCT para presionar al juez resulta contradictorio, pues si de atribuciones y obligaciones se trata, el gobierno jamás debió permitir que Mexicana “parara”, pues se perdería la conectividad. Entonces, cómo es posible que primero la SCT permita que se pierda la conectividad y luego, para mantenerla, entregue las rutas a otras aerolíneas. ¿Por qué no seguir con Mexicana? Es la pregunta.
Otra medida que bien pudo haber utilizado el gobierno es que si, efectivamente como dice, la empresa Mexicana de Aviación era ya inoperable financieramente por qué no buscó “un patrón sustituto”. Esto es, que Mexicana como empresa se detuviera pero que los empleados –que el propio gobierno entregó al particular junto con la empresa cuando desintegró CINTRA–, fueran contratados por su patrón sustituto, en este caso Volaris e Interjet, para que trabajaran únicamente en los vuelos extranjeros.
En este caso ambas empresas no dejarían sin fuente de trabajo a sus propios empleados, pues éstos jamás habían volado en esas rutas, al contrario, se les incrementó el trabajo. Si Volaris e Interjet tan amable y samaritanamente se prestaron a trabajar las rutas y slots de Mexicana para que el gobierno cumpliera con su obligación de mantener la conectividad, ¿por qué la SCT no le exigió que esto se hiciera con empleados de la compañía que se estaba desapareciendo?
Entonces el gobierno debió rentar las rutas o, en su caso, prestarlas pero contratando a los desempleados de Mexicana. Lo que sucede es que el gobierno no quiso buscar una salida menos gravosa para los empleados que dejó sin su fuente de trabajo; el gobierno de Felipe Calderón lo que quiso, y quiere, es acabar con Mexicana, sin importarle sus empleados y entregarles a las nuevas aerolíneas consentidas un gran tesoro.
Quien tiene la palabra en este caso es el juez, porque aun si se declara la quiebra el 10 de febrero próximo y no hay inversionista a la vista, lo cierto es que la “concesión y las rutas de Mexicana” se pueden mantener para así, por un lado, beneficiar a los hoy desempleados y por otro mantener “vivo” el caso de Mexicana en lo que llega el nuevo inversionista.
No hay que olvidar que, junto con la quiebra de Mexicana no sólo se pierde la empresa, sino también puede perderse la concesión y ante ello el gobierno bien puede decidir someterla a concurso o determinar, “bajo el mismo esquema de la conectividad”, que el mercado está cubierto, que la conectividad está perfectamente distribuida y que no se requiere una nueva aerolínea, pues basta con las que ya hay, léase Volaris e Interjet.
¿Y quién gana? Pues, sencillo, estas dos últimas aerolíneas. Y ¿quién pierde?: los trabajadores de Mexicana, como perdieron los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, como han perdido los mineros y tantos mexicanos que el gobierno del PAN y de Felipe Calderón han enviado a las calles.
Pero habrá que esperar qué es lo que sucederá en los próximos 35 días en que el juez deberá resolver el destino final de Mexicana. Hay rumores fuertes de que algún inversionista más tiene avanzadas pláticas para quedarse con la empresa y los trabajadores, pero ¿lo dejará el gobierno de Calderón? Al tiempo.
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