El costo de los fraudes electorales

Enrique Calderón Alzati

Hace unos cuantos días escuché una explicación de por qué Estados Unidos es el único país del continente donde no se dan cuartelazos ni golpes de Estado; al escuchar la afirmación pensé en ejemplos como Canadá y quizás Brasil para refutarla, pero el razonamiento me dejó sin posibilidades de hacerlo: Estados Unidos es el único país de América que no cuenta con una embajada de Estados Unidos”.

El argumento no es exclusivo del caso referido, todas las naciones con vocación imperial han sido iguales a través de la historia, trátese de Roma, de Venecia, de Inglaterra, de Alemania o de Rusia, los países dominantes han tenido siempre la inclinación o quizás la necesidad de alinear a los gobiernos en su esfera de control, a sus propios intereses, sin reparar en lo más mínimo en los costos que sus imposiciones impliquen para los países dominados.

Tal ha sido el caso de México desde que inició su vida como nación independiente, y de manera especial a partir de la dictadura porfirista, ya que ésta fijó convenios y tratados lesivos para la soberanía nacional y para el bienestar de la mayoría de la población, como fueron los casos de la enajenación de los recursos del subsuelo, incluidos el petróleo y los minerales, así como los relacionados con las concesiones para el establecimiento de empresas ferroviarias extranjeras.

Sabemos de la participación del embajador estadunidense en el golpe de Estado y el asesinato de Francisco I. Madero, a cambio de los cuales el gobierno del vecino del norte aseguró la vigencia de los tratados y acuerdos establecidos con el régimen de Porfirio Díaz; después vinieron los llamados “tratados de Bucareli”, por los que Estados Unidos “reconocía” al gobierno “legítimo” del general Álvaro Obregón, a cambio de acuerdos relacionados con la explotación del petróleo, muchos de los cuales, me temo, siguieron estando vigentes aun después de la expropiación llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas.

Por razones de carácter económico, los sucesivos gobiernos mexicanos se han visto en la necesidad de establecer nuevos convenios que permitiesen acelerar el desarrollo del país, obteniendo créditos importantes en algunas ocasiones o abriendo el país al establecimiento de industrias de capital estadunidense para crear empleos.

Estas prácticas, comunes a escala mundial, han terminado siendo lesivas para nuestro país, en virtud del desequilibrio creciente entre las dos naciones, al generar un nivel de dependencia prácticamente absoluto con la economía estadunidense y estableciendo restricciones que aseguren la continuación de la misma, como es el caso de la parálisis y el desmantelamiento de la red ferroviaria que las administraciones priístas instrumentaron, al retirar las inversiones en el sector y corromper al sindicato ferrocarrilero de todas las maneras posibles.

El vecino gobierno, con sus intereses aliados, ha logrado avances importantes, aprovechando cualquier oportunidad de acción que le brinde nuestro país. Así sucedió con la imposición del modelo “neoliberal” instrumentado por Miguel de la Madrid, bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional, como resultado de los errores cometidos por José López Portillo, que llevó al país a un nivel de endeudamiento inédito, con la consecuencia de desempleo y empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad, supuestamente para hacer más eficiente la economía.
Sin embargo, los mayores beneficios obtenidos por los estadunidenses, en detrimento claro de nuestro país, se dieron con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, negociado de la peor manera por parte del gobierno mexicano, ciertamente no por ignorancia de nuestros negociadores, sino por razones de otro tipo. Cuando vemos ahora cómo las empresas estadunidenses se han apoderado de prácticamente todos los sectores de la economía, convirtiendo de facto a nuestro país en una fuente de mano de obra barata, al imposibilitar la existencia de pequeñas empresas mexicanas, proveedoras tradicionales de empleos y comparar nuestro esquema de desarrollo con el de otros países pobres que han podido florecer a la sombra de los tratados comerciales de Europa y del Pacífico, no podemos dejar de sospechar que el tratado de “libre comercio” y su cauda de problemas sociales, de pobreza y de crisis permanente, tiene un solo responsable: Carlos Salinas de Gortari, cuyo acceso al poder fue posible gracias a arreglos cupulares, en los que el gobierno de Estados Unidos no pudo ser ajeno. ¿Cuál fue el precio que su administración y el país entero debió pagar por el apoyo que él recibió para acceder a la Presidencia por parte de un gobierno extranjero que tenía toda la capacidad para conocer de cierto el verdadero resultado de las elecciones de 1988?

Esta reflexión nos lleva de inmediato a las elecciones de 2006 y a preguntarnos: ¿Cuáles fueron los compromisos establecidos por Felipe Calderón con tal de acceder al poder, a qué situaciones fue llevado por los mismos que lo impusieron, incluido en primer lugar Vicente Fox? Las filtraciones de información sobre la introducción de grandes cantidades de armas vendidas al crimen organizado en nuestro país, con el conocimiento y la aprobación del gobierno estadunidense y la consiguiente compra masiva de armas para el Ejército Mexicano y para las demás fuerzas de seguridad, que les permite a éstas realizar las actuales acciones “de limpieza”, no pueden ni deben ser ignoradas por nuestra parte.

Igualmente, saber que los estadunidenses participan con el permiso de su gobierno (y seguramente del nuestro) nos señala con bastante claridad que la guerra en la que Calderón nos ha sumergido ha sido un negocio de dimensiones inimaginables, cuyos únicos beneficiarios están del otro lado de la frontera. Me atrevo a afirmar que mucho de esto tiene que ver con la legitimación del actual gobierno. Ello nos debe llevar a pensar sobre la necesidad del país entero de que el proceso electoral de este año no desemboque en hechos similares a los de 1988 y 2006.