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Pactar con criminales


Carmen Aristegui F.


Llama la atención el escaso o nulo espacio dedicado por una parte importante de la prensa mexicana a lo que será el trascendente juicio en contra del hijo de El Mayo Zambada, uno de los principales capos mexicanos del crimen organizado, que iniciará a principios del año en Estados Unidos. Ahí se ventilará uno de los grandes temas que han marcado a las administraciones Bush, Obama y Calderón: la sospecha de sostener una estrategia sesgada en el combate al crimen organizado a favor del cártel de Sinaloa.

Vicente Zambada Niebla, recluido en una cárcel federal de Michigan, recientemente transferido por razones de seguridad, espera ser sometido a juicio en una Corte Penal Federal de Chicago. En etapa preparatoria, el juicio arroja luces ya de lo que se avecina.

Los abogados del inculpado han sostenido que existen acuerdos firmados entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos: “El gobierno está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes bajo el acuerdo que tienen firmado con el informante de la DEA Humberto Loya Castro”, dijo el abogado Edward Panzer, ante el juez federal Rubén Castillo, según se informa en el amplio reportaje de Jesús Esquivel, en Proceso esta semana, titulado “Juego de traiciones”. Eso es lo que parece ser, entre quienes, se presume, han jugado ese juego peligroso que involucra a autoridades y criminales en ambos lados de la frontera.

La Corte ha empezado a recibir documentos oficiales sumamente comprometedores para las autoridades norteamericanas, especialmente para la DEA.

Anabel Hernández, de Reporte Índigo, ha mostrado y leído ante las cámaras de CNN el documento en donde se especifica el alcance y naturaleza del pacto entre dos agentes de la DEA y Humberto Loya Castro, abogado y conexión con el cártel de Sinaloa. Por increíble que parezca, el documento existe; fue firmado por las partes, entregado al juez por la propia Fiscalía y, acorde a las fechas especificadas, el documento aún tiene vigencia.

Loya y la DEA aceptan, en el texto, que el primero puede cometer delitos y otras actividades si mantiene enterada a su contraparte. Ahí radica el corazón de la estrategia de defensa, que pretende que se reconozca que las actividades cometidas por él y su organización contaron con el conocimiento, anuencia y protección de las autoridades en Estados Unidos. Ni más ni menos. En el cártel, a su vez, dicen sus abogados, le proporcionaron información a la DEA relacionada a otras organizaciones criminales, contrarias a la suya, y permitieron la captura o muerte de algunos de ellos.

Difícil creer que un pacto así esté firmado pero ahí está, como parte de los documentos oficiales, el signado por Loya que sirve ya para la causa penal.

La Fiscalía, que acusa a Zambada, alega que los agentes de la DEA, si bien firmaron el pacto, no tenían autoridad para hacerlo ni atribuciones para comprometerse a garantizar la inmunidad para Zambada, como alega su defensa.

La información presentada por Anabel Hernández indica que hubo varios encuentros entre Loya y los agentes de la DEA antes de firmar el pacto de inmunidad. El primero, en Monterrey. Los contactos empezaron en 2005 según la Fiscalía, aunque la defensa afirma que fueron varios años atrás.

En la audiencia del 27 los abogados insistieron al juez Castillo que Loya es un agente del cártel de Sinaloa, quien en sus acuerdos con la DEA “… pasa información directa al gobierno de Estados Unidos de lo que dicen El Mayo y El Chapo y a la inversa”.

Dijeron también que, su testigo clave, Loya Castro, estaba siendo intimidado por la DEA y que ahora no les toma ni las llamadas.

Esquivel menciona que, de acuerdo a los documentos presentados, en enero de 2009 los agentes de la DEA y un funcionario del Departamento de Justicia le dijeron a Loya que “el pacto de inmunidad” había sido aprobado para Zambada Niebla, por colaboración como informante. Los abogados de Zambada se reunieron con Loya entre marzo y julio de 2010 en un hotel de la Ciudad de México para hablar de cómo se presentaría como testigo en el juicio. Sin embargo, afirman que la última reunión acordada con él para realizarse, de nuevo, en la Ciudad de México ya no fue realizada.

Por sus implicaciones, el juicio al hijo de El Mayo Zambada se perfila como un asunto de Estado, para las dos naciones.

La Fiscalía deberá desclasificar y entregar, en pocos meses, informes y documentos exigidos por el juez federal. La defensa de Zambada hará lo propio. Estaremos pronto frente a una caja de Pandora.

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