“El imperio de la ley contra el imperio de la Justicia#

En Ampay, Perú foto: MO FINI

¿Quién puede estar sereno en un país donde los gobernantes carecen de principios?
Henry David Thoreau

Sí. No debemos dejar de decir NO.
John Berger

Cuando es más corrupto el Estado hay más leyes.
Alfredo Osuna,
vocero del consejo de ancianos de la tribu mayo-yoreme de Cohuirimpo, Sonora.

Cuando hay veinte relojes en una pared, y uno los mira de repente, cada uno de los péndulos tendrá una posición diferente; todos son simultáneos y a la vez no lo son, y el tiempo real discurre en algún lugar entre todos ellos
Robert Musil

Van más de 50 mil asesinatos en la guerra sucia del gobierno en del sexenio, incluidas todas las mujeres asesinadas sin miramientos ni castigo alguno. Son más de 20 mil los desaparecidos. Hay más de 12 millones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es des comunal la de vastación ambiental por envenenamiento, basura, represas, privatización de agua, deforestación, crecimiento urbano, monocultivos, agrotóxicos, criaderos industriales y minería. Los transgénicos avanzan y el acaparamiento de tierras aumenta.
El territorio nacional está fragmentado y el miedo cunde, la desconfianza crece. Hay expulsiones masivas de gente en el campo y cambio de uso de suelo a punta de pistola.
Según datos de Francisco López Bárcenas y Mayra Monserrat Eslava las mineras cuentan con 25 mil concesiones, poco más de 51 millones de hectáreas, un 26 por ciento del territorio continental mexicano.
Son meros indicios de una situación insostenible que tiene que cambiar antes de que nos desbarranquemos en el abismo de violencia y sinsentido que propone “el imperio de la ley”.
En la guerra perpetua contra los pueblos que formamos México, el mismo Estado promueve impunidad para algunos, es decir condiciones para evadir las consecuencias de quebrantar la ley. Menosprecia, tras un impermeable de “responsabilidad superior”, las exigencias de quienes sufren las violaciones frecuentes a sus más elementales derechos. Desmantela el aparato jurídico que antes protegía los bienes o ámbitos comunes. Frena los derechos colectivos —el fundamento más vasto de una democracia real— de pueblos indios, de género, de campesinos, laborales, educativos y otros muchos posibles. Teje una espesura legal tan intrincada que, de facto, la sociedad queda impedida de ejercer la vía procesal. Promulga o enmienda la Constitución, las leyes y reglamentos, obstaculizando directamente la justicia. Criminaliza a las personas, comunidades y grupos que se opongan a políticas, programas o megaproyectos. Se somete a más y más reglas paralelas que dejan de lado el sistema jurídico mexicano en aras de matrices diferentes que engloban prácticas de gobierno —estatutos, reglamentos, criterios, normas estándares— derivadas de los de los tratados de libre comercio. México es el país con más tratados firmados en el mundo.
Desde 1996 la Corte Interamericana de Derechos Humanos califica este actuar del Estado mexicano como “desvío de poder”.
A partir del  21 de octubre comienzó a sesionar en México el Tribunal Permanente de los Pueblos (continuación del Tribunal Russell que intervino ante los crímenes de lesa humanidad de Estados Unidos en la guerra de Vietnam). El TPP fue el que hizo visible la brutal represión masiva de las dictaduras sudamericanas y la represión francesa en Argelia en los años setenta.
El TPP es independiente de toda institución, partido, o nacionalidad en el mundo. Es una instancia autogestionaria integrada por personas de reconocida calidad moral, que adquiere legitimidad del proceso social que le solicita su intervención. Se trata de un proceso colectivo que intenta poner la responsabilidad en el centro de cualquier convivencia humana.
En ese sentido es un tribunal de conciencia, un espacio de ética, un modo de repensar el pacto social y, como su nombre lo indica, ser tribunal lo hace ser un cuerpo de opinión, pero también una tribuna para que los agraviados expresen desde múltiples rincones del país sus querellas y sus propias visiones de futuro. También provoca vinculación entre los agraviados, entre las diferentes luchas de reivindicación.
Tras años de pláticas entre varios grupos mexicanos y el Tribunal, éste accedió a inaugurar un proceso de dos o tres años en México ante la contundente carga de evidencias que le presentaron.
El proceso del TPP es una oportunidad para repensar el derecho en nuestro país (algo que sólo ha ocurrido en la Convención de 1914-1915 y en los Diálogos de San Andrés). Nadie invoca derechos cuando la relación fluye. Los derechos se reclaman cuando algo está roto. Esto significa cuestionar que el Estado se arrogue la primacía del derecho, emita leyes a su beneficio, lesione con toda la violencia incontrolada de una guerra engañosa los derechos de los pueblos, promueva el aislamiento individual de la población soslayando los derechos colectivos que impulsan a los pueblos a buscar su propio proceso de redefinición y su propio destino.
Al no poder apelar a la ley para que los proteja o los impulse, los pueblos invocan la autonomía en los hechos. La autonomía viene de dejar de confiar en un sistema jurídico que niega y sojuzga sistemáticamente a la mayoría. México es uno de los pocos países del mundo donde ni siquiera están reconocidos los derechos de los pueblos indígenas. El ramplón artículo 2 constitucional que con cinismo los reconoce únicamente como “sujetos de interés público” quedará para la historia como la manera engañosa de negar el mínimo derecho de ser “sujetos de derecho público” en aras de escamotearles la existencia y someterlos a su clientelismo descarado.
Repensar el derecho desemboca en Henry David Thoreau (y en Howard Zinn que tanto lo estudió). Con ellos insistimos en que cuando “los grupos de poderosos utilizan a los gobiernos para sus mezquinos intereses, hacer la guerra y sojuzgar al pueblo”, la gente con conciencia “debe dejar de confiar en un gobierno así con sus leyes y debe ejercer su propio juicio moral, dejando de respaldar al gobierno y resistiendo sus exigencias”.
Para Howard Zinn, “la gran intuición de Thoreau es que existe un vacío moral en el gobierno mientras no lo llenen las acciones de los ciudadanos en pos de la justicia”. El Tribunal Permanente de los Pue blos es una oportunidad para apelar al fondo del derecho —que es responder a los agraviados. Si el derecho no responde a los agraviados no sirve. Dice Thoreau: “La ley nunca hará a los hombres libres; es la gente quien tendría que liberar la ley”.

Ramón Vera Herrera