México, D.F.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, advirtió que las políticas públicas plantean una extensión y gravedad de los niveles de corrupción e impunidad.
El contexto de esta política, según Narro Robles, es el del predominio de la lógica de la confrontación “de todo o nada, de buenos y malos”, y un consecuente avance de la violencia.
Además, con base en el documento que presentó hoy la UNAM al gobierno federal, se señala que las políticas públicas carecen de soporte teórico, prácticas distantes del marco constitucional, así como fragmentación de sectores relevantes para la seguridad y la justicia, hay desatención a la prevención, se carece de una visión integral y coordinada, se subordinan las políticas a intereses políticos particulares, entre otros.
Narro Robles presentó esta tarde un documento de propuestas enfocadas al mejoramiento de las políticas públicas en materia de seguridad ante el clima de violencia imperante en el país.
Durante el diálogo que se lleva a cabo en el Castillo de Chapultepec, Narro Robles hizo una presentación en la que explicó el contenido del documento “Elementos para la Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en Democracia”.
Dicho documento fue coordinado por los investigadores Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez, Luis de la Barreda, Luis Raúl González Pérez, Ernesto López Portillo y José Guillermo Silva Aguilar.
Con la participación de 88 especialistas de México, así como invitados de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Uruguay y Venezuela, el documento producido contiene cinco apartados: un diagnóstico de la situación del país, establece los ejes rectores, plantea quienes son los actores de cambio, así como las acciones a emprender y las propuestas, materializadas en 36 acciones concretas.
De acuerdo con el rector Narro Robles, el documento parte de un diagnóstico que busca ser objetivo, plantea un enfoque integral, con énfasis en la prevención, identifica los problemas existentes, otorga prioridad al respeto a los derechos humanos, subraya la preocupación por los jóvenes y otros sectores, como las mujeres.
Agregó que el documento tiene un ánimo propositivo.
Las acciones para el cambio, según el documento, consisten en realizar una reforma fiscal que asegure una política financiera sostenible y de largo aliento, tener control de las adicciones, contar con una política local en materia de seguridad y una para la juventud.
También, efectuar una reforma policial, racionalizar el sistema penal y combatir a fondo el lavado de dinero; reformar los sistemas de inteligencia y mejorar radicalmente la política de seguridad en las fronteras.
Las propuestas
Como parte de las propuestas planteadas hoy por los representantes de la UNAM, destacan que se celebre un pacto político y social.
Además, que se generen consensos para cambiar las estrategias de seguridad y centrarlas en el combate a la impunidad, la preservación de la integridad personal y la defensa de los derechos humanos.
La UNAM advierte que es necesario contar con un diagnóstico en permanente actualización, que incluya indicadores y mecanismos de evaluación, además de vías para la producción de información.
Para los investigadores de la máxima casa de estudios, es indispensable asegurar que el centro de la agenda sea la prevención. Proponen también ampliar las capacidad para el tratamiento de las adicciones; contar con programas de enfoque multidimensional para los jóvenes que propicien su permanencia y reinserción en los sistemas educativo y laboral.
Entre las propuestas concretas destaca la propuesta de dotar de autonomía a la Auditoría Superior de la Federación, las agencias de ministerios públicos y los institutos de acceso a la información. Además, propone la creación de una Defensoría de la Juventud y establecer un Registro Nacional de Víctimas.
La UNAM plantea el diseño de un plan que posibilite el regreso de las fuerzas armadas a sus funciones naturales, en tanto generar políticas de reclutamiento, formación y promoción en todas las instituciones de policías y procuración de justicia.
Según los universitarios es necesario actualizar el diagnóstico integral del sistema carcelario, dimensionar a la prisión como el último recurso, despenalizar conductas no graves y modificar las condiciones para la prisión preventiva y el uso de las medidas cautelares, entre otras.
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