Distrito Federal– Diferencias. Las diferencias entre México y Estados Unidos llevan a que un mismo hecho –por ejemplo, la reunión en Washington de los jefes del ejecutivo de ambos países el 3 de marzo pasado– pueda ser interpretada de manera casi opuesta en cada lado de la frontera.Este encuentro se reportó en la nación vecina como un éxito que supuestamente disminuyo la tensión acumulada entre los dos gobiernos en torno a elementos centrales de la política binacional contra el narcotráfico, (The New York Times, 4 de marzo). Tras la conversación privada, el presidente Obama expresó que no tenía más que “admiración” por la política seguida por su contraparte mexicana en ese campo y se comprometió a dejar resuelto pronto un problema que se viene arrastrando desde 1994: el incumplimiento por parte de Estados Unidos del acuerdo para que ingresen a ese país los camiones con mercancías procedentes de México, tal y como se estipuló en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
En contraste, la perspectiva mexicana ve poco que celebrar en el resultado de la reunión, (véanse las reflexiones de Olga Pellicer en Proceso, 6 de marzo). Hoy, lo más importante para el interés mexicano en su relación con el vecino del norte no es el cruce camionero (para compensar el incumplimiento, México ya le impone un castigo tarifario a ciertas mercancías procedentes de Estados Unidos) sino resolver los problemas de los millones de indocumentados mexicanos en ese país y que Estados Unidos confronte a fondo un asunto suyo que afecta a México de manera fundamental y que es, a la vez, político, policiaco, legal y moral: su imbatible demanda de drogas ilícitas y su falta de control sobre el comercio de armas en el mercado fronterizo.
Sin embargo, y en la práctica, en la agenda norteamericana los temas de las drogas y del comercio casi irrestricto de armas de asalto, son secundarios por políticamente costosos y, en parte, por insolubles. En contraste, en México ambos fenómenos tienen efectos devastadores: miles de muertos anuales, agudización de una corrupción endémica, arraigo de una narco cultura de impunidad y brutalidad extrema, destrucción del tejido social en regiones enteras, transformación del papel del ejército. Finalmente, aquí y en Washington, Calderón se quejó públicamente del embajador norteamericano, Carlos Pascual, al que ya no le tiene confianza como resultado de la inesperada publicaciones de algunos de los cables confidenciales del embajador al Departamento de Estado –filtrados por WikiLeaks–, pero la Casa Blanca no respondió como deseaba el “admirado” líder mexicano sino al contrario: reafirmó su apoyo a Pascual. Por ello, ambos gobiernos quedaron en un callejón diplomático sin salidas fáciles: el mexicano porque ve rechazada públicamente su demanda, y el norteamericano porque su embajador queda inutilizado como gestor de la agenda de su país en el nuestro.
Un Tema Periférico que Puede ser Central. Un elemento que conformó la atmósfera en la que se llevó a cabo la entrevista Calderón-Obama, fue el asesinato a mediados de febrero de un agente norteamericano de la ICE (U.S. Immigration and Costumes Enforcement) cerca de San Luis Potosí. Ese asesinato, presuntamente cometido por miembros de un cartel de narcotraficantes, volvió a poner sobre la mesa de la discusión de la relación México y Estados Unidos –y a subrayar de nuevo la diferencia de enfoques e intereses– un tema añejo: la presencia y el papel de agentes del gobierno norteamericano en nuestro país –presencia que causa malestar y recelo en México– y la forma como se les debe proteger. Washington desearía que esos agentes pudieran portar armas para su defensa, pero México no.
Tras la entrevista con Obama, Calderón se dijo dispuesto a discutir la mejor forma de cuidar de los agentes norteamericanos que operan en nuestro país, pero sin aceptar que puedan portar armas, (Reforma, 4 de marzo). Desde la perspectiva dominante de este lado del río Bravo, esta posición es la adecuada, aunque lo ideal sería que no hubiera necesidad de agentes norteamericanos actuando en México. En Estados Unidos, por el contrario, se supone que lo mínimo que se puede y debe ofrecer a quienes se mueven en terrenos de peligro, es que puedan ejercer el derecho a la defensa propia. En medio de esta divergencia, no está de más recordar porque en México resulta políticamente inaceptable que agentes de un gobierno extranjero, particularmente del norteamericano, puedan actuar como si fueran otros tantos James Bond, el famoso personaje de ficción de Ian Fleming y agente del M16, que en el desempeño de sus misiones secretas tiene “permiso para matar” en cualquier parte del planeta.
La Raíz. La razón del rechazo en México a la presencia de agentes armados norteamericanos es, además de legal, histórica. A raíz de su derrota en la guerra con Estados Unidos de 1846-1848, México quedó encuadrado como un miembro de un subsistema internacional no formal pero muy real del norte de América y subordinado a la creciente hegemonía estadounidense. Desde entonces, ese control de Washington sobre su entorno regional no ha hecho sino acrecentarse. Por eso, y para México, cualquier gesto de independencia frente al centro hegemónico, aunque sea simbólico, resulta importante en su esfuerzo permanente por mantener una identidad nacional donde muchos de sus elementos están constantemente en fuga.
Concluida la “aventura francesa” en México en 1867 y restaurada la República, el control y la estabilidad de la frontera México-Estados Unidos se convirtió en un problema internacional serio debido a las incursiones de los llamados “indios bravos” y al abigeato en ambos lados del Bravo. Como consecuencia, a partir de 1877 Washington autorizó a su ejército el cruce sistemático de la frontera con México cuando sus fuerzas fueran en “persecución en caliente” de indios o supuestos cuatreros. La debilidad mexicana no pudo evitar esa violación armada y sistemática del territorio y de la soberanía, pero el gobierno de Porfirio Díaz intentó salvar las formas sugiriendo a Washington un acuerdo que también permitiera a las fuerzas mexicanas cruzar la frontera hacia el norte cuando la ocasión lo requiriera; la respuestas norteamericana fue una negativa rotunda: su política era unilateral. Así la mantuvo hasta 1880, cuando el Departamento de Guerra en Washington rescindió la orden porque ya el gobierno de Díaz había hecho un enorme esfuerzo para poner orden en el lado mexicano de la frontera.
El Caso en el Siglo XX. La II Guerra Mundial fue uno de esos raros momentos en que las políticas externas de Estados Unidos y de México coincidieron en forma y fondo al punto de forjar una alianza que, a su vez llevó en 1941 a la creación de una Comisión de Defensa Conjunta México-Estados Unidos. Inicialmente Estados Unidos buscó establecer aeropuertos, bases navales y estaciones de radar en México. Sin embargo, la diferencia de posiciones entre la gran potencia y el “aliado desconfiado” –México– llevó a que sólo se pudiera concretar el establecimiento de varias estaciones de radar en el Pacífico. Esto se debió, entre otras cosas, a que no obstante ser aliados formales en una guerra de dimensiones globales, México se negó a entregar el control de las posibles bases a los norteamericanos e incluso a recibir en su territorio a soldados de ese país armados, por considerar que su presencia en esas condiciones violentaba “la armonía característica de la relación militar entre los dos países”. Así, el gran proyecto de construir bases navales o aéreas de Estados Unidos en México se esfumó y los militares norteamericanos que junto a mexicanos manejaron los radares no estuvieron armados, (Susana Chacón, “La negociación del acuerdo militar entre México y los Estados Unidos, 1940-1942”, Foro Internacional, XL, 2, p. 330).
Si en aquella gran guerra mundial México insistió en que la presencia norteamericana en su territorio fuera desarmada, difícilmente en la actual mini guerra contra el narcotráfico, las condiciones pueden ser diferentes. Lo anterior no significa que el problema no se discuta y que no se busque una fórmula para mejorar la protección de todos los involucrados en la lucha contra el crimen organizado. Los gobiernos de México y Estados Unidos deben de poner a trabajar sus respectivas imaginaciones para encontrar una solución mutuamente satisfactoria, es decir, una que proteja a los agentes extranjeros pero sin echar por tierra una política mexicana arraigada y que tiene sobradas raíces históricas, de identidad y de soberanía siempre inseguras.
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