El asesinato de la señora Marisela Escobedo –quien durante dos años exigió cárcel para el asesino de su hija Rubí– a las puertas del Palacio de Gobierno exhibió las fallas del nuevo sistema de justicia penal promovido por el gobierno de Estados Unidos, que tiene a Chihuahua como su laboratorio y punta de lanza para después aplicarlo en el resto del país. El crimen también dejó al descubierto que, si bien el modelo se acerca a los criterios jurisdiccionales del primer mundo, nunca dejó de arrastrar los peores vicios del pasado.
Chihuahua, Chih.- El manoteo político por controlar los efectos de la muerte de Escobedo y la búsqueda de culpables podrían dinamitar el modelo de justicia que sustituye el proceso tradicional, que desahogaba todo por escrito y a discreción, por uno oral y público, que se basa en la presunción de inocencia, que sustituye las confesiones por evidencias científicas, y privilegia la solución alternativa a los conflictos para desahogar los tribunales y las cárceles.
“El caso de Marisela puso a prueba al sistema penal y lo reprobó exactamente donde todos los abogados de experiencia decíamos que iba a reprobar: si el imputado se niega a confesar ante el juez y el Ministerio Público (MP) no presenta pruebas científicas muy sólidas para establecer su responsabilidad”, dice a Proceso el abogado Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
A Escobedo el nuevo sistema no le fue favorable: aunque ella hizo todas las investigaciones para llevar a juicio a Sergio Barraza, el asesino confeso de Rubí, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid Jurado lo absolvieron porque consideraron que el MP y los peritos de la procuraduría no probaron la culpabilidad del acusado, así que lo liberaron, y cuando Escobedo se inconformó, un tribunal de magistrados anuló el fallo anterior y condenó al homicida a 50 años de cárcel cuando él ya había huido; y aunque la señora volvió a localizarlo, la policía no fue capaz de reaprehenderlo.
Un sicario asesinó a Escobedo la noche del 16 de diciembre frente a la casa de gobierno, donde acampaba pidiendo el encarcelamiento de Barraza. Las cámaras de seguridad captaron el crimen. Cuando se difundió el video en los noticieros nacionales, el gobernador César Duarte anunció que exigiría la destitución de los jueces que ocho meses antes absolvieron al culpable: de inmediato, el Supremo Tribunal de Justicia los separó de su cargo, el presidente del Congreso anunció su desafuero para que se les castigara penalmente, y el presidente de la CEDH presentó una demanda de juicio político en su contra. En el vendaval, otros políticos anunciaron que acabarían con el fuero de los jueces y les reducirían el salario.
El Heraldo de Chihuahua publicó que los tres habían “reprobado” su examen de admisión para ser jueces orales, pero habían sido contratados mediante influencias políticas.
La Federación Mexicana de Colegios de Abogados reaccionó mediante un desplegado abierto que cuestionó la invasión de poderes por parte del gobernador: “(Fue) evidente lo que todo mundo sabe: el sometimiento de los poderes Judicial y Legislativo al poder Ejecutivo (…) ¿De aquí en adelante todo juez o magistrado que dicte un auto de libertad o una sentencia absolutoria, será suspendido, desaforado y sujeto a proceso penal?”
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), coadyuvante en el caso de Rubí, consideró el asesinato como un “crimen de Estado” y señaló que debe sancionarse a todos los eslabones del sistema: policías, agentes del MP, peritos y jueces responsables.
Por su parte, cuatro jueces de tribunales orales entrevistados por este semanario se dijeron preocupados.
“Si los jueces, a partir de los elementos que se les da en el juicio, consideran que no se ha demostrado la culpabilidad y absuelven, y se considera que está mal su fallo, entonces debemos concluir que los jueces deben condenar a todos. Y si esa es la conclusión, entonces prescindamos de los jueces”, opinó el juez Carlos Martínez García, quien recalcó que aún cuando un juzgador emita una sentencia cuestionable, hay una instancia superior que puede corregir el fallo.
Con 18 años de experiencia, Martínez señala que si se reduce “la ya de por sí disminuida autonomía judicial” algunos jueces dejarán de absolver a inocentes para no enfrentar consecuencias similares, y el ciudadano de a pie pagará las consecuencias porque si es acusado será siempre condenado.
Chihuahua, el modelo
El nuevo sistema inició en la capital del estado de Chihuahua en enero de 2007 y en Juárez un año después, lo que convirtió a la entidad en la primera del país que adopta este modelo para todos los delitos, imprudenciales y dolosos.
El modelo fue publicitado como el remedio a todos los males: gracias a las técnicas de mediación entre partes pocos asuntos se convertirían en demandas penales; aliviarían la saturación en las prisiones al ser pobladas tan sólo con criminales peligrosos; policías con licenciatura investigarían los delitos con métodos científicos y ya no patrullarían sin rumbo; existiría un cuerpo de defensores de oficio independientes de la procuraduría; los juicios serían orales y a la vista de todos; habría casos que concluirían en 10 días y los imputados de delitos no graves atenderían sus juicios en libertad y no en prisión preventiva.
Poco a poco, según sus impulsores, se extinguirá la figura del policía que tortura a inocentes en mazmorras y a punta de tehuacanazos los obliga a declararse culpables; la confesión dejaría de ser la madre de todas la pruebas; desaparecerían las pilas de expedientes polvosos acumulados por años en los juzgados, los años de espera para una sentencia y los “usted disculpe” a quienes eran mantenidos en la cárcel por error.
La reforma se convirtió en el sello de gobierno del exmandatario chihuahuense José Reyes Baeza, quien tuvo en Patricia Rodríguez, abogada como él, su principal impulsora desde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El gobierno estadunidense, a través de la organización Proderecho, financió la capacitación de los nuevos agentes del sistema, quienes tuvieron maestros ingleses, costarricenses, argentinos y chilenos. El gobierno construyó nuevas instalaciones y creó un laboratorio científico para analizar todo tipo de evidencias y destinó mil 600 millones de pesos para la reforma.
Sin embargo, la presentación en sociedad de la nueva justicia coincidió con la peor etapa de inseguridad, que convirtió a Chihuahua en el estado puntero nacional de homicidios y a Juárez en la ciudad más violenta del mundo.
Con tantos homicidios y delincuencia desbordada, el nuevo sistema de justicia no redujo los índices de impunidad y en investigación de delitos. En consecuencia, la gente percibió que el nuevo procedimiento favorece a los criminales y se criticó al garantismo del nuevo sistema, que privilegia la presunción de inocencia, y a los juicios con el acusado en libertad.
“Lo que estamos viviendo tiene su origen desde la misma implantación del nuevo sistema que, aunque es bueno, siempre representó un capital político, siempre sujeto a golpeteos; y en las campañas pasadas fue bandera de los candidatos del PRI y del PAN que tomaron el clamor social de hartazgo hacia la impunidad. Aparentemente hay un rompimiento en el PRI entre el gobierno anterior y esta administración, y como el nuevo sistema representa un emblema de Reyes Baeza se le comenzó a criticar. Y tristemente, a raíz de la muerte de la señora, el sistema se convirtió en rehén de la política, y esta persecución puede influir en las decisiones de los jueces con tal de no ser perseguidos”, opina otro juez, que pidió el anonimato.
Para este hombre, hubo otras fallas de inicio: no se explicó correctamente a la ciudadanía en qué consistiría el nuevo sistema, se crearon expectativas que sobrepasaban su verdadero alcance, se vinculó al juicio oral con el combate a la impunidad (“aunque la impunidad depende de la persecución del delito y no de su aspecto procesal”, dice uno de los juzgadores) y se capacitó insuficientemente a la policía investigadora.
Otro juez, que también pidió el anonimato, señaló que el ataque del Congreso del estado a los “privilegios” de los jueces es errado, ya que recibir un buen salario y tener fuero es una garantía de imparcialidad, “para evitar corrupción y para tener la tranquilidad de que no se sufrirán las consecuencias por aplicar la ley”.
Coinciden en que si la ley está mal, hay que cambiarla pero no culpar de ella a sus operadores. Señalan, sin embargo, que el código penal ha sufrido en cuatro años tantos remiendos por parte de los legisladores (al menos 113 al Código Penal) que el sistema cada vez se parece más al antiguo, con más causales de prisión preventiva, con más garantías hacia quien se dice la víctima, con más recovecos para subsanar las fallas investigativas del MP. “Es cada vez más inquisitorial”, opinó otro juez.
Estos jueces son capacitadores en otros estados de la República donde se implementará el nuevo sistema. Al Poder Judicial de Chihuahua se le considera el alumno más avanzado.
Caso Rubí, prueba de fuego
Las quejas y los ajustes comenzaron desde el estreno del sistema.
Los policías municipales de Chihuahua se decían desalentados por este nuevo procedimiento que presume la inocencia de los acusados y se quejaban de que la justicia era como una puerta giratoria: en cuanto atrapaban a un maleante los jueces lo liberaban. Por su parte, las víctimas se desesperaban al ver que el imputado enfrentaba su proceso en libertad y la ciudadanía veía que la inseguridad, en vez de disminuir, aumentaba.
Un operador del nuevo sistema comenta que siempre hubo tironeos entre la procuraduría y el tribunal: como los agentes del MP no integraban bien las pruebas, los jueces liberaban incluso a los criminales cuya captura el gobierno había mostrado como trofeo. Lo mismo ocurrió cuando el Ejército y la Policía Federal comenzaron a operar en el estado sin conocimiento previo de técnicas de investigación: si los detenidos llegaban torturados y la única prueba era su confesión, salían libres.
Se dieron varios casos de detenidos presentados a los medios como multihomicidas, a quienes a la hora del juicio el fiscal sólo culpó de posesión de armas por falta de elementos. Un caso que destapó El Diario de Juárez fue el de las 36 personas a las que el gobierno presentó a los medios como los perpetradores de 900 homicidios, a quienes, ante los tribunales, presentaron cargos por 63 asesinatos y únicamente contra 14 de ellos. En los medios chihuahuenses también se publicaron casos en los que delincuentes quedaron libres porque el MP ni siquiera se presentó al juicio.
En ese contexto de cuatro años de hartazgo de la ciudadanía por la inseguridad y la violencia transcurrió el juicio a Sergio Barraza, pareja sentimental de la adolescente Rubí Frayre Escobedo. Para deshacerse de ella, la asesinó a golpes, metió su cuerpo en un tambo, le prendió fuego y luego lo tiró en un chiquero. Barraza confesó el crimen a su padrastro, a un amigo y a dos policías; incluso indicó dónde arrojó el cadáver. Su abogado pidió un juicio abreviado: se declararía culpable a cambio de reducirle la pena a 20 años de cárcel, pero aparentemente la señora Escobedo rehusó porque quería la pena máxima para él.
Sin embargo, el día del juicio ante el tribunal oral Barraza se abstuvo de declarar. A criterio de los jueces, los peritos no presentaron evidencia científica para establecer que él era el asesino y cómo la había matado. Como el nuevo sistema desestima las confesiones que no se hacen ante el juez, el imputado fue absuelto. El acusado pidió perdón a la madre, pero los jueces, en vez de dejarlo continuar, exigieron guardar silencio.
Después ocurrió lo que ya se conoce.
En la repartición de culpas no sólo salen mal parados los jueces, también los policías investigadores.
La Federación Mexicana de Colegios de Abogados, en su desplegado, también cuestionó: “¿Reconocen la ineficacia de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, al no haber logrado detener a Sergio Barraza Bocanegra cuando se libró la orden de reaprehensión? (…) ¿Reconocen que en la selección de un gran número de operadores (jueces, defensores, coordinadores y ministerios públicos) del Nuevo Sistema de Justicia Penal imperó el amiguismo y el favoritismo?”
Al respecto, el visitador De la Rosa opina: “El Departamento de Estado de Estados Unidos envió enormes cantidades para capacitar a los jueces y los defensores, pero no fue significativo el dinero para los ministerios públicos, los operadores activos del sistema. Esta policía no está mentalizada para búsqueda de evidencias, sólo de culpables. El 95% de las evidencias están basadas en confesiones y no en consecución de pruebas científicas”.
Otro que pasó la factura de la delincuencia a la PGJE fue el expresidente municipal de Juárez, Reyes Ferriz, que a cuatro días de terminar su mandato se quejó de que si bien la policía municipal aprehendió en flagrancia a 10 mil delincuentes, más de 9 mil 500 quedaron en libertad porque no se les enjuiciaba (Proceso 1771).
Aunque en lo que va del año Juárez superó los 3 mil homicidios dolosos, según información de El Diario, sólo 12 agentes del MP y 33 elementos de la Policía Estatal Investigadora se encargan de las indagatorias. El mismo periódico averiguó que muchas veces los agentes del MP no llegaban a las audiencias por falta de personal y de vehículos.
“Lo recomendable es que cada agente procese 20 homicidios al año, pero en Juárez cada elemento procesa 300. ¿Cómo pueden hacerle para reunir pruebas? Según el nuevo sistema, debe dedicarse a investigar un caso de 72 a 96 horas, y aclararlo. Con los niveles de violencia les están dando como ocho horas para que rindan resultados. Por eso tenemos una tasa del 96% de impunidad”, dice De la Rosa.
Se sabe que faltan muchos MP y policías ministeriales, pero hay pocos aspirantes a esas plazas por los asesinatos y los bajos salarios.
Garantismo vs. cadena perpetua
Desde su campaña para gobernador, César Duarte anunció que revisaría “el garantismo” porque promueve la impunidad y promovió la pena vitalicia a secuestradores, multihomicidas y extorsionadores. Cuando la sociedad todavía no se reponía de la noticia del asesinato de la señora Escobedo a las puertas del palacio, un juez dictó la primera condena de por vida a un secuestrador de 18 años perteneciente a la banda de La Muñeca.
El gobernador se mostró complacido. Uno de los jueces, que pidió el anonimato, cuestiona si el endurecimiento de penas no se convertirá en una bomba de tiempo:
“La cadena perpetua sólo formará una olla de presión en las prisiones. ¿Qué va a generar esto? ¿Más motines? ¿Qué pasa con un animalito acorralado? Si se retiran las esperanzas de reinsertarse a la sociedad y la oportunidad de salir, buscará trabajos más fuertes dentro, hará todo para salir, y en el paquete vamos todos. La inseguridad no se combate con penas más severas ni con más gente en la cárcel, sino con mejores oportunidades y con acceso al empleo bien pagado.”
De por sí, el King’s College de Londres ubica a México como el sexto lugar mundial en el total de gente encarcelada (con 227 mil 21 presos) y con su capacidad penitenciaria excedida en 33%. Para algunos es el momento de decidir si se dará marcha atrás al nuevo sistema. Para otros es necesario reforzarlo.
“Es el momento donde el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los legisladores y gobernadores deben sentarse y decidir si van a seguir con el nuevo sistema de justicia, cuánto nos va a costar o qué cambios le harán al viejo para acercarnos a la oralidad, y si puede México acercarse al nuevo sistema o nada más simular que se hacen juicios orales. ¿Hay dinero para hacer funcionar el sistema?”, plantea De la Rosa.
En contraparte, un juez cuestiona: “¿Dónde va a quedar esta reforma integral si se le golpea políticamente? ¿Queremos volver a la confesión bajo tortura a la antigüita? ¿Al sigilo de la privacidad del juez que resuelve en su oficina? ¿Queremos jueces a modo? ¿O le apostamos por mejorar todo el sistema?” l
No hay comentarios:
Publicar un comentario