A ojos de funcionarios del gobierno federal llegaron a fin de año datos inquietantes. Una de las encuestas conocidas en el primer círculo gubernamental establecía que a la pregunta de “¿Estaríamos mejor con López Obrador?”, la respuesta afirmativa sumaba 53 por ciento de encuestados.
El dato no parece menor. El voto duro del tabasqueño no se esfuma y la percepción de que eventualmente el suyo habría sido un gobierno diferente -mejor que el actual- obviamente caló en el ánimo oficial.
Varios ajustes tratarán de hacerse no sólo en función de ese dato sino de un conjunto de situaciones que han preocupado al gobierno federal.
La elección del presidente panista fue una muestra del alcance de la división partidista y de la fractura del grupo calderonista. Restañar heridas de esa batalla no será nada fácil y más que la conclusión de una disputa interna parece ser el inicio de un largo y azaroso ajuste de cuentas entre panistas.
Pero donde las señales de alarma han sido activadas es en el gabinete de seguridad.
Lo acontecido en Apatzingán a principios de diciembre generó enormes inquietudes sobre la fragmentación en el aparato de seguridad del gobierno federal. Efectivamente, un operativo de inteligencia de la Policía Federal parecía tener ubicadas las casas de seguridad de los jerarcas de La Familia Michoacana, pero esos reportes no dieron el mapa completo a los operadores de la acción.
Lo que no tenían en su mapeo era la capacidad de resistencia de decenas de personas armadas que defenderían el territorio ante cualquier incursión máxime si era de la Policía Federal, ya que al Ejército le guardan un mayor respeto.
La incursión policiaca encontró una feroz resistencia casa por casa que obligó a los efectivos federales a retirarse ante el debilitamiento de sus fuerzas. El disparo de un misil hacia una de las casas ubicadas como zona de resguardo de los dirigentes de La Familia “salvó” el operativo. El misil destruyó la casa donde se resguardaba Nazario Moreno, conocido como El Chayo.
Cuando los elementos policiacos pidieron refuerzos, la respuesta del Ejército fue tardía y dejó, una vez más, al descubierto la división entre las fuerzas de seguridad federales. No se necesitaba de WikiLeaks para la confirmación: el Ejército no confía en la Policía Federal y viceversa y la Marina no confía en ninguno de los dos.
Tras esa desordenada incursión en las inmediaciones de Apatzingán, el gobierno federal trazó una estrategia de unificación de discurso y comenzaron a emitirse comunicados dando partes conjuntos de las acciones armadas en contra de grupos delincuenciales.
El 25 de diciembre fue emitida una de esas comunicaciones conjuntas donde sin pretexto alguno se dijo que el gobierno federal había intensificado sus acciones contra el grupo “del Pacífico” tratando de dar a entender que no existía un sesgo en el combate criminal.
A decir del comunicado, firmado por las secretarías de la Defensa, la Marina, Seguridad Pública y la PGR, una cuarta parte de las detenciones de narcocriminales ha sido de integrantes del Cártel del Pacífico y del total de decomisos de droga, 62 por ciento “se ha dado en los mercados y rutas asociados a las organizaciones delincuenciales del Pacífico y de los Beltrán Leyva, ubicadas en las entidades de Sinaloa, Sonora, Durango y Nayarit”.
La narrativa gubernamental intenta corregir en dos vertientes: una, al firmar conjuntamente todas las dependencias de seguridad, limpiar la percepción de la división y enfrentamiento de las propias fuerzas gubernamentales; y dos, insistir que no hay un cártel consentido o protegido por alguna fuerza federal.
El reto gubernamental en el 2011 será remontar no sólo en el discurso, sino en el terreno de operación, la evidente división de sus fuerzas. La principal asignatura, la batalla contra el crimen organizado, sigue desarrollándose en medio de una competencia entre las fuerzas de seguridad, y la operación política que descansa en el propio Partido Acción Nacional no termina de superar la fractura del grupo calderonista, que derivó en la elección de Gustavo Madero como presidente nacional y en la tácita separación de un amplio grupo de dirigentes intermedios descontentos con los procedimientos desarrollados en el relevo partidista.
La sucesión presidencial de 2012 puede tener efectos de dispersión más que de cohesión. El 2011 aparece como un año donde el Gobierno de las Lealtades caminará entre las traiciones. El calderonismo comienza a ser historia.
De Reforma
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