Distrito Federal– Sobresale en el ataque a Guillermo Sánchez Nava la saña extrema con que fue golpeado, al punto de que cuarenta y ocho horas después de la tunda se halla en estado de coma, es decir entre la vida y la muerte. El representante del PRD ante el Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guerrero trataba de impedir que una brigada de entre veinte y treinta personas destruyeran propaganda de su partido y colocaran en su lugar la del PRI.
La brutalidad de la agresión encierra un mensaje. No se trató simplemente de una reyerta como las que menudean en las campañas electorales, como consecuencia de la disputa por los espacios propagandísticos. Los presuntos prístas que golpearon a Sánchez Nava, superiores en número, hubieran podido simplemente doblegarlo para hacer inútil su protesta, y dejar que hiciera la denuncia correspondiente. O pudieron huir, al ver fracasado su propósito. En vez de eso asaltaron al dirigente perredista y lo medio mataron. Literalmente hicieron eso, con notoria desproporción a la causa del enfrentamiento. Hay que dilucidar qué quisieron decir o quiénes fueron los atacantes, porque en la índole de los golpeadores puede estar incluido el mensaje. Se percibe en el ambiente electoral guerrerense, dos semanas antes de la jornada electoral, una tensión creciente, agravada por señales de guerra sucia del lado priísta, que incluye la llegada de brigadistas como los que en Durango se apoderaron de urnas o en Yucatán sembraron miedo entre la población.
Quizá de eso se trate, de generar espanto entre los votantes, añadido al que los feroces asesinatos de la delincuencia organizada provocan ya entre los guerrerenses. El aparato priísta, aun en el caso de estados en que no gobiernan es poderoso y a él se atienen sus candidatos: en ausencia de los ciudadanos ese aparato –reforzado por el que proveen gobiernos municipales como los de Chilpancingo y Acapulco puede actuar hasta hacer la diferencia. El uso del miedo como instrumento electoral no es insólito.
El mensaje puede estar dirigido también a subrayar las divisiones internas que, por causas presentes o pasadas, produjo el proceso interno en el PRD y en la coalición a cuya cabeza se encuentra. El despecho del gobernador Zeferino Torreblanca y su equipo contra la decisión que hizo a su partido apoyar a Ángel Heladio Aguirre se percibe en la displicencia con que su secretario de gobierno, el priísta Israel Soberanis se refirió a la agresión sufrida por Sánchez Nava, como si fuera un acontecimiento de la normalidad electoral que no implica la comisión de un delito grave, grave de suyo y por sus consecuencias.
La agresión retrotrae a Guerrero dos décadas atrás. Hay que recordar que en ese estado, y en Michoacán, hizo el Partido de la Revolución Democrática sus primeras armas electorales. Fundado en mayo de 1989, unas semanas más tarde participó en los comicios michoacanos, y en diciembre siguiente en los guerrerenses. En ambos casos el despecho salinista por la victoria que en las dos entidades había logrado el Frente Democrático nacional, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, se dirigió a impedir que sobreviviera el partido que sustituyó el frente. No se ahorró violencia en ese objetivo. En Guerrero el propósito contó con la colaboración del gobernador José Francisco Ruiz Massieu, que mantenía una estrecha alianza política con el presidente Salinas, a pesar de que se hubiera disuelto el lazo familiar que los unió.
Fue terrible la represión contra el perredismo guerrerense, antes y después de los comicios de diciembre de 1989, en que el nuevo partido había logrado el gobierno de 16 municipios y un puñado de legisladores. Uno de ellos era Guillermo Sánchez Nava, quien anunció que el primero de abril interpelaría en el Congreso al gobernador Ruiz Massieu, durante la lectura de su tercer informe. Para evitar el percance, Sánchez Nava fue secuestrado en la víspera, mientras viajaba en Chilpancingo en su pequeño VW con Saúl López Solano, con quien sigue uniéndolo una amistad personal y política y que está ahora pendiente de la salud del representante perredista ante el IEEG.
Una banda de individuos armados los cloroformó y trasladó a Acapulco, donde se les obligó a injerir bebidas alcohólicas hasta emborracharlos y dormirlos. En esa condición fueron abandonados en una playa de aquel puerto. Sobra decir que cuando despertaron era ya imposible cualquier intervención en el acto ritual del que era el centro el gobernador.
En ese gobierno era secretario de desarrollo económico el joven economista nacido en Ometepec Ángel Heladio Aguirre Rivero. En preparación a su elección como diputado federal, dejó aquel cargo en el gobierno local y recibió el nombramiento de representante del Programa Nacional de Solidaridad en la Costa chica. Contra esos gobiernos, el local y el federal luchaban Sánchez Nava y su partido. Es paradójico, y para muchos perredistas incomprensible, que ahora ese colaborador de Ruiz Massieu y diputado a las órdenes de Salinas sea el candidato del PRD al gobierno estatal.
Ese atentado contra el entonces diputado local, y muchos otros, de mayor gravedad todavía quedaron en la impunidad. Centenares de guerrerenses fueron asesinados en ese tiempo por motivos políticos y nadie fue procesado. El ataque de esta semana a Sánchez Nava, además de que renueva el recuerdo de aquella infamia y sus protagonistas, revive ese clima de violencia sin castigo. Es preciso por eso evitar ese retroceso.
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