Hasta ahora se mantienen las sospechas de que la tragedia ocurrida la madrugada del domingo en San Martín Texmelucan, Puebla, fue originada por el robo de combustible en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que atraviesan esa localidad. Aunque ayer el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, aportó nuevos elementos que podrían apuntar a un fallo material y no a una perforación ilegal, es un hecho que tanto la empresa que encabeza como la Procuraduría General de la República (PGR) estaban al tanto de la peligrosidad de las instalaciones en ese municipio poblano porque, en un tramo muy corto del ducto colapsado, Pemex había descubierto ya unas 80 tomas clandestinas, en tanto que a consecuencia de una denuncia penal presentada por un grupo de trabajadores petroleros –disidentes de la dirigencia sindical de Carlos Romero Deschamps– la PGR inició, hace seis meses, una indagatoria por los robos de combustible realizados por bandas criminales en San Martín Texmelucan y en otros seis puntos del país.
La vulnerabilidad de las instalaciones de Pemex en general es puesta en evidencia por las 550 tomas ilegales que la paraestatal ha encontrado, sólo en el curso de este año, en su red de ductos, así como por los ataques contra tuberías realizados en julio de 2007 por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en tres puntos de Guanajuato y uno de Querétaro. A esa desprotección, de por sí alarmante, ha de agregarse la precariedad causada por la depredación fiscal que ha venido realizando el gobierno federal contra la empresa y que obstaculiza las labores de mantenimiento y reinversión, así como la corrupción proverbial que prevalece en las cúpulas de la empresa y del sindicato. Tal precariedad se ha traducido, a su vez, en una elevadísima tasa de accidentes de diversa magnitud: 46 en 2008, 439 al año siguiente y 550 en el curso de 2010. Tanto la ordeña de combustibles como las fallas materiales le cuestan al país miles de millones de pesos anuales.
Así pues, haya sido a consecuencia de la acción de la delincuencia o como resultado de fallas de mantenimiento, la catástrofe de San Martín Texmelucan –que hasta anoche dejaba un saldo de más de una veintena de muertos, arriba de medio centenar de lesionados y unos 90 inmuebles afectados, la tercera parte de ellos con pérdida total– habría podido evitarse si a los ductos de Pemex en esa localidad poblana se les hubiese asignado una supervisión técnica regular y una vigilancia policial adecuada, ambas acordes con el riesgo que representan esas instalaciones para la población y con su alto valor material.
Sería exasperante que las obligadas investigaciones –las de índole técnico y los peritajes legales–, que a decir de Suárez Coppel tomarán tres meses, devinieran acto de simulación. Los elementos de juicio disponibles indican que, además de la acción de delincuentes o de fallas mecánicas igualmente inadmisibles, pudo haber, en la génesis de esta tragedia, negligencias penalmente sancionables en varias dependencias del gobierno federal.
La opinión pública no debe permitir que se disuelva en el olvido el sufrimiento por el que atraviesa la población de San Martín Texmelucan en estas horas amargas.
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