Esta semana se conoció que Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, uno de los principales líderes del cártel de La Familia Michoacana es profesor de una escuela del municipio de Arteaga, en Michoacán. Su nombre apareció en una lista elaborada por la Secretaría de Educación Pública, a partir del padrón nacional de maestros.
La SEP federal, no sin razón, reponsabiliza a las instancias estatales de la incorporación de maestros a su nómina. Por su parte, el coordinador de Planeación de la Secretaría de Educación Estatal (SEE), Abelardo Mejía Rodríguez, refirió que la investigación del caso “ya está en marcha”.
Sin embargo, inquieta pensar que la anomalía que saltó con sólo difundir la nómina magisterial, no haya sido advertida por los sistemas de inteligencia civil y militar del país. Preocupa que uno de los delincuentes más buscados en México —que entre otros alias usa el del Profe y dirige a narcotráficantes con sede en Michoacán— haya pasado desapercibido por quienes tienen en sus manos recolectar y analizar la información de la que depende la seguridad nacional.
Vale preguntarse entonces, ¿con qué estándares trabajan la PGR, el Cisen, o inteligencia militar? No tener ubicada esta faceta de La Tuta ¿fue producto de un mal trabajo, de un descuido o de dolo? La tan publicitada Plataforma México, que lleva el padrón de delincuentes y policías de todo país, y es sensible de ser cruzada con cualquier base de datos, ¿no sirvió en este caso o no está madura para este tipo de análisis?
Por lo que respecta a Michoacán, la duda es más puntual: teniendo el municipio de Arteaga sólo nueve maestros en su nómina, ¿nadie advirtió que el nombre de uno de ellos coincidía con el del presunto delincuente, que ha sido expuesto mediáticamente hasta la saciedad? En ese caso, podría entenderse que hubiera reservas por parte de las autoridades y la comunidad para delatar esta faceta de Gómez Martínez, pero aun así resulta oprobioso comprobar que el miedo o la complicidad permitan que personajes como el mencionado puedan ser indetectables.
Una lección sí parece ser incontrovertible: la transparencia informativa da frutos cuando se hace de manera responsable. En este caso, la SEP abrió sus archivos. Cuántas dependencias más están dispuestas a abrir sus listados, ya no digamos de trabajadores, sino de beneficiados con tales o cuales programas, en qué invierten, cómo gastan, quiénes son sus proveedores, entre otras bases que no tienen por qué ser confidenciales.
Este caso demuestra que una sociedad abierta es una sociedad más segura. Una autoridad cerrada da pie a que se sospeche que hay cosas que no quieren que sepamos los mexicanos de ellas
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